México exige cinco meses después «justicia y verdad» por los estudiantes de Iguala

Con las calles de varias ciudades repletas, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ha informado en un comunicado de la detención de un expolicía de Iguala que habría participado en el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, encontrado muerto el 27 de septiembre con la cara desollada.

El detenido, identificado como Luis Francisco Martínez, habría participado también en el ataque al autobús en el que viajaba el equipo de fútbol infantil de Los Avispones, suceso en el que murió un niño, el conductor y la pasajera de un taxi que pasaba cerca.

Seis personas han muerto en los ataques policiales perpetrados la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), las tres mencionadas y tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El cadáver de Mondragón, compañero de los 43 estudiantes que desaparecieron esa noche, fue encontrado al día siguiente y el esclarecimiento de su muerte era una de las principales exigencias de los padres, que no acaban de creer la versión oficial.

Según las autoridades, los jóvenes fueron secuestrados y entregados por policías locales a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Por este caso hay detenidas casi un centenar de personas, la mayoría ex servidores públicos como el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa , quienes trabajaban supuestamente a las órdenes del narcotráfico.

Pese a que en su última declaración sobre este caso el fiscal general, Jesús Murillo, ha dicho que tenía suficientes «pruebas científicas» para asegurar que los jóvenes están muertos, varias organizaciones han expresado sus dudas, así como el equipo de peritos argentinos que colaboran en la investigación a petición de los padres.

Expertos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán México el próximo mes de marzo para investigar posibles irregularidades en las pesquisas.

Los padres han vuelto a participar en una marcha en la capital mexicana que ha terminado ante la residencia presidencial de Los Pinos.

Allí se ha celebrado un mitin en que los familiares de los estudiantes han exigido una vez más su aparición con vida y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.

«Seguiremos con la frente en alto, con dignidad y luchando inclaudicablemente. No daremos ni un paso atrás, pese a la represión que sufrimos y al Ejército, que nos asedia en Guerrero», ha declarado el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, cuyo discurso ha sido sofocado por los gritos de los manifestantes de «¡Fuera Peña!».

En declaraciones a la agencia Efe, Rosales ha afirmado que «la Procuraduría está intentando establecer el cierre del caso» pese a que «hay muchas lagunas que deben ser esclarecidas».

Aun así, reconoce un hilo de esperanza para que la investigación continúe con la llegada a México de la CIDH el próximo 1 de marzo.

Mario, padre de uno de los desaparecidos, se ha referido a la represión policial que se ha vivido en una marcha de miles de maestros en el puerto de Acapulco el pasado martes, en la que murió una persona y una docena resultaron heridas.

«Estamos aprendiendo qué clase de Gobierno tenemos; hemos visto todo lo que es capaz de hacer», ha dicho.

La mayoría de los manifestantes el martes eran miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que se han sumado a la lucha por el caso de los 43 desaparecidos.

En un mitin celebrado en Acapulco han exigido al Gobierno «la investigación y el castigo» por la muerte del maestro jubilado Claudio Castillo, de 65 años, quien es «un ejemplo de lucha a seguir», ha dicho un portavoz de los maestros.

Según el Gobierno federal, su muerte se ha debido a un atropello, pero los maestros dicen estar convencidos de que ha muerto por golpes de policías federales.

Los maestros han denunciado además la desaparición de 12 de sus compañeros y la violación de cuatro mujeres tras el enfrentamiento del martes.

Al concluir la marcha de hoy en la capital mexicana, el Gobierno local informó de que se manifestaron unas 3.500 personas y que el operativo de seguridad estuvo conformado por unos 2.500 policías que no practicaron detenciones.

Por la noche el Instituto Nacional de Bellas Artes informó de que presentó una denuncia penal "contra quien resulte responsable" por daños al Monumento a la Independencia, que según medios locales fue objeto de pintas por parte de manifestantes.