Expertas en salud mental perinatal califican de «histórico» que la ONU haya reconocido la violencia obstétrica

«El informe profundiza en las causas del maltrato y la violencia, reconoce que el problema es estructural y señala las malas condiciones de trabajo de los profesionales de la atención al parto», indica Ibone Olza, psiquiatra perinatal y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal

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«Importantísimo e histórico». Estos son los calificativos con los que Ibone Olza, psiquiatra perinatal y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, define al informe « Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica», elaborado por la ONU y en el que se reconoce la violencia obstétrica.

«El informe profundiza en las causas del maltrato y la violencia, reconoce que el problema es estructural y señala las malas condiciones de trabajo de los profesionales de la atención al parto. También desculpabiliza a las madres, valida sus experiencias, califica de 'tortura' el realizar una cesárea o una episiotomía sin consentimiento y describe las formas de maltrato más habituales en el parto, especialmente el chantaje y cómo se minimizan o invisibilizan sus consecuencias», sostiene la experta.

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de la ONU, Dubravka Šimonović, presentó el pasado mes de julio a los miembros de la Asamblea General dicho informe. El documento constituye el primer reconocimiento del máximo organismo internacional de la existencia y las consecuencias para la madre y sus hijos de la violencia obstétrica y propone aplicar «un enfoque basado en los derechos humanos a las diferentes formas de maltrato y violencia que sufren las mujeres en los servicios de salud reproductiva».

La psicóloga clínica Patricia Fernández califica el informe de «necesario y esperanzador» y destaca especialmente el uso del concepto «violencia obstétrica» y el hecho de que la relatora de la ONU se refiera al mismo como una «violación de derechos humanos». Fernández defiende que «poner nombre es necesario para que se desarrollen las conciencias de quienes asisten y legislan».

La abogada especializada en salud sexual y reproductiva Francisca Fernández Guillén, por su parte, señala que el informe de Naciones Unidas refuerza su convencimiento de que hay que «seguir visibilizando la violencia obstétrica y enfrentando las injusticias con todos los mecanismos a nuestro alcance». Para la jurista, la incorporación del concepto por parte de la ONU «supone un reconocimiento» a todas aquellas mujeres que al compartir el testimonio de su historia personal han hecho visible «lo que hasta hace poco eran meras anécdotas» para la sociedad civil.

«El reconocimiento del concepto sobrepasa con mucho la cuestión de la terminología. De una parte, porque visibiliza el sesgo de género que domina la atención que se presta a las mujeres en los servicios de salud y, por otra, porque lo sitúa en un contexto internacional en el que se replican los modelos de atención a la salud reproductiva y sexual que infantilizan e ignoran los derechos de las madres como pacientes y como seres humanos. En muchos casos, de forma protocolizada», argumenta.

Según Ibone Olza, el informe plantea cuestiones «especialmente relevantes» para los profesionales de la salud mental que atienden a las madres que sufren las secuelas psíquicas de la violencia obstétrica. Entre ellas, la psiquiatra señala la necesidad de «garantizar la reparación a las víctimas de maltrato y violencia», como recoge la primera de las recomendaciones del informe (artículo 75), que insta a los Estados a «aprobar leyes y políticas apropiadas para combatir y prevenir ese tipo de violencia, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas».

El papel de los profesionales

Además, según Olza, el documento recoge reivindicaciones clásicas de asociaciones de usuarias como El Parto es Nuestro, que reclaman la necesaria «transparencia en la obstetricia». Concretamente, en el artículo 81 del informe, la ONU solicita a los estados «supervisar los centros de salud y recopilar y publicar datos sobre el porcentaje de cesáreas, partos vaginales, episiotomías y otros servicios de salud reproductiva».

Patricia Fernández, por su parte, hace hincapié en que el informe orienta hacia una intervención «no paternalista en la que se da peso al consentimiento adecuadamente informado como derecho humano y protección, y no como trámite o salvoconducto». En ese sentido, para la psicóloga clínica, el documento permite avanzar hacia intervenciones «más comedidas y consensuadas» y hacia una asistencia que coloca «en primera persona» a la mujer de parto: «Esto nos permite avanzar hacia relaciones profesionales más humanas, que requieren de ver a la mujer en todas sus dimensiones y que fomentan el dialogo y el respeto a sus necesidades despojándonos de visiones paternalistas y jerárquicas».

Por último, la psicóloga clínica del Programa de Salud Mental Perinatal del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, María Emilia Dip, considera que el informe tendrá también un gran impacto en los profesionales de la salud, ya que en su opinión la violencia obstétrica «es también síntoma del maltrato que tienen las grandes instituciones hacia los profesionales».

«Muchos profesionales, ante el maltrato institucional que sufren, se salvan identificándose con quien les maltrata y a su vez maltratando a las usuarias. Es fundamental que las instituciones empiecen a cuidar más a los profesionales que están al pie del cañón para romper esa cadena de maltrato que va de la institución al profesional y que termina repercutiendo en las madres. Estamos todos heridos ante este maltrato mutuo. Es una constante proyectar en el paciente el propio maltrato que sufrimos los profesionales desde la institución», concluye.

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