Acoso laboral con inmunidad diplomática en la Embajada de Siria en España

Comenzaba así una etapa de vejaciones, humillaciones, gritos y amenazas contra los trabajadores, algunos de los cuales llevaban

más de dos décadas al servicio del Estado sirio. Una etapa de terror, en la que los empleados además sufrían constantes cambios de tareas, bajo la amenaza de ser sancionados si cometían errores, o tenían que estar disponibles las 24 horas del día. También estaban obligados a entregar sus móviles al comenzar la jornada y no podían recogerlos hasta su salida. Al Kassir los guardaba en una caja en su despacho, con el fin, al parecer, de no ser fotografiado o grabado, según relatan a ABC fuentes de la legación. En pocas semanas la situación se hizo insoportable, y los empleados fueron encadenando las bajas laborales debidas a la «ansiedad y la depresión» causadas por el estrés. «Al Kassir quería que nos fuéramos sin pagarnos ninguna indemnización». Esto llevó a seis de los nueve empleados de la embajada a llevar su caso a los tribunales, denunciando tanto al Encargado de Negocios , Samir al Kassir, como a la legación por acoso laboral y solicitando el cese de sus contratos con la correspondiente indemnización.

Pero ante ellos se presentaba un gran obstáculo: la inmunidad bajo la que se escudan tanto diplomáticos como legaciones. A pesar de ello, obtuvieron una victoria casi pírrica el pasado mes de mayo. Si bien Al Kassir fue absuelto, al serle aplicada la inmunidad diplomática, la sentencia, dictada por el juez Jorge Juan Guillén Olcina , del Juzgado de lo Social número 23 de Madrid, consideraba que las pruebas presentadas acreditaban «plenamente» la existencia de un clima de «acoso laboral generalizado por parte de quien constituye la máxima autoridad laboral y representante del Estado de Siria en España, D. Samir al Kassir, quien mantiene un actitud y conducta hacia los trabajadores demandantes de presión y trato vejatorio, una grave situación de acoso laboral», reza la sentencia a la que ha tenido acceso ABC.

Asimismo, señala que dicho trato vejatorio sería una «estrategia empresarial encaminada a que causen finalmente baja voluntaria en la empresa».

Tras desestimar la excepción de inmunidad jurisdiccional, la sentencia da por concluidos los contratos laborales de los seis demandantes y «condena a la República Árabe Siria» a abonarles una indemnización cuyo total asciende a 305.499,34 euros . Cantidad en la que están incluidos los 30.000 euros otorgados a cada uno de los demandantes en concepto de compensación por «los daños morales sufridos por la vulneración de sus derechos fundamentales». La representación legal de la embajada no apeló la sentencia, por lo que se convirtió en firme.

Los ya extrabajadores, que actualmente reciben una prestación del paro de entre 600 y 800 euros –que «no nos permite ni pagar las medicinas»–, no han visto un euro del Gobierno de Siria. Según explica a ABC el letrado de los demandantes, Vicente Rodrigo , la defensa «tenía muy claro que, pasara lo que pasara, el Estado sirio pensaba no cumplir la sentencia, por lo que no hubo ningún intento por negociar. Ellos ni siquiera aceptaban que los propios tribunales españoles tuvieran competencias para conocer el procedimiento judicial. Ni que se dictara sentencia. La defensa intentó hacer valer la inmunidad de jurisdicción, pero no le ha salido bien», señala. Los contratos laborales están regidos por la legislación del país donde se encuentra la legación.

Nueve meses después de la sentencia, el Gobierno de Siria sigue sin pagar, algo que «sí hizo en un caso similar en Italia, cuando Al Kassir fue embajador allí». Por ello, los extrabajadores han solicitado el embargo de una de las propiedades del Estado sirio en Madrid. Se trataría de un local –sin actividad y cerrado desde hace años–, que fue la sede de las líneas aéreas ese país (en guerra desde 2011). Pero de nuevo deben enfrentarse al mismo obstáculo, la inmunidad, en esta ocasión de «ejecución», que afecta a los bienes destinados a la actividad diplomática, por lo que no se puede disponer de ellos.

La lucha de estos seis extrabajadores es demostrar ahora que este local no está sujeto a esta actividad. Si lo logran, sería subastado para cubrir la deuda inicial, a la que se han añadido otros 30.549 euros , en concepto de intereses y costas. Aunque tal vez tengan que hacer cola, pues el Estado sirio tendría otros acreedores, como la comunidad de propietarios del edificio donde se encuentra el local, o el Ministerio de Hacienda español. Según ha podido saber ABC, la embajada acumula una deuda de 128.000 euros con la Tesorería del Estado, por impago de las cuotas de las Seguridad Social de sus empleados.

Este periódico ha intentado hablar con el abogado de la defensa, Francisco Álvarez Meca , que rechazó hacer declaraciones alegando «confidencialidad».