La Justicia turca declara inocentes a los acusados de las protestas contra Erdogan de 2013

La sentencia recogió además la decisión de abrir un nuevo caso contra otras siete acusados, como el periodista Can Dündar , que escaparon del país y se encuentran exiliados en el extranjero. Sobre ellos pesan órdenes órdenes de busca y captura.

Esta decisión supone la puesta en libertad del empresario Osman Kavala , a quien le señalaron como «líder» de un movimiento que salió a las calles para oponerse a los planes del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan de construir un centro comercial en el parque Gezi, única zona verde en la plaza de Taksim , en pleno corazón de Estambul, y derivó en una movilización nacional en contra del autoritarismo del Gobierno. Kavala era el único de los acusados que permanecía en prisión preventiva y quedará libre después de más de dos años.

Durante los incidentes de Gezi ocho manifestantes y un policía perdieron la vida y hubo al menos 5.000 heridos. El nuevo alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu , del Partido Republicano del Pueblo (CHP), celebró un veredicto que «nos devuelve la confianza en el sistema judicial turco», escribió en su cuenta de Twitter. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional también aplaudieron esta absolución.

La sentencia sobre el caso Gezi fue la noticia principal en un país en el que las autoridades anunciaron una nueva operación policial para detener a más de 700 funcionarios y militares por su supuesta vinculación con la red de Fetulá Gulen , clérigo autoexiliado en Estados Unidos a quien las autoridades acusan de orquestar la asonada que buscaba derrocar a Erdogan en 2016.

En las últimas 48 horas se han producido redadas simultáneas en casi todas las provincias del país, según la cadena NTV, y los sectores afectados están vinculados con las Fuerzas Armadas, el ministerio de Justicia y la Policía. La purga que se puso en marcha tras el golpe militar sigue abierta y se salda con se saldan con más de 150.000 represaliados entre personas detenidas y suspendidas de sus puestos de trabajo por su supuesta vinculación el alzamiento militar.

Las autoridades consideran al grupo de Gulen un «estado paralelo» al que acusan de ir situando durante décadas a sus adeptos en cargos de la administración pública. Para Ankara se trata de una «organización terrorista».