El mito de las cuatro islas perdidas del Pacífico que pertenecen todavía a España

Los territorios en cuestión poco tienen de grandes extensiones de tierra. Más bien son atolones, pequeñas islas en forma de anillo con una laguna interior; buena parte de ellas, deshabitadas. Y todos se hallan en el Pacífico, en la conocida como Micronesia española, entre la Melanesia y la Polinesia. Sus nombres todavía resuenan en los medios por el bullicio que provocaron: Guedes, Coroa, Pescadores y Ocea. O, en la actualidad y de forma sucesiva, Mapia, Ronguerik, Kapingamarangi y Nikuoro. La primera y la segunda se hallan en el archipiélago de las Marianas; la tercera, en el de Palaos y la última, en el grupo de las Carolinas.

Nació el enigma histórico al calor de una disputa. A finales del XIX, andaban tres de las grandes potencias europeas –Alemania, Gran Bretaña y España– a la gresca por la soberanía de las muchas islas que nuestro país había descubierto desde hacía casi medio milenio en el Pacífico. Hasta tal punto creció la tensión, que el Papa León XIII se vio obligado a mediar entre ellas para llegar a un acuerdo; y este quedó sobre blanco en un protocolo fechado el 17 de diciembre de 1885. El resultado fue claro: se reconoció que «los archipiélagos de las Carolinas y de las Palaos» pertenecían al imperio rojigualdo, pero también se permitió a los germanos establecer rutas de comercio y mantener ciertas relaciones con ellos.

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Fueron decenas los argumentos que el Papa esgrimió para entregar la soberanía a España. Aunque lo que tuvo más peso fue la labor que la Monarquía hispánica había llevado a cabo en favor de los nativos. Y vayan por delante sus palabras como un garrotazo contra la Leyenda Negra: «No puede desconocerse la acción benéfica de España respecto a aquellos isleños. Debe notarse además que ningún otro Gobierno ha ejercido sobre ellos una acción semejante». A cambio, eso sí, determinó que el rey debía «hacer efectiva esta soberanía» mediante el establecimiento de «una fuerza suficiente para garantizar el orden y los derechos adquiridos». Lógico, pues tanto Alemania como Gran Bretaña habían criticado que no hubiera presencia de autoridades peninsulares en la zona.

Además de saber quién diantres contaba con la soberanía, el protocolo dejó cristalino que Alemania suspiraba por las islas españolas del Pacífico. Y ese capricho se avivó todavía más en 1898, cuando Estados Unidos golpeó en el vientre al maltrecho Imperio hispánico y tocó llorar la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Tal y como explica el doctor en Historia del Derecho y de las Instituciones Francisco Javier Díaz González en el dossier 'Estudio histórico-jurídico de los tratados de liquidación del Imperio español de ultramar', el emperador germano Guillermo II aprovechó entonces la ocasión y formuló, a través de su embajador en Madrid, las pretensiones de hacerse con «los archipiélagos de Carolinas, Palaos y Marianas».

Poco podía hacer España más que pasar por el aro. Presidencia aceptó la propuesta el 12 de febrero de 1899 a cambio de 25.000.000 de pesetas, aunque hubo que esperar hasta junio de ese mismo año para que la ley permitiera la cesión de forma oficial y esta fuera publicada en la Gazeta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado de la época: «Se autoriza al Gobierno para ceder al imperio de Alemania las islas Carolinas, con las Palaos y las Marianas, excepto Guam». Por el camino se establecieron algunas concesiones arancelarias entre uno y otro, amén de la potestad hispana de «establecer y conservar, aún en tiempo de guerra, un depósito de carbón para la Marina de guerra y mercante en el archipiélago las Carolinas». En julio se terminó el debate... O eso parecía.

Según el mito, en este jaleo de informes, protocolos y papeleos varios se produjo un error tan formal como garrafal: no se especificó a nivel geográfico qué islas eran o no cedidas a los alemanes. Y eso, en una zona en la que existían –y existen– decenas de ellas, algunas minúsculas y otras tantas desperdigadas por las aguas, provocó cierto 'vacío legal'. Razón no falta a los conspiranoicos, ya que en ninguno de los Reales Decretos publicados en la Gazeta de Madrid en 1899 –dos en junio y uno en julio– se concretaba más allá de la entrega de «las islas Carolinas, con las Palaos y las Marianas, salvo Guam».

Aunque teorías en este sentido las hay a cientos. En su ensayo 'Eso no estaba en mi libro de Historia de España' (Almuzara), el historiador y doctor en arqueología Francisco García del Junco sostiene que «por increíble que pueda parecer», en el tratado «se especificaban todas y cada una de las islas que formaban este archipiélago», y que en ellas no entraban nuestras cuatro protagonistas. «Las islas, pertenecientes a los archipiélagos de Palaos, Marianas y Carolinas, no se nombraban. Se olvidaron. Nadie cayó en la cuenta de que los archipiélagos que se vendían no estaban completos. Pasado el tiempo, tras la Primera Guerra Mundial, los perdió Alemania en favor de Japón», sostiene el experto en la mencionada obra.

Lo que sí está claro es que el primero en dar alas a esta teoría fue Emilio Pastor Santos. El que fuera miembro del CSIC dijo en 1948 haber descubierto en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid unos documentos referentes al tratado de Madrid en los que quedaba claro que las islas no habían sido incluidas. «Esto se explicaría por el hecho de que en algunos mapas antiguos determinadas islas pequeñas no aparecen. La consecuencia sería que, al no figurar en los mapas sobre los que se hicieron los acuerdos, quedaron fuera de ellos», explica Del Junco en su obra.

ABC se hizo eco de la noticia al año siguiente: «Emoción, no solo curiosidad, ha causado la nueva: que España posee cuatro archipiélagos cerca de Filipinas, y que también puede establecerse en las Palaos, Marianas y Carolinas con sendas estaciones-base». Y es que esa era la segunda parte de su tesis: que nuestro país se había reservado «para usos de comercio, navegación y vida civil, algunas bases en el Pacífico». Para sustentar esta tesis, el investigador, de 33 años, se agarraba al artículo tercero del tratado de 1899; ese que esgrimía la posibilidad de establecer factorías en dichos territorios. Sin saberlo, él fue quien dio rienda suelta al mito.

Del Junco en 2016, así como otros tantos autores como la doctora en Historia Contemporánea Carmen Guillén –esta hace unos meses en TVE–, sostienen que el asunto llegó al Consejo de Ministros el 12 de enero de 1949. Francisco Franco jugueteó con la idea de plantear las reclamaciones; y, en palabras del experto, lo hizo, pero su tibieza le condenó. La situación, con todo, no era muy favorable, pues las islas se hallaban por entonces bajo la administración fiduciaria de Estados Unidos debido a una infinidad de vaivenes históricos –dos guerras mundiales–. Para colmo, la situación interna del país era pésima y el dictador no deseaba meter el dedo en el ojo al país con el que, a la postre, pactó la llegada de bases militar a la península.

El asunto quedó escondido bajo la alfombra hasta hace bien poco. En 2014, la polémica volvió a saltar a los medios de comunicación. Y, en este caso, fue atajada en un suspiro por el Gobierno. En una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, especificó que «la interpretación más lógica del Tratado de 1899 entre España y Alemania es que ambas partes tenían claro que lo que se estaban transfiriendo eran todas las posesiones que España aún conservaba en el Pacífico» y que, por ello, «no consideró que hubiera que hacer una delimitación geográfica». Con todo, entendía esta duda sobre lo que algunos denominan «la micronesia española» e insistió en que, en 1949, ya se había renunciado a este «derecho hipotético».