Dos etarras declaran como testigos protegidos y apuntan a la cúpula por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Según ha adelantado El País y ha confirmado ABC en fuentes jurídicas, los dos comparecieron ante los servicios de información de la Guardia Civil y ya después, ante el juez instructor Alejandro Abascal, que tiene a media docena de exjefes de ETA investigados por la orden de acabar con la vida de, entonces teniente de alcalde de San Sebastián.

De acuerdo a las fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario, ambos proporcionaron detalles sobre el funcionamiento interno de la banda terrorista y el modo en que la cúpula pautaba la estrategia a seguir a partir de la cual se diseñaban los objetivos.

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Una de las declaraciones tendría, de acuerdo a las mismas fuentes, entidad suficiente como para sentar en el banquillo a buena parte de la Zuba de la época, ya no sólo en el procedimiento sobre Gregorio Ordoñez sino en los abiertos en distintos juzgados de la Audiencia Nacional que buscan depurar responsabilidades por acción u omisión en diversos atentados.

Estas diligencias se han venido siguiendo con extremo sigilo en la Audiencia Nacional porque, de acuerdo a otras fuentes del caso, ambos testigos se juegan la vida delatando a quienes fuesen los jefes de la banda terrorista. Sus comparecencias, de hecho, se están transcribiendo para que puedan ser aportadas a la investigación sin que ninguna parte en el proceso llegue a escuchar la voz o ver la imagen de ninguno de los dos.

El caso por el asesinato de Gregorio Ordoñez se reabrió en el año 2015 a instancias de una denuncia presentada por su hermana, Consuelo, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo Covite. Buscaba depurar responsabilidades más allá de la autoría material del asesinato y acabar llegando tanto a quienes tomaron la decisión como a quienes facilitaron que se materializase.

El asunto fue reimpulsado por otra querella de Dignidad y Justicia que pedía directamente la imputación de toda la cúpula de ETA, la conocida como Zuba, a mediados de los años 90, entre otras diligencias. Primero el juez Santiago Pedraz y ahora, Alejandro Abascal, recabaron informes de la Guardia Civil que acotaban el quién es quién del siniestro organigrama de la época.

Están imputados, entre otros, , Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', Julián Achurra Egurola, también conocido como 'Pototo', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza'.