Las tratantes de esclavas sexuales superaron en número a los hombres el año pasado

El año pasado se abrieron 187 procedimientos judiciales por trata de seres humanos, 51 más que los iniciados en 2020, lo que supone un incremento del 37,5 %, No todos los procedimientos dieron lugar a diligencias de seguimiento en la Unidad de Extranjería de la Fiscalía, según recoge la Memoria de este órgano.

Los datos de estos fiscales especializados en los nuevos esclavos son elocuentes. De las 110 diligencias que se siguieron por este tipo de delitos el 67,27% perseguían trata con fines de explotación sexual (74), casos como el de las chicas llevadas a Lituania o como la red nigeriana que juzgó la Audiencia Nacional. Controlaba la captación en las aldeas, el traslado por Marruecos, Argelia y Libia, los tratos con los comerciantes de personas y la colocación en España donde las chicas eran prostituidas y vivían bajo el yugo de la violencia y el vudú. Se procesó a 19 personas y se condenó a siete de los diez acusados.

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El mercado del sexo de pago con las penurias que esconde sigue siendo el delito predominante con enorme diferencia frente a las otras modalidades de trata. El 3,63% de los casos tenían fines mixtos de explotación sexual y otros; el 16,36 % fueron por trata laboral, el 3,63% por trata con fines de matrimonio forzado, el 8,18% por trata con fines de cometer delitos, y el 0,9% para servidumbre (un solo caso).

La Fiscalía detectó 277 víctimas de explotación sexual (213 plenamente identificadas y 64 en situación de grave riesgo); en su mayoría son mujeres (98,55%), entre las que se encuentran cinco menores de edad y uno con discapacidad. Proceden de varios continentes porque los mercaderes del sexo forzado no tienen fronteras: de África (Angola, Guinea, Marruecos y Senegal), de América (Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), de Asia (China, Mongolia y Tailandia) y de Europa (Albania, España, Moldavia y Rumania).

Las víctimas de origen suramericano, el año pasado especialmente colombianas (39), paraguayas (30) y brasileñas (23), siguen a la cabeza como el grupo más numeroso. De las 54 víctimas, cuya nacionalidad exacta no se sabe, el 80 por ciento también tienen origen suramericano.

Casi el cien por cien son mujeres sometidas, pero llama la atención el dato de cómo otras mujeres se convierten en sus verdugos, normalmente antiguas esclavas que ascienden en la organización una vez saldada su deuda, las conocidas como 'madame', implacables controladoras de su mercancía. Se investigó a 273 personas: de ellas 128 eran mujeres, 133 hombres y 6 transexuales. Hay todo tipo de nacionalidades: Argentina, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Guinea, Honduras, Malí, Mongolia, Nicaragua, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Rumanía, Senegal, Tailandia, Uruguay, Venezuela). Muchas, dice la Fiscalía, están integradas en «organizaciones y grupos criminales, así como en clanes familiares».

El dato definitivo es el de acusadas por los fiscales, que superó al de hombres: 67 frente a 55 varones en los 37 escritos de acusación por trata. Todavía es un delito difícil de perseguir y más difícil de probar, dado el silencio que impera y la complejidad probatoria. Con todo el año pasado se incrementaron las sentencias: 45 frente a las raquíticas 18 de 2020, 31 de esas sentencias se referían al delito con fines sexuales.

La captación mediante engaño es el método que se sigue: un engaño total (la promesa de un trabajo digno en España) o parcial (las mujeres saben que vienen a ser prostitutas pero ignoran las condiciones de explotación en las que tendrán que vivir). La vulnerabilidad es el punto de partida y la baza de los tratantes, como recogen con conocimiento los fiscales: extrema pobreza, escasa formación y voluntad migratoria en condiciones de irregularidad.

El proceso es conocido. Les facilitan el transporte a España, la documentación, a veces falsa, y les pagan el viaje a 'El Dorado'. Una vez aquí se convierten en siervas del tratante por la deuda contraída, «ya de por si excesiva e ilegítima, que nunca puede ser solventada pues aumenta por el alojamiento y alimentación, multas o cualquier excusa engañosa», admiten. Los métodos de dominio cada vez son más violentos: palizas, agresiones sexuales, amenazas directas a ellas o a familiares. Las mujeres son retenidas o «acuarteladas», sin papeles y, con frecuencia, obligadas a trapichear con drogas con los clientes.

La memoria de la Fiscalía evidencia el incremento que se ha producido de la prostitución en pisos y casas, que han desplazados a los burdeles, una tendencia que se consolidó durante las restricciones a la movilidad por la pandemia cuando los prostíbulos también tuvieron que cerrar. Así 38 de esas investigaciones tuvieron como objeto inmuebles privados frente a 14 en clubes de alterne, otras cuatro se desarrollaron en ambos y en cinco casos a las víctimas las vendían en la calle.