Víctimas del terrorismo piden a la Fiscalía que audite la relación de Bildu con ETA desde 2011

El escrito, al que tuvo acceso ABC, es una ampliación de la denuncia presentada la semana pasada en el que la asociación de víctimas pedía que se abriese una investigación sobre la legalidad de las listas electorales con las que la formación concurre a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, habida cuenta de que en ellas aparecían 44 personas que en el pasado fueron condenadas por pertenencia a ETA.

Tras el comunicado en el que siete de esos aspirantes, los que tenían delitos de sangre, anunciaban el martes su intención de renunciar al puesto en caso de ser elegidos en los comicios, la organización que preside Daniel Portero se dirigió de nuevo a la Audiencia Nacional para alegar que ese paso «no desvirtúa un ápice» su sospecha de que Bildu reúne los requisitos para que se promueva su ilegalización.

Se refiere al artículo de la Ley de Partidos según el cual, una formación puede ser ilegalizada cuando reitere, entre otras posibles conductas, la inclusión «regular» en sus órganos directivos o listas electorales «de personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los medios y fines terroristas».

Para Dignidad y Justicia, que esos siete etarras con delitos de sangre hayan anunciado que darán un paso atrás «en modo alguno empecé el hecho de que la formación política EH Bildu haya concurrido a las próximas elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra, con la inclusión en sus listas como candidatos a personas condenadas por delitos de terrorismo, no solo estos siete sino muchos más». Recuerda que «efectivamente van a concurrir, independientemente de recoger o no el futurible acta a posteriori», porque las listas electorales ya están cerradas.

Pide por ello a la Fiscalía que en el contexto de sus diligencias para analizar si se ha producido algún ilícito en las candidaturas de Bildu, recabe informes de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información a fin de identificar «en la totalidad de listas presentadas por la formación política» desde el año 2011, a quienes tengan condenas por terrorismo, así como a aquellos que «están vinculados a organizaciones o entidades» con vínculos a su vez con ETA.

Asimismo, insta a que esos informes determinen «si estos candidatos han rechazado públicamente los fines y medios terroristas» y también si Bildu, en estos doce años «ha colaborado habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas».

Por último, pide que se identifique si EH Bildu «ha apoyado desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden» a ese tipo de entidades y si el partido «ha dado cobertura o participado en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas».

El objeto, como detalla el escrito, es que una vez se practiquen las diligencias, se remitan a la Fiscalía General del Estado para que «inicie el proceso de declaración de ilegalidad» de la formación abertzale.