El juez imputa a Sarkozy por corrupción activa, tráfico de influencias y revelación de secretos

Se trata de un aldabonazo jurídico de alcance político excepcional.

La imputación anunciada no prejuzga la sentencia final, que solo llegará tras un proceso largo y complejo. Los jueces del polo financiero del Tribunal de Gran Instancia de París estiman que existen indicios verosímiles de posibles delitos.

Los imputados quedan en libertad, a disposición judicial, abriéndose un procedimiento jurídico que pudiera prolongarse meses y años.

La gravedad de los presuntos delitos anuncia un proceso sin precedentes.

En el terreno puramente penal, los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y violación del secreto profesional están castigados con penas que pueden alcanzar los diez años de cárcel. La instrucción del proceso todavía durará muchos meses, anunciándose un laberinto procesal llamado a influir de manera muy importante en la vida política y judicial de Francia, dada la naturaleza de los presuntos delitos.

La policía judicial y los jueces que instruyen el caso sospechan que Sarkozy y su abogado tenían varios «topos» en la magistratura, beneficiándose de filtraciones sobre la marcha judicial de seis escándalos que también afectan directa o indirectamente al ex presidente.

Sarkozy pudo prometer ayudas políticas o de otra naturaleza a los magistrados que le filtraban información sobre procesos en curso de instrucción. De ahí la doble naturaleza del nuevo escándalo: un ex jefe de Estado pudo «traficar» con la información confidencial que le ofrecían uno o varios «topos», magistrados del Tribunal Supremo.

Nicolas Sarkozy, fue detenido provisionalmente la mañana del martes, en los locales de la Oficina central para la lucha contra las infracciones financieras y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, en Nanterre, al oeste de París, para intentar esclarecer su posible implicación en un escándalo de escuchas telefónicas y tráfico de influencias.

Hacia el filo de la media noche del martes, la PJ decidió trasladar al ex presidente a los despachos de los jueces del polo financiero del Tribunal de Gran Instancia de París, que anunció la imputación de Sarkozy, su abogado y un magistrado ya bien entrada la madrugada del miércoles.

Sarkozy se considera víctima de un «acoso judicial sin precedentes», que comenzó el 2013, cuando la fiscalía parisina ordenó a la policía «pinchar», poner bajo vigilancia y escucha secreta, todos los teléfonos personales del ex presidente.

Sarkozy considera ilegales unas escuchas que han sido prolijamente filtradas a la prensa, con revelaciones de cierto alcance político y jurídico. La filtración del contenido de conversaciones privadas, grabadas por orden judicial, pudiera ser un delito de violación del secreto de la instrucción de un proceso en curso.

Imputado, Sarkozy se enfrenta a un calendario jurídico que complica mucho su calendario político.

Las tribulaciones personales y judiciales de Sarkozy caen en el peor momento para su propio partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), víctima de otro escándalo interno, relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2012 con facturas falsas. Ese escándalo ha precipitado la dimisión de todo el equipo dirigente del partido de Sarkozy durante la campaña presidencial que concluyó con la victoria de François Hollande.