El funcionariado francés defiende a cara de perro sus privilegios

En Francia, la edad oficial de la jubilación es de 62 años . Los trabajadores del sector privado se jubilan de media a los 63/64 años; pero los funcionarios se jubilan mucho antes. Los ferroviarios se jubilan entre los 56 y 57, los policías a los 52, los conductores de metro y autobuses a los 55, el personal de los hospitales a los 57.

Comparativamente, la edad oficial de la jubilación son los 65 años en España, Alemania, Bélgica, Portugal. En Suecia puede llegar a los 67 años.

Entre los 42 regímenes las diferencias son excepcionalmente grandes en el terreno capital de la pensión final.

La pensión media, en el sector privado, oscila en torno a los 1.200 euros mensuales. La pensión media de los funcionarios privilegiados es superior a los 3.000 euros. Ganando los mismos 3.200 euros, un funcionario tendrá una pensión mensual de 2.200 euros, mientras un pensionista del sector privado solo tendrá 1.600. Algunos sectores, como los agricultores, pueden llegar a cobrar de 850 a 1.000 euros.

Los 42 regímenes especiales crea muchas diferencias, consecuencia de la historia burocrática del Estado francés, consagrando unas diferencias salariales y laborales excepcionalmente altas, en beneficio del «Estado profundo» (burocrático).

En Francia, el 19,1 % de los funcionarios son miembros de un sindicato. Mientras que apenas un 8,4 % de los empleados y trabajadores están afiliados a algún sindicato.

Ese desequilibrio sindical ha tenido unos efectos socialmente perversos, que han intentado corregir todos los presidentes de la V República, en vano . Valery Giscard d’Estaing se estrelló contra la burocracia sindical. François Mitterrand intentó en vano reequilibrar los poderes sindicales. Los sindicatos del sector público humillaron a Jacques Chirac cuando intentó reformar el sistema nacional de pensiones, el invierno de 1995. Nicolas Sarkozy inició tímidas reformas, pronto abandonadas. François Hollande intentó reformas pronto devaluadas. Emmanuel Macron hizo campaña prometiendo la supresión de 120.000 puestos en el sector público y la gran reforma del sistema nacional de pensiones.

La supresión de los 120.000 puestos de funcionarios se perdió en el laberinto de las promesas por cumplir. La reforma del sistema nacional de pensiones ha iniciado una prueba de fuerza en la que Emmanuel Macron se juega su credibilidad nacional e internacional. Hoy como ayer, la gran crisis nacional, en curso, se plantea en los mismos términos de hace décadas… Una minoría relativa de funcionarios y sindicalistas de los transportes públicos pueden paralizar Francia con relativa facilidad. Provocando tensiones, atizando una angustia social larvada. Con un costo político alto.

Los ferroviarios y conductores de metro y autobuses se jubilan antes (entre los 55 y los 57 años) que la media nacional, con pensiones más altas: pero pueden provocar tensiones inflamables en el tráfico nacional y las comunicaciones en las grandes ciudades.

Médicos, enfermeras y personal hospitalario tenían sus propios motivos de queja: crisis global del sistema hospitalario nacional. Pero han decidido participar en las jornadas de protesta, a geometría variable.

Policías y fuerzas de seguridad del Estado tienen pensiones comparativamente favorables con el sector privado. Pero viven meses y meses de tensión, tras el estallido de la crisis nacional de los «chalecos amarillos». Temen perder beneficios comparativos.

Entre los funcionarios que trabajan en las distintas burocracias del Estado (función pública estatal, regional y departamental), el sistema actual les permite tener más días de vacaciones. La lenta pero prevista unificación del sistema nacional de pensiones crea para ellos un vacío que parecen temer, cuando el Estado «macroniano» aspira a recortar las misiones de la función pública territorial.

El calendario del proyecto de supresión de los 42 regímenes especiales, sustituidos por un régimen único, universal, aplaza el proyecto durante una década, aproximadamente. La futura ley para realizar el proyecto no se aprobará antes del primer semestre de 2020, y solo entrará en vigor entre el 2021 y el 2022. A partir del 2027, quienes tengan 62 años podrán trabajar hasta los 64, para mejorar su pensión. El fin del sistema actual solo está previsto para el 2037…