Vox se querella contra los miembros de la Mesa del Congreso que aceptaron tramitar la ley de amnistía

Francina Armengol, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Esther Gil de Reboleño, Gerardo Pisarello e Isaura Leal. Esos son los cinco nombres propios contra los que se querella Vox por votar a favor de la calificación de la ley de amnistía -los cuatro miembros del PP en el órgano se opusieron-. Así lo ha anunciado este lunes el secretario general del partido, Ignacio Garriga, en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Comité de Acción Política.

«Admitir a trámite con manifiesto conocimiento del incumplimiento de la ley está tipificado en el artículo 404 del Código Penal», ha explicado Garriga, quien ha tachado la decisión de los diputados del PSOE y de Sumar en la Mesa como «arbitraria». El número dos de Vox se ha apoyado en el informe que emitieron los letrados del Congreso en 2021, cuando, ante una proposición de ley de amnistía registrada por los independentistas catalanes, advirtieron que esa figura entraba en «contradicción palmaria» con la Constitución. Entonces, el PSOE, el PP y Vox se adhirieron a su criterio y tumbaron la mera admisión a trámite de la norma.

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Hace dos meses meses, un nuevo secretario general al frente de la Cámara Baja, Fernando Galindo -que procedía de un puesto en el Gobierno de Pedro Sánchez-, emitió un informe en el que también planteaba dudas sobre la constitucionalidad de la norma, pero en el que, a diferencia de su antecesor, Carlos Gutiérrez, sí avalaba su admisión a trámite al no apreciar que la inconstitucionalidad fuera «palmaria». Vox, entonces, ya se querelló contra el letrado mayor del Congreso, aunque el Supremo no se ha pronunciado aún sobre este asunto.

El Alto Tribunal sí ha desestimado ya una querella de Vox contra Sánchez, al que achacaba cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios por aceptar impulsar una amnistía a los encausados por el 'procés' a cambio de los votos de Junts para su investidura como presidente del Gobierno.

La semana pasada trascendió otro informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso en el que se apuntalan las dudas sobre la constitucionalidad de la norma. A diferencia del preparado por Galindo para la Mesa del Congreso, sus subordinados analizan la ley de manera exhaustiva y denuncian que la amnistía planteada por el PSOE puede generar inseguridad jurídica, desigualdad y ser contraria no solo a la Constitución, sino también al derecho europeo.

Los servicios jurídicos de la Comisión de Justicia, además, recogen algunas lagunas del informe de Galindo, como el hecho de que, como informó ABC, en la ponencia que discutió la redacción de la Carta Magna se rechazaron dos enmiendas que proponían constitucionalizar la amnistía. Además, la actual Constitución sí recoge la prohibición de los indultos generales, con un alcance menor al de la propia amnistía.

El secretario general de Vox ha avisado también al PP por su papel en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y donde los de Abascal le piden que impidan la tramitación de una norma aprobada por el Congreso; una competencia que, según los juristas, excede a las atribuciones de la Cámara Alta. Los derechistas plantean la elevación al Tribunal Constitucional de un conflicto entre órganos constitucionales para que este determine si el Senado puede paralizar -siempre en el caso que los letrados de esa cámara entiendan que la amnistía es inconstitucional- una norma de la Cámara Baja. «Seremos coherentes», ha afirmado.