La fiscalía pide 75 años de cárcel para Ríos Montt

El proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad contra Ríos Montt, que gobernó la nación centroamericana entre marzo de 1982 y agosto de 1983, en plena guerra civil, incluye a quien fuera su jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, para quien se solicita la misma condena. El Ministerio Público los considera responsables de las matanzas cometidas por el Ejército en el departamento de Quiché durante operaciones contra la guerrilla.

El fiscal Orlando López concluye que «el Ejército mató a indígenas en una tasa ocho veces mayor a los no indígenas, cometió genocidio en el área ixil, (los crímenes) fueron cometidos en agravio del grupo ixil, (que) fueron considerados enemigos internos» del país.

Después de que la defensa presentara hoy sus argumentos, basados en negar que el general tuviera conocimiento de los hechos, Ríos Montt tomó la palabra por primera vez en todo este proceso para proclamar su inocencia: «Me declaro inocente, nunca he tenido la intención, el propósito de destruir a ninguna etnia nacional (...). No soy genocida. Nunca autoricé, nunca firmé, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. ¡Nunca lo hice! Yo no se qué hacia el jefe de patrulla, yo era el jefe de Estado. Los señores del EGP (una facción guerrillera) mandaron a mal matar a esa pobre gente, y ahora soy yo el que tiene que pagar el delito de genocidio. Mi situación de jefe de Estado fue específicamente para retomar el rumbo de la nación que ya estaba en la borda. Guatemala estaba en el fracaso y, perdone su señoría, la guerrilla en las puertas del Palacio».

Después de veinte audiencias públicas y numerosos recursos planteados por la defensa, el juicio podría quedar hoy mismo visto para sentencia, que podría darse a conocer mañana viernes. Desde el 19 de marzo desfilaron por el estrado un centenar de testigos de las matanzas cometidas en los municipios del llamado Triángulo Ixil (Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal).

Tras múltiples recusaciones del tribunal, la suspensión del juicio por resolución de la juez a que estuvo a cargo inicialmente del caso, Carol Patricia Flores, y la intervención de la Corte de Constitucionalidad para ordenar a la magistrada Jazmín Barrios que prosiguiera con el proceso, el juicio volvía a aplazarse la pasada semana por una serie de recursos legales interpuestos por la defensa.