La carta de Fayna Bethencourt al Defensor del Pueblo sobre 'El Yoyas', condenado y prófugo de la ley

Sobre el excouncursante de la segunda edición de 'Gran Hermano' pesan seis delitos, -uno por maltrato habitual en el ámbito familiar, otros cuatro por lesiones y otro por vejaciones- perpetrados contra su exmujer y contra los dos hijos que tienen en común. Aunque en su pena de prisión de cinco años y ocho meses también se han tenido en cuenta otro en el que se le condenó por amenazas contra la nueva pareja de la también exconcursante de 'Gran Hermano'.

Desde entonces, Fayna ha relatado en numerosas ocasiones el infierno que vivió con el padre de sus hijos para concienciar sobre la necesidad de encontrarle para que ingrese en prisión lo antes posible, después de tres meses en paradero desconocido y prófugo de la ley.

El pasado 4 de febrero, la televisiva envió una carta al Defensor del Pueblo para evitar que la condena de su ex prescriba, además de una campaña de recogida de firmas para agilizar la búsqueda de su agresor.

«Me dirijo al Defensor del Pueblo para informar de mi situación actual y trasladarle mi petición con el consiguiente escrito», comienza diciendo. «El día catorce de noviembre del año 2022, Carlos Navarro Merino, maltratador condenado, fue requerido a presentarse en los juzgados de Vilanova del Camí para su ingreso en prisión, no cumplió con dicho requerimiento y se dio a la fuga. A día de hoy sigue en paradero desconocido, en busca y captura. El fugitivo, cuando teóricamente ya lo buscaban, concedió además una entrevista al periódico 'El Mundo'. También envió una grabación de vídeo a televisión y habló con distintos periodistas sin que las autoridades actuasen al respecto», explicó.

«Quiero denunciar mi situación actual: soy una víctima de violencia de género que desconoce el paradero de la persona que condenaron por maltratarla y que además tiene que soportar que este haga declaraciones públicas clamando una inocencia (cuando ya ha sido condenado por sentencia firme), desafiando así al poder judicial y ejerciendo de nuevo un maltrato psicológico, esta vez público, hacia mi persona sin repercusiones legales por dichos actos. Cuando exista una condena por violencia de género, el condenado debe ser trasladado a prisión o, en su defecto, que se le coloque un dispositivo de seguridad», añadió.

«Al conocer mi caso, muchas mujeres se han puesto en contacto conmigo para relatarme que están viviendo también con el miedo de saber que su maltratador sigue en la calle a pesar de estar en busca y captura, algunas incluso sufriendo porque las penas de estos han prescrito sin que las autoridades los hayan encontrado», confesó.

«Creo, vistas mis circunstancias y las de estas mujeres, que es necesario que una vez que exista una condena por violencia de género, el condenado debe de ser trasladado a prisión inmediatamente o en su defecto que se le coloque un dispositivo de seguridad para conocer su localización en cada momento hasta su posterior ingreso en prisión», exigió.

«El hecho de que se le comunique a un condenado por violencia de género su ingreso en prisión y se le solicite que se presente voluntariamente a una hora y día determinado, no garantiza en absoluto la seguridad de su víctima y es a todas luces una medida ineficaz: existen condenados en busca y captura por no haber sido trasladados por las autoridades competentes a prisión, dejándolos a su libre albedrío y con la posibilidad de escapar de la pena que se les ha impuesto», sentenció.