La hoja de ruta del «nuevo» Reino Unido hacia un futuro más descentralizado y federal

Este se ha mostrado aliviado por la victoria en un proceso en el que había hipotecado todo su capital político, pero se enfrenta ahora a la dura tarea de cumplir con la promesa de transferencia de «un paquete radical de nuevos poderes» a Escocia, en expresión esta mañana de su «número dos», el liberal Nick Clegg. Los tres partidos británicos se comprometieron solemnemente en la recta final de la campaña por el referéndum escocés a ampliar el autogobierno al norte de la frontera.

Cameron ha anunciado que el empresario Robert Smith (Lord Smith of Kelvin), encargado de la organización de las recientes Olimpiadas de la Commonwealth en Glasgow, supervisará la buena marcha del proceso, y que el ministro William Hague convocará «de forma inmediata» un grupo de trabajo dentro del gobierno. Su mandato será tener listo un paquete de nuevas competencias en noviembre, acordado con los laboristas, y remitir al parlamento un borrador de ley en enero.

«Debemos mirar las necesidades de todas las regiones del Reino Unido, no solo de Escocia», ha defendido el propio Hague esta mañana. Los partidos británicos se preparan ya para las elecciones generales convocadas para mayo del año que viene, y el gobierno quiere que las distintas formaciones puedan presentarse con esta reforma constitucional en sus programas. El primer debate sobre el tema será el 16 de octubre en el parlamento.

«Al igual que Escocia votará en el Parlamento escocés sobre sus asuntos fiscales, su gasto y sus políticas sociales, también Inglaterra, así como Gales e Irlanda del Norte, deberían poder votar sobre estas materias», ha insistido el primer ministro. «Todo esto debe ocurrir en paralelo y al mismo ritmo que [la aplicación] de lo acordado con Escocia», ha añadido. Las tres grandes formaciones, los conservadores y liberales en el gobierno, y la oposición laborista, coinciden en la necesidad de transferir nuevos poderes a Escocia, aunque no existe una coincidencia total si uno se adentra en los detalles.

La autonomía escocesa fue restablecida en 1999, después de un referéndum celebrado en 1997 en el que el 74,2% de los votantes aprobó la creación de un parlamento regional en Edimburgo. La cámara controla en la actualidad el 12% del gasto público en Escocia, cifra que se ampliará al 16% en 2016 cuando entre en vigor la transferencia de una serie de tributos aprobada en 2012. Pero las ofertas autonómicas que los partidos unionistas han puesto sobre la mesa durante la campaña del referéndum, a modo de zanahoria política para restar votos al «sí», van mucho más allá.

Los liberales están dispuestos a descentralizar hasta el 60% de la base fiscal en Escocia, mientras los laboristas han prometido que el parlamento regional controlaría al menos el 40% de los recursos. Sin embargo, existen fuertes discrepancias en qué tributos deberían ser transferidos. Por ejemplo, liberales y conservadores quieren descentralizar el IRPF, mientras que los laboristas quieren ceder al parlamento escocés solo el 15% del tributo.

En la actualidad, la cámara de Holyrood tiene ya la capacidad de modificar el tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas en un 10%, lo que le permitiría reducir el tipo básico del 20% que existe en Reino Unido al 10% en teoría, aunque aún no han hecho uso de estos poderes. En cuanto al impuesto de sociedades, los laboristas, a diferencia de los demás, se niegan a transferirlo para evitar una carrera fiscal en el Reino Unido.

Los partidos nacionales no han detallado qué competencias concretas serán transferidas. Se han comprometido solo a transferir «amplios nuevos poderes» al parlamento escocés y a convertir en «irreversible» su autogobierno. Los laboristas y conservadores se han comprometido a transferir la gestión y control de casi todas las prestaciones sociales, incluidas las ayudas a la vivienda, pero los liberales quieren mantener estas en Westminster.

La demanda de más autonomía recaba un amplio apoyo en Escocia en torno al 70%, según diversas encuestas. Las formulaciones van de la demanda de una autonomía máxima o «devo-max» , que dejaría al Reino Unido el control de la política exterior, la moneda y la Defensa, hasta distintas versiones del llamado «devo-plus», con niveles algo menos profundos de descentralización del poder. Las autoridades escocesas tienen desde 1998 las competencias en materia de Educación, Sanidad, Justicia y Policía, Agricultura y Pesca, Cultura y Turismo y desarrollo económico, por citar las principales.

El sistema legal es históricamente diferente al que rige en Inglaterra y Gales, y Escocia cuenta con su propio sistema de tribunales. Ahora se espera que se produzca una fuerte transferencia de control sobre la recaudación fiscal y el gasto público. Este es controlado todavía en su mayor parte por el parlamento de Westminster, y se calcula todavía mediante la llamada fórmula Barnett, que establece las transferencias de gasto público que corresponde a los escoceses en proporción a la población, y en función de las variaciones en el gasto público en Inglaterra.

La fórmula actual tiene a penalizar a Inglaterra. La demanda de una mayor capacidad presupuestaria es la gran demanda del nacionalismo, que espera así tener el músculo fiscal suficiente para aplicar sus propias políticas sociales. En Escocia, a diferencia de Inglaterra, los estudiantes universitarios no pagan tasas y las recetas de medicamentos son gratuitas, como se ha encargado de recordar el Partido Nacional Escocés (SNP) durante toda la campaña .

Cameron no va a tenerlo fácil. Por un lado, el nacionalismo escocés le exigirá en los meses siguientes que escuche a ese 1,6 millón de escoceses que ha votado por el sí [puedes consultar aquí todos los resultados del referéndum en Escocia ]. Pero, por otro, el gobierno se enfrentará a las fuertes resistencias de muchos de los diputados ingleses del Partido Conservador, que ven con recelos transferir poderes a Escocia sin hacer lo mismo con Inglaterra, que es la única de las cuatro naciones británicas que no cuenta con su propio parlamento.

El « Daily Telegraph » informaba esta semana que al menos 60 diputados de los 307 que tiene el Partido Conservador en Westminster se oponen a esta promesa autonomista en Escocia. «Cameron se arriesga a un baño de sangre», decía el rotativo conservador, que citaba a varios diputados contrarios a transferir el control del dinero a Escocia. El líder «tory», que se ha enfrentado a varios focos de rebelión de sus propias filas a lo largo de toda la legislatura, tendrá que hacer gestos para aplacar las dudas de sus diputados ingleses, que ven con desconfianza cómo el Reino Unido avanza hacia un esquema cada vez más federal, con crecientes poderes transferidos a Irlanda del Norte, a Gales y a Escocia.

Este viernes por la mañana, el líder soberanista Nigel Farage, del Partido por la Independencia (UKIP), ha exigido también al gobierno que cualquier consesión a Escocia se extienda a las demás regiones.

Cameron ha insistido en su discurso que «las voces de Inglaterra deben ser escuchadas también». En su opinión, la ampliación del autogobierno de Escocia debe acompañarse de «más poderes para Gales» y de «unas instituciones autonómicas norirlandesas que funcionen mejor», según ha anunciado en su comunicado esta mañana. Pero la cuestión más espinosa es la llamada «cuestión de West Loathian», que alude a la reivindicación de que solo los diputados ingleses voten los asuntos relativos a Inglaterra en el parlamento de Westminster.

Al tener sus propios parlamentos, los diputados del parlamento británico ya no tienen voto sobre aquellas competencias transferidas a las asampleas de Gales, Irlanda del Norte y al parlamento de Holyrood en Edimburgo. Sin embargo, al no existir un parlamento inglés, los diputados nacionales provenientes de estas tres regiones tienen derecho a votar leyes que, en realidad, afectan solo a Inglaterra, o a Inglaterra y Gales (ambas regiones comparten el sistema legal).

William Hague ha rechazado ya esta mañana que vaya a crearse «un nuevo nivel administrativo», una declaración interpretada como una negativa a crear un nuevo parlamento inglés, tal y como demanda un 54% de los ingleses, según un sondeo reciente. Pero se espera que el gobierno proponga algún tipo de mecanismo que haga que las leyes que afectan a Inglaterra sean votadas solo por los diputados elegidos por circunscripciones inglesas.

«Los ingleses deberían ser capaces de votar sus propias leyes, de la misma manera que los escoceses pueden votar sus leyes», ha dicho Cameron.

We have heard the voice of Scotland and now the millions of voices of England must also be heard. #IndyRef — David Cameron (@David_Cameron) septiembre 19, 2014

«Debemos asegurarnos de que es justo para todos», ha advertido esta mañana el influyente diputado cosnervador John Redwood. «Los ingleses deben poder votar sobre las leyes inglesas», ha dicho.

La ausencia de una constitución escrita y la peculiar cultura política y legal de las Islas Británicas garantizarán siempre que los conceptos utilizados en el continente tengan una traducción específica aquí. El referéndum por la independencia de Escocia ha puesto en marcha una profunda reforma constitucional en el Reino Unido. «Habrá grandes cambios en nuestra constitución», ha anunciado el líder laborista, Ed Miliband.

En la próxima legislatura, que arranca en mayo, veremos nuevas transferencias de poderes a Escocia, a Gales y a Irlanda del Norte, y la creación de una suerte de parlamento inglés dentro de la cámara de Westminster. Así se completará el proceso «devolución» de poderes a las cuatro naciones que conforman el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es difícil vislumbrar aún los contornos definitivos de un reino que seguirá unido, pero será diferente.

Para los liberales, el socio minoritario del gobierno, la independencia de Escocia hubiera supuesto el final de este proceso de devolución [descentralización] «porque sería el final del Reino Unido», según me explicaba el ministro para Escocia, el liberal escocés Alistair Carmichael en esta entrevista . «El federalismo, tal y como defendemos los liberales, solo funciona en el contexto del Reino Unido, y el debate sobre dónde deben residir las decisiones es un debate tan necesario en Escocia como en el resto del Reino Unido», dijo.

En marzo, en el primer discurso en el que esbozó la propuesta autonomista que ha terminado por salir ganadora del referéndum, el exprimer ministro laborista Gordon Brown exigió una ambiciosa propuesta de reforma constitucional para convertir «el Estado unitario y centralizado del pasado en una alianza de iguales en la que el poder esté compartido», según dijo en Glasgow. Los conservadores tienen más dificultades en recurrir al lenguaje federalista, pero la fuerte descentralización del control sobre el gasto público convertirá al Reino Unido en una «alianza» de cuatro países bajo una misma jefa de Estado con fuertes rasgos federales.