Biden duplica las peores cifras de Trump de migrantes que intentan entrar en EE.UU.

Esta cifra es el doble del récord de 977.509 alcanzado en 2019, el peor año migratorio durante el mandato de Donald Trump. Aunque es cierto que de los doce últimos meses, tres correspondieron a la presidencia de Trump, también lo es que el vertiginoso auge se produjo una vez Joseph Biden se instaló en la Casa Blanca: su llegada con un discurso contrario a las políticas de su predecesor (las cuales, sin embargo, en gran parte ha mantenido) tuvo un indudable efecto llamada.

En los últimos años, el número total de detenciones en la frontera de EE.UU. con México rondaba alrededor del medio millón de personas. Esa cantidad se duplicó en 2019, el año de las nutridas caravanas de migrantes centroamericanos, a las que hizo frente Trump fortificando aún más la frontera, y se ha triplicado en 2021, tras un 2020 en el que el fenómeno se contuvo durante varios meses para finalmente dispararse de nuevo una vez se liberalizaron los confinamientos debidos a la pandemia de Covid-19.

La cifra de detenciones es un índice de la presión migratoria que sufre EE.UU. Parte del aumento en el número de las detenciones puede deberse al incremento de las medidas de vigilancia en la frontera, pero sobre todo responde a un auge del flujo migratorio que probablemente debe de conllevar un ascenso de la inmigración ilegal que logra penetrar en el país. En cualquier caso, habla de la enorme presión migratoria que sufre la frontera entre EE.UU. y México.

Ese gran aumento de la presión migratoria se ha producido tanto por un incremento de mexicanos que han intentado cruzar ilegalmente la frontera (655.594, más del doble que en 2019 y que en 2020) como de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, el llamado Triángulo Norte centroamericano (701.049, por encima de las 623.671 del récord de 2019).

Este récord de migración desde el Triángulo Norte pone en cuestión los esfuerzos hechos desde Estados Unidos por mejorar la situación socioeconómica de los tres países. En su campaña electoral, Biden anunció su propósito de aportar 4.000 millones de dólares en cuatro años para proyectos de desarrollo de la Alianza para la Prosperidad, iniciativa de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador que puso en marcha Obama tras la crisis creada por llegada de miles de menores no acompañados a la frontera estadounidense en 2014.

La iniciativa la gestionó Biden, como vicepresidente. Trump la mantuvo, pero le restó fondos. Ahora Biden se proponía reavivarla, sin embargo queda patente su eficacia relativa al no haber reducido la migración, aparte de que no se están aportando los fondos previstos.

En el año fiscal estadounidense de 2021, la ayuda humanitaria de EE.UU. fue de 252 millones de dólares (el programa de la Alianza para la Prosperidad contempla también la inversión de empresas privadas en proyectos en parte cofinanciados desde los propios países centroamericanos). Y el Comité de Apropiaciones del Senado norteamericano acaba de rechazar una ayuda de 861 millones de dólares para 2022, alegando preocupación por el hecho de que la corrupción y la impunidad están «enraizadas» en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La insistencia en la corrupción por parte de EE.UU. está creando malestar en los gobiernos centroamericanos, cuyos círculos dirigentes se han vistos señalados por Washington. El Departamento de Estado ha elaborado un listado –la «lista Engel»– que incluye a medio centenar de funcionarios en activo de los tres países, señalados por haber «participado de manera cómplice en acciones que debilitan procesos o instituciones democráticas», como corrupción significativa, trabas en la lucha contra esta y tráfico de estupefacientes.

Si ya la Administración Trump generó incomodidad por forzar a que Guatemala, Honduras y El Salvador firmaran con EE.UU., cada uno por separado, un acuerdo de «tercer país seguro» para acoger los migrantes que Washington les remitiera de vuelta mientras estudiaba las respectivas peticiones de asilo –algo que, en realidad, solo se hizo efectivo en Guatemala y sin apenas continuidad–, la Administración Biden está tensionando las relaciones con el establishment centroamericano a raíz de la «lista Engel».

Nada más llegar a la Casa Blanca, Biden buscó un acercamiento cancelando los incómodos acuerdos de «tercer país seguro», pero los señalamientos de corrupción hacia el círculo del presidente Nayib Bukele (cuyo creciente autoritarismo, por su parte, ha creado ya una brecha en la relación oficial entre El Salvador y EE.UU) y hacia diversas autoridades de Guatemala y de Honduras (cuyo presidente saliente, Juan Carlos Hernández, está incluido en investigaciones sobre narcotráfico en causas judiciales en EE.UU.) han generado un clima que complica la sincera colaboración.