¿Y el Pacto Antiterrorista?
EN la reunión que mañana mantendrán en La Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lendakari, Juan José Ibarretxe, se va a hablar mucho de ETA y de la izquierda abertzale. Sin duda, Ibarretxe transmitirá a Rodríguez Zapatero los mensajes pactados con Arnaldo Otegi, con quien el lendakari estuvo ayer reunido durante más de dos horas, a pesar de que Otegi representa a una organización declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Sin embargo, parece que el principio de legalidad, la obligatoriedad de las sentencias judiciales y los pactos con el PP no van a ser obstáculos para los nuevos «escenarios» que tanto ansía el Gobierno socialista en el País Vasco, aunque para lograrlos tenga que tomar decisiones sumamente arriesgadas. Entre ellas, la que supone buscar una salida al problema de ETA distinta a la que se contiene en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, pues en el dibujo de la situación que contempla Zapatero el PNV y el acercamiento al mundo abertzale tendrían un protagonismo incompatible con el del PP. Éste sería un capítulo crucial de la política vasca del presidente del Gobierno, quien no parece afectado por el hecho de que el primer resultado de su estrategia de normalización se llame Partido Comunista de las Tierras Vascas y cuente con nueve escaños en el Parlamento de Vitoria.
El hecho mismo de que el jefe del Ejecutivo haya asumido esta iniciativa implica una voluntad de optar por un escenario que dejaría sin efecto la Ley de Partidos Políticos -cuya vida real está en manos del Ejecutivo, directamente o a través del fiscal general del Estado- y derogaría de facto el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito, a instancia de Rodríguez Zapatero, con el Partido Popular. Se trata de una inflexión, no tanto de la política antiterrorista, cuanto de la determinación del Estado en la lucha contra ETA, que implica el abandono de un objetivo hasta ahora irrenunciable: la derrota incondicional de los terroristas.
El Gobierno está en su derecho de reclamar para sí un margen de maniobra irrenunciable para llegar al cese definitivo de la violencia. Pero debe hacerlo asumiendo desde el principio todos los costes implícitos, políticos y sociales. El primero es la ruptura de una política de Estado que había dado resultados históricos y que ha situado a ETA en el nivel de debilidad que ahora permite a Rodríguez Zapatero especular con un proceso de negociación que llegue a una foto final.
Pero el Ejecutivo, aunque quiera, no tiene manos libres en la gestión de una política que es de Estado, aunque rompa el acuerdo con el PP, formación a la que Zapatero no debería marginar y que se encontraría en una situación de arrinconamiento que debería gestionar con prudencia e inteligencia, pues no en vano es la voz de diez millones de españoles. El Gobierno debería saber que en ese nuevo diseño táctico están involucradas las víctimas, las instituciones, el poder judicial, las leyes y la Constitución. El Gobierno puede pensar que el final de ETA está tan cerca que sólo queda elegir la forma. Y es aquí donde reside el riesgo absoluto de esta operación a varias bandas, donde juegan no sólo políticos con responsabilidad pública, sino terroristas sin escrúpulos para el engaño y el crimen. Tan erróneo es menospreciar la capacidad criminal que aún conserva ETA como sobrevalorar su disposición interlocutora.
Es lógico que Rodríguez Zapatero piense que la operación puede salir bien: un cese definitivo del terrorismo, una izquierda abertzale en el Parlamento vasco y el camino allanado para negociar con el nacionalismo una transformación radical del Estado. Pero puede salir muy mal, porque con ETA ya se ha intentado todo, incluyendo una amnistía, negociaciones, contactos... Al final, sólo ha funcionado el Estado de Derecho.
Al presidente del Gobierno habrá que juzgarlo no sólo por los resultados, sino por el coste de los medios empleados. Se había encontrado el término medio: la aplicación de la ley, con mano de hierro en guante de seda. Pero Zapatero cree tener otra opción. Tiene toda la legitimidad para diseñar cuantos escenarios crea convenientes. Y el reto de acertar en un asunto en el que los errores de cálculo se pagan muy caros.
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