Miles de personas exigen la vuelta de 43 estudiantes mexicanos desaparecidos

Fue una marcha sin custodia policial, pacífica –salvo por la agresión al final de unos pocos al respetado político Cuauhtémoc Cárdenas –, con visibles contingentes de estudiantes tras las pancartas de sus universidades y muchas familias, que recorrió los cuatro kilómetros y medio que separan la Plaza del Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino.

En un comunicado de prensa repartido durante la manifestación, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa exponían cinco exigencias: la «presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos», el castigo a los responsables «intelectuales y materiales de la muerte extrajudicial de nuestros tres compañeros caídos», el juicio político y la destitución del alcalde de Iguala , José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas), el «seguimiento al juicio político y castigo al gobernador de Guerrero», Ángel Aguirre, y el «castigo al secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Iguala, Felipe Flores Velázquez».

Los estudiantes denuncian la falta de ayuda económica y psicológica a los familiares de las víctimas por parte tanto del gobierno estatal como del federal, y anuncian que sólo confiarán en las conclusiones que ofrezca el equipo de antropólogos forenses proveniente de Argentina que ayuda a la Procuraduría General de Justicia (fiscalía) de Guerrero y a la Procuraduría General de la República a recabar las pruebas de ADN a los 28 cadáveres encontrados en seis fosas muy cerca de Iguala .

Son las mismas demandas que expresaron algunos familiares de estudiantes desaparecidos –el gesto adusto de los guerrerenses, las lágrimas asomando sin caer– durante la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el caso de Iguala. El abogado Perseo Quiroz, director de AI México, denuncia que la búsqueda de los jóvenes no ha sido hasta ahora más que una «pantomima» y leyó varios puntos de exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos la garantía de una investigación rápida y efectiva de los sucesos , realizada por expertos del más alto nivel, y, sobre todo, el respeto, la protección y la reparación a los familiares de las víctimas.