La UCO intervino 30.000 archivos a Koldo y recuperó en la nube parte de los que destruyó

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil procedieron a la detención del exasesor de José Luis Ábalos y entrada y registro en su domicilio de la localidad de Polop de la Marina (Alicante) acompañados de una veintena de miembros de la ARS, la Agrupación de Reserva y Seguridad, una unidad de élite, fuertemente armados y protegidos.

El registro se prolongó durante casi diez horas, periodo en el que los agentes de la Policía Judicial se incautaron de todo lo relevante para la investigación. incluidos los citados 30.000 archivos digitales. Clonaron móviles y, según fuentes conocedoras de las pesquisas, una parte de la información relevante había sido eliminada de los dispositivos físicos por el propio Koldo García, pero los agentes la pudieron recuperar de la nube digital, donde se almacenan copias de seguridad.

Por otro lado, estos días se han oído especulaciones sobre la oportunidad de la presentación de este informe, que ha llegado después del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la difusión del audio en el que la militante socialista Leire Díez trataba de obtener información del teniente coronel de la UCO Antonio Balas para usarla en su contra.

Se trata de especulaciones sobre oportunismo por parte de la Benemérita, pero fuentes conocedoras de la investigación lo desmienten. Sostienen que los medios humanos de la UCO son «limitados» y que los agentes han tenido que desencriptar y analizar decenas de miles de documentos, motivo por el que el informe ha llegado al Tribunal Supremo cuando se han dado las circunstancias para que así sea. El informe se ha elaborado en función de los medios técnicos y humanos «disponibles» y en atención a los requerimientos del juez. «No era posible hacerlo más rápido», trasladan fuentes próximas.

Además, el día de la detención de Koldo fueron arrestadas otras trece personas y se produjeron un total de 26 entradas y registros, por lo que los agentes adscritos al juzgado han tenido un arduo trabajo desde entonces. El 8 de octubre del año pasado, «una vez profundizado el análisis de las evidencias intervenidas», refleja el último informe de la Unidad Central Operativa, se dio cuenta al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno los avances en el estado de la investigación mediante un escrito en el que se recogía «la posible participación de José Luis Ábalos Meco», lo que provocó, al estar aforado como diputado en el Congreso, que se reabriera la causa que le afectaba en el Tribunal Supremo y se actuara contra él.

El siguiente paso, fruto del análisis del material intervenido y también de las declaraciones de Víctor de Aldama sobre presuntos amaños de obra pública -en las que mencionó con nombre y apellidos al ya exsecretario de Organización del PSOE-, ha sido el señalamiento, precisamente, de Santos Cerdán.

De hecho, el agente redactor del escrito especifica que «este informe versará sobre presuntas irregularidades ocurridas en la contratación pública, principalmente derivadas de personas vinculadas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana» que encabezó José Luis Ábalos. Cabe recordar que el comisionista de la operación Delorme, una vez que consiguió abandonar la prisión preventiva, entregó un folio que contenía un listado de concursos de obra pública con unas anotaciones manuscritas que se han demostrado ser de Koldo García.

El ya célebre informe de casi 500 páginas que ha convulsionado la política nacional es el primero sobre amaños de adjudicaciones del Ministerio de Transportes en el marco de la operación Delorme -más conocida como el caso Koldo o el caso Ábalos-, por lo que, necesariamente, habrá más informes. De momento la UCO tendrá que cotejar las adjudicaciones a las empresas señaladas -Acciona, LIC, Obras Públicas y Regadíos, Servinabar y otras- que, presumiblemente, habrían generado comisiones de cientos de miles de euros hacia la trama corrupta. También buscarán dónde están esos fondos ilícitos o en qué se gastaron, para comprobar si ha habido incrementos patrimoniales de los investigados.

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En el caso de Santos Cerdán los agentes no habían podido hacer diligencia alguna, al estar aforado, pues su acta de diputado en el Congreso la entregó ayer.

En cuanto al material intervenido en casa de Koldo García, que ha terminado con la carrera política de su mentor, como reveló ABC el pasado viernes, el que fuera primero chófer y después asesor de José Luis Ábalos grabó cientos de conversaciones telefónicas y en persona durante los últimos años «al nivel de Villarejo, o incluso te diría ríete de Villarejo», que no fueron intervenidas, pues no se encontraban en su domicilio.

Fuentes próximas a Koldo García sostuvieron que no sólo afectan al Gobierno, sino al Estado, además de «al Ibex 35 y también al PP». Hay que recordar que dispuso de varios meses para ocultar cualquier tipo de prueba, ya que se enteró de la investigación de la que era objeto tiempo antes de que fuera detenido, gracias a la colaboración de un guardia civil que traicionó a la UCO.

De hecho, este diario desveló en marzo del año pasado cómo Koldo identificó en varios puntos a una persona que lo iba siguiendo, se dio la vuelta y lo encaró. El aludido le reconoció que era guardia civil, siempre según fuentes de la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Es más, Koldo llegó a ofrecer a un mando del Instituo Armado las llaves de su casa para que fueran a registrarla cuando quisieran, porque quería evitar una entrada y registro violentos que asustara a su hija.

El investigado tenía instalado un circuito de cámaras ocultas en su casa mediante el que grabó su propia detención y el registro del domicilio.

El próximo lunes 23 de julio -y no el 24, primera fecha señalada por petición de su abogado- Koldo García declarará en el Tribunal Supremo, donde será preguntado por los audios del informe.