La ira por los desaparecidos inunda las calles de México

La caravana partió el pasado jueves de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dividida en tres grupos, para visitar en todo el país distintas «organizaciones que sienten y comparten el dolor ante la violencia de Estado», según dijo Román Hernández, portavoz de Tlachinollan, la ONG que acompaña a las familias. Cada uno de los contingentes llevaba el nombre de un estudiante muerto en la noche del 26 de septiembre a manos de la Policía de Iguala y narcos del cártel «Guerreros Unidos».

El contingente del norte, «Julio César Mondragón» –el muchacho desollado–, que venía de los estados de Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua, partió ayer de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, acompañado de estudiantes y profesores de todas las universidades de la capital. El del sur, «Daniel Solís Gallardo», arrancó del Monumento a la Revolución junto a organizaciones campesinas y sindicales, después de visitar Chiapas –donde los recibió un campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional–, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala. El tercer grupo, «Julio César Ramírez Nava», que había recorrido el estado de Guerrero, convocó a toda la población civil en el Ángel de la Independencia (Paseo de la Reforma) a las cinco de la tarde. Estas dos marchas se unían a la altura de la Avenida Juárez, y ambas debían confluir en la calle 5 de Mayo para desembocar en el Zócalo. Eligieron el 20 de noviembre para unirse en la capital por ser el día que se conmemora la Revolución.

A pesar de que la Asamblea Interuniversitaria había rechazado en su pleno del miércoles bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, centenares de encapuchados, que dijeron a los medios locales ser estudiantes, interrumpieron por unas horas la circulación del Circuito Interior, una de las principales vías que llevan al aeródromo, que permanecía custodiado por unos 700 policías al cierre de esta edición.

Los convocantes mayoritarios, sin embargo, quieren dejar claro que sus intenciones son pacíficas. Las recomendaciones de distintas organizaciones no gubernamentales a todo el que tuviera intención de asistir a las marchas, por ejemplo, incluían no agredir y no responder a agresiones. Quieren deslindarse, así, de los actos violentos que han acompañado a algunas de las manifestaciones en la capital, como la quema de un autobús en la estación de Ciudad Universitaria, el pasado 5 de noviembre, o la puerta del Palacio Nacional, el 8 de noviembre, que llevaron al presidente, Enrique Peña Nieto , a declarar, no sin polémica: «Da la impresión de que responden a un interés de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando».

El presidente, en cualquier caso, se enfrenta a la mayor crisis de su administración. A pesar de cosechar elogios en todo el mundo por las reformas estructurales emprendidas, acumula casos graves por resolver. Además del móvil de la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala , que aún no está claro, se encuentra el turbio asesinato de civiles a manos del Ejército en Tlatlaya y, sobre todo, la mansión de la primera dama, Angélica Rivera, en Lomas de Chapultepec, propiedad de un constructor que ganó obras públicas multimillonarias del Estado de México mientras Peña Nieto era su gobernador.