Ríos Montt se enfrenta a una posible pena de entre 30 y 50 años por genocidio

Ríos Montt encabezaba la junta militar que se hizo con el poder en marzo de 1982, tras derrocar al general Romeo Lucas García. Pastor evangélico y fervoroso anticomunista, Ríos Montt impuso un régimen de hierro que terminó con la muerte de miles de indígenas, sospechosos de simpatizar con las guerrillas. Su paso ante la justicia fue postergado por la protección que durante dos décadas le brindó su condición de diputado.

En enero pasado, un tribunal lo sometía a proceso penal y decretaba su arresto domiciliario . El juez, Miguel Ángel Gálvez, señalaba en su resolución que «existen fundamentos serios para someterlo a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputan». Las leyes locales castigan con penas de entre 30 y 50 años de cárcel los delitos de genocidio, y de 20 a 30 años los de lesa humanidad.

Aunque carecen de evidencias directas de la implicación del militar, fiscalía y los abogados de las víctimas confían en demostrar la cadena de mando que sitúa a Ríos Montt como responsable último de las masacres cometidas en el departamento montañoso del Quiché. «En contra del general Ríos Montt hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay ni un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo», reconocía Edgar Pérez, letrado de las víctimas.

El abogado de Ríos Montt, Francisco Palomo, sostiene que «las evidencias demuestran que sí sucedieron hechos graves, por supuesto. El tema aquí es quién es el responsable de esos hechos. Le consideramos inocente. En las audiencias no hubo ni un solo hecho que lo implicara a él directamente».

La hija del dictador, Zury Ríos, lo disculpa como una víctima de «un complot internacional» de la «izquierda retrógrada» que busca «venganza» por haber perdido la guerra civil que desangró al país centroamericano entre 1960 y 1996, con alrededor de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y un millón de desplazados.

Hace menos de un mes, el presidente del país, Otto Pérez Molina, reconocía en entrevista con ABC que el juicio a Ríos Montt «es un signo de que las cosas están cambiando en Guatemala. No esperamos nada personal contra el general, sino que haya justicia y que no se tome partido ni hacia un lado ni hacia otro». A su juicio, «en Guatemala no se cometió genocidio. Están señalando a la región ixil y en el Ejército había soldados e incluso oficiales de ese origen. Es inconsistente decir que hubo un exterminio por pertenecer a una raza, en Guatemala hubo un enfrentamiento de tipo ideológico que produjo el conflicto armado. Sí hubo abusos y excesos innegables , y esos son los que deben ser juzgados».

En 1999, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, presentó ante la Audiencia Nacional española una denuncia por tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de estado contra Ríos Montt y otros cuatro generales guatemaltecos retirados. El juez Santiago Pedraz dictó en 2007 una orden internacional de captura contra Efraín Ríos Montt, los también expresidentes Oscar Humberto Mejía Victores y Fernando Romeo Lucas García y otras cinco personas más.