¿Lo conoces? El territorio perdido por el que luchan España y Portugal desde el siglo XV

Que si las hallaron unos, que si fueron los otros. Vaya usted a saber. La historia más canónica, esa repetida hasta la extenuación, dice que fue el navegante portugués Diogo Gomes quien tomó posesión de estas tierras cuando regresaba de una expedición a Guinea allá por 1460. Y también, que lo hizo tras aportar una breve descripción del territorio: «La isla es yerma, no vive nadie en ella, ni tiene árboles ni aguas corrientes». Vaya si llevaba razón. Los castellanos, a los que también les interesaba poner su pica en la zona, sostuvieron siempre que la región formaba parte del archipiélago que había avistado Jean de Béthencourt durante la conquista de las Canarias algunas décadas antes.

Aunque algunos retrasan todavía más y más las páginas del calendario para señalar su descubrimiento. Lázaro Sánchez-Pinto, Conservador de Botánica del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, sostiene en el dossier 'Las Islas Salvajes' que estas pequeñas porciones de tierra ya se conocían mucho antes, y que aquellos que las hallaron tienen nombres y apellidos: «Figuran en el mapa de los hermanos Pizzigani, fechado en 1367, pero hasta entonces nadie había reclamado su propiedad». El experto se refiere a una carta elaborada por estos navegantes, Domenico y Francesco, en la que aparecen representadas por vez primera las islas 'Palmae', 'Clane', 'Inferno', 'Canaria', 'Lancenço' y 'Forte Ventura'.

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Narra Sánchez-Pinto que el problema geográfico no fue a mayores durante casi un siglo, que ya es tiempo. Sin embargo, los portugueses comenzaron a interesarse «por la explotación de los abundantes recursos pesqueros de la región, y, en especial, de los túnidos», en los años posteriores. Ya fuera atraídos por la familia de los atunes, ya fuera por el control del territorio, los lusos fueron los que dieron el siguiente pasito para hacerse con el control de las Islas Salvajes. «A principios del XVI se construyó una cisterna en la parte alta de Salvaje Grande para recoger agua de lluvia, y se introdujeron cabras y conejos», explica el experto. Y hete aquí que arrancó el conflicto.

Desde entonces, cada reino se ha asido a un argumento para justificar su soberanía sobre ellas. Así lo especifica Cristina Pulgar Díaz, del 'Instituto de Geografía e Ordenamento do Território', en el dossier 'La cuestión luso-española de las Islas Salvajes. De la delimitación marítima a las representaciones geopolíticas': «De una parte, Portugal consideraba estas islas como propias por 'derecho de descubrimiento y de posesión ininterrumpida' y por el hecho de que desde la colonización de Madeira, las Salvajes, como las Desiertas, han sido incorporadas secularmente en el gobierno de la isla. De otra parte, España invocaba la proximidad geográfica, pues las Salvajes están más próximas de la isla de Tenerife que del archipiélago de Madeira».

Los grises quedaron a un lado a partir del siglo XIX, como bien recoge Pulgar en su extenso dossier. En 1881, España movió ficha y propuso a Portugal construir de forma conjunta un faro en las Salvajes para paliar la baja visibilidad y favorecer la seguridad de las embarcaciones. Los lusos respondieron a la velocidad del rayo con una sonora negativa; para ellos, llegar a un acuerdo suponía aceptar la soberanía compartida. A partir de ahí, el gobierno rojigualdo abrió lid con una misiva que sembraba la duda sobre la titularidad del territorio, pero que no obtuvo contestación:

«De los antecedentes que existen en el Ministerio de Estado en Madrid, se deduce claramente que no está determinado si la soberanía de la isla pertenece a España o a Portugal, y aunque por la proximidad a las islas Canarias y al estar considerada como una de las del grupo de que se componen pudiera suponerse que es de dominio español, hasta la fecha no ha sido declarado el mejor derecho».

España aprovechó la coyuntura y volvió a la carga en 1887. El 18 de junio, el 'Diario de avisos de Las Palmas' hizo públicas las intenciones de recuperar el proyecto del faro bajo el argumento del «peligro constante que a la navegación por aquellas latitudes ofrece». En la misma noticia se deslizaba de nuevo la duda sobre quién debía encargarse de la construcción, una forma velada de reclamar la soberanía sobre las Salvajes: «Unas leyes han sostenido que el balizamiento de esas desiertas costas correspondía al Gobierno de Portugal. Otras, que España era la verificada a iniciar la reforma, por hallarse aquellos situados cerca de las Canarias y en el derrotero de este archipiélago». La respuesta fue, una vez más, el silencio.

No se detuvo el Gobierno rojigualdo. En octubre de 1911, sabedores de que la herida estaba abierta, envió de nuevo una nota a su par luso en la que insistían en la construcción de un faro en la región y en la necesidad de deliberar sobre la incorporación de las Salvajes a las Canarias. Y lo hizo de forma explícita, sin medias tintas. Esta vez sí que hubo respuesta. En palabras de Pulgar, Portugal rechazó ambas propuestas y solicitó la mediación de Gran Bretaña, tradicional enemiga de España, en esta disyuntiva. Nuestro país se negó de plano a aquello, y todo volvió a quedar en tablas. Un empujoncito más en aquel desesperante tira y afloja que no llegaba a término.

La siguiente jugada la hizo Portugal. Basándose en la máxima del derecho adquirido, comenzó a legislar como si las Salvajes fueran de su propiedad. Expediciones científicas, construcciones, pesca... «Según rezaba un decreto luso de 1932, las islas pertenecían al distrito de Funchal, constituían propiedad particular y eran consideradas un coto de caza a favor de su propietario. Este era un banquero de Madeira llamado Luis da Rocha Machado, que tenía las Salvajes en propiedad desde el año 1903», explica la experta. Parece que fue efectivo, pues en 1938 la Comisión Permanente de Derecho Marítimo Internacional le confirió la soberanía a Portugal de esta guisa:

«Para saber la nacionalidad de las islas Salvajes […] ninguna importancia tiene el hecho de que se encuentren más próximas de las Canarias que de Madeira, para el efecto de optar por la soberanía portuguesa o española».

España, metida hasta el corvejón en la Guerra Civil, no presentó recurso. Y así quedó la disputa hasta 1971, cuando Portugal compró las Salvajes a Luis Rocha por el equivalente a un millón y medio de dólares y las calificó de reserva natural. Un procedimiento que ratificó siete años después mediante un decreto regional emitido por la Región Autónoma de Madeira. La situación quedó estancada hasta 1997, cuando el Gobierno rojigualdo terminó por reconocer la soberanía lusa tras varias negociaciones con la OTAN. Aunque solo en cuanto a superficie; las aguas que las rodean siguen, todavía, en liza y han provocado más de un conflicto en los últimos lustros.