Cuba sentencia a 128 manifestantes del 11-J a 1.920 años de prisión

Los juicios se celebraron entre el 14 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022; los implicados son todos residentes en las localidades de la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y del reparto La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, ambos en La Habana. Estas dos localidades fueron donde los enfrentamientos entre manifestantes y autoridades fue más agresivo. En Toyo, por ejemplo, como respuesta a la represión, los residentes llegaron a volcar patrullas o autos policiales; en el caso de La Güinera, el 12 de julio las protestas, que llegaron hasta la estación policial de esa localidad -la cual, según aseguran las autoridades, pretendía ser tomada- culminó con la muerte de Diubis Laurencio producto de un disparo, por la espalda, de un policía que aún se desconoce si ha respondido ante la justicia por ello. Aunque esta es la única víctima mortal reconocida por el régimen, se han reportado en todo el país decenas de heridos incluso por impacto de balas provenientes solo de las autoridades, pues el pueblo está desarmado.

«Los juicios se realizaron con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente, incluyendo la práctica de las pruebas propuestas, tanto por la fiscalía en su acusación, como por los encartados y sus representantes procesales. Al acto judicial asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias», detalla el comunicado.

El barrio de La Güinera es el que presenta mayor concentración de acusados por el delito de sedición (96) en el país, el más grave imputado a los manifestantes del 11-J, y un delito considerado político. Entre los sentenciados de esta localidad se hallan tres hermanos: Emiyoslán, Mackyani y Yosney Román; el primero de ellos tiene apenas 18 años y fue sentenciado a 7 años de prisión.

También tienen 18 años Rowland Jesús Castillo Castro y  Brandon David Becerra Curbelo, condenados a 18 y 13 años de privación de libertad, respectivamente.

Al conocer el comunicado del TSP, Salomé García Bacallao , integrante del grupo de trabajo Justicia 11-J, manifestó que «es una mentira y un insulto a los manifestantes y a sus familiares que estuvieron en los juicios y saben que fueron una farsa. No tuvieron piedad con los menores de edad. (…) La verdad sobre estos juicios saben dónde encontrarla. En la prensa independiente y en los testimonios directos de los familiares».

Hasta el día de hoy, Justicia 11-J ha documentado un total de 1442 personas en detención por las protestas del 11-J, de los cuales 756 siguen en centros de reclusión, entre ellas, catorce son menores de 18 años, 69 tienen entre 12 y 20 años, y 77 son mujeres. El grupo informa además que 518 personas han sido sometidas a juicio, mientras se han notificado 199 condenas.