Vox pide al Gobierno que ilegalice a Bildu por incluir etarras en sus listas electorales

Según los artículos 9 y 11 de la citada ley, cualquier partido «será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades». Explica la ley que «incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo o que no hayan rechazado la violencia» es otro de los motivos para instar a su ilegalización.

Apoyado en ambos artículos, Vox presentó hoy ante la Mesa del Congreso una propuesta de resolución para forzar una votación que «expulse de las instituciones al brazo político de ETA». Un viejo anhelo de Abascal, que suele repetir en sus mítines con cierta frecuencia.

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En el escrito, Vox recuerda que en 2002 tanto PP como PSOE se pusieron de acuerdo para ilegalizar a Herri Batasuna por motivos que, según ellos, recuerdan mucho a los que concurren actualmente en estas elecciones. Vuelven a poner de manifiesto que Arnaldo Otegi se mantiene al frente de EH-Bildu (es el coordinador general) y que el partido nunca ha condenado la violencia de ETA.

A todo ello se suma la inclusión en las listas del País Vasco y Navarra de hasta 37 condenados por pertenencia a banda armada y siete más con delitos de sangre. Hechos que, según Vox, podrían constituir una vulneración de la ley de Partidos. «Por todo ello, exigimos que, como ocurrió en 2002, el Congreso inste a la ilegalización de Bildu porque se trata de un deber moral y de un compromiso en la defensa de las miles de víctimas de ETA, que EH-Bildu desprecia. No hacerlo sería una afrenta imperdonable, no solo a las víctimas directas, asesinados o familiares, sino a todos los españoles, víctimas indirectas de la trayectoria criminal de ETA», reza el comunicado.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario, se ha referido en Cáceres a la iniciativa presentada por Vox. «La moral del país está muy afectada en estos días porque el brazo político de la banda terrorista ETA presenta a unos cuantos etarras, terroristas condenados por delitos de sangre», apuntó.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará si los 44 etarras incluidos en las listas cumplen con los requisitos para optar a cargos públicos, según pudo saber ABC. El Ministerio Público abrirá diligencias a raiz de la denuncia presentada ayer jueves por la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, hijo de Luis Portero, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000.