Elena Cáceres y su padre, Francisco, revisan los documentos con los que esperan recuperar algún día la herencia de su pariente Raúl Lesteiro - Isabel Permuy | Vídeo: José Ramón Lombardía

Los españoles expoliados en Cuba esperan su hora

Aunque la ley Helms-Burton solo afecta a EE.UU., cientos de familias confían en que les ayude a recuperar sus bienes

Madrid Actualizado: Guardar
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Con apenas 14 años, el pontevedrés Raúl Lesteiro desembarcó a principios del siglo XX en Cuba, una tierra entonces llena de oportunidades. Allí prosperó, se hizo con unos terrenos junto a la playa en La Habana y llegó a dirigir la destilería El Infierno, en Sagua la Grande, una de las grandes productoras de ron de la isla. Antes de que triunfara la revolución, se marchó a Estados Unidos, pero no pudo evitar que a partir del 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, su patrimonio fuera expropiado por el nuevo régimen. Como él, miles de cubanos, españoles y ciudadanos de otras nacionalidades perdieron de un plumazo el fruto de una vida de esfuerzo.

El pasado 2 de mayo la Administración de Donald Trumplevantó la suspensión de una parte de la llamada ley Helms-Burton que permite a los estadounidenses llevar a los tribunales a empresas que se beneficien de bienes confiscados por el castrismo, algo que puede afectar a grandes grupos hoteleros españoles. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Unión Europea han salido en su defensa, pero ni uno ni otra se acuerdan ya de los expoliados.

En el caso de los españoles, el asunto se trató de zanjar con un convenio bilateral que empezó a negociarse bajo el gobierno de Adolfo Suárez y que se firmó en La Habana el 16 de noviembre de 1986, ya con Felipe González al frente del Ejecutivo. En el acuerdo, Cuba se comprometía a pagar a España 5.416 millones de pesetas (unos 32,5 millones de euros) «como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del presente convenio, ambas inclusive». De esa cantidad, un tercio se abonaría en metálico y el resto en especie, a base de productos como tabaco, azúcar o camarones. Más de 3.000 españoles serían indemnizados.

Sin embargo, muchos estimaron que las cantidades fijadas se quedaban lejos de su valor real, en torno a la quinta parte de lo que les correspondía. Otros se quedaron sin nada porque ni siquiera se enteraron de que se estaba elaborando una lista.

El Tribunal Supremo confirmó en 2003 y 2004 la validez del convenio, pero también indicó que no extingue el ejercicio del «hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización, planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante el actual o ante un posterior Gobierno cubano». Los magistrados aclaran que hablan de «hipotéticos derechos» porque «mientras el actual régimen político cubano subsista es de todo punto inimaginable que una pretensión resarcitoria de los afectados pueda prosperar, siendo por ello algo fuera de la realidad, contrario a la naturaleza de las cosas, pensar que se pueda obtener un resultado mejor al conseguido después de tantos años de negociaciones, máxime si tenemos en cuenta la situación económica actual de la República de Cuba, sin visos de recuperación a corto plazo».

Sin embargo, más de tres décadas después de aquel convenio hispano-cubano, cientos de familias españolas siguen anhelando recuperar lo que la dictadura castrista les arrebató. Una empresa privada, 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, lleva años agrupando a víctimas españolas del expolio cubano y tratando de darles esperanzas. En lugar de acudir a la vía judicial, su estrategia es recopilar por ahora la documentación que acredite la propiedad o la herencia de los bienes y hacer las gestiones oportunas para que, llegado el momento, Cuba las devuelva. El director general de la compañía, Jordi Carabarrocas, explica, tras estudiar 40 casos similares en otros países, que en un 90% se acababa devolviendo lo incautado a sus legítimos dueños. «En un momento cercano de la historia, Cuba entrará en ese camino de la reversión» de las expropiaciones, apunta convencido.

Trump «tira del carro»

Hasta ahora, 1898 CRP ha reunido a 450 familias españolas, de ellas medio centenar residentes en EE.UU., aunque cree que podría haber 3.000 en total, con bienes confiscados por valor de 30.000 millones de dólares. Según Cabarrocas, aunque los españoles no puedan acogerse a la ley Helms-Burton, la última medida de Trump las beneficia indirectamente, porque EE.UU. «tira del carro» y «a corto o medio plazo va a paralizar cualquier inversión en Cuba», lo que forzaría la reversión. De hecho, Cabarrocas se embarcó en esta iniciativa como una oportunidad de negocio. Asegura que la empresa ha invertido millones de euros en gestiones que confía en recuperar, ya que percibiría un 30% de los bienes que recobre cada familia.

Caserón en La Habana que perteneció al gallego Raúl Lesteiro, según parientes
Caserón en La Habana que perteneció al gallego Raúl Lesteiro, según parientes - Familia Cáceres

Entre quienes han acudido a 1898 CRP hay posibles herederos de Raúl Lesteiro. «España negoció muy mal», lamenta Elena Cáceres Senn, su nieta política. A su juicio, el Gobierno fue «más protector de las relaciones diplomáticas que de los ciudadanos», critica en su domicilio del barrio de Prosperidad de Madrid. Mientras, muestra a ABC un documento del Registro de La Habana que reconoce a su pariente como propietario de 17.549 m2 en la playa de Santa María del Mar, hoy ocupados por el Hotel Gran Caribe Club Atlántico. Según señala, los inmuebles confiscados incluyen un gran caserón en la capital cubana.

Raúl Lesteiro, que murió en 1963 en Madrid, no entró en el listado del convenio porque en el momento de la expropiación había adquirido la nacionalidad cubana y, además, había desaparecido la documentación, que ahora se está rastreando. En todo caso, «más allá del dinero, es un tema de justicia y de cerrar una página de la historia familiar», sostiene Cáceres.