La 'trampa' de Asuntos Internos que llevó a descubrir el narcotúnel

«Hemos llegado a un término medio, peleando todas a 120.000», se jactó Ahmed Mohamed, hermano del diputado en la Asamblea de Ceuta por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) Mohamed Ali Duas –ambos en prisión provisional–, sin saber que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) del Instituto Armado seguía de cerca sus pasos.

Era la primera vez que su organización iba a contar con los 'servicios' de los agentes corruptos. Y antes, iban a hacer una «prueba de seguridad» para comprobar que 'estaban en el ajo'. Por ella habrían pagado a los guardias 10.000 euros. «Solo aquí, la prueba esta de mañana cuesta diez pavos», confesó Ahmed Mohamed, añadiendo que él había aportado la mitad y su hermano (el político), la otra. «Aquí las pruebas no se hacen por la cara», remató.

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Pablo Muñoz

Establecida la confianza, los guardias les facilitaron el cuadrante con sus horarios y turnos de trabajo. Un agente encubierto llevaba meses realizando acercamientos a la organización criminal. Sus miembros llevaban otros tantos manteniendo encuentros en los que fardaban de su capacidad de realizar grandes envíos de hachís a la península: que si tenían a agentes comprados, que si disponían de los camiones con dobles fondos, que tenían bajo control distintas naves en polígonos industriales… Les estaban escuchando.

Así que, cuando el pasado 29 de enero el entramado creyó haber embarcado en un ferri 1.397 kilos de hachís valorados en 2,6 millones de euros, ocultos en el interior de un semirremolque con la ayuda de uno de los Mecánicos corruptos –Rubén Galindo–, y sin levantar sospechas, agentes del SAI esperaban en el Puerto de Algeciras. Una vez que la mercancía llegó a su destino final, una nave ubicada en Villanueva del Trabuco (Málaga), se intervino la droga y detuvo a los implicados.

Se explotaba así la primera fase de la operación Hades, una causa dirigida por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en colaboración de la Fiscalía Antidroga, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de drogas y cohecho. Desde entonces, el diputado ceutí y su hermano permanecen en prisión provisional. También dos guardias civiles: el mencionado Galindo y Agustín Argüelles, a quien se sitúa en distintos encuentros en la fase preparatoria para lograr el envío de los 1.397 kilos de hachís. Un tercer agente, también detenido, quedó en libertad provisional con medidas cautelares: se le ha retirado el pasaporte y no puede salir de territorio nacional.

El sumario, al que ha tenido acceso ABC, también revela que la organización de la que formarían parte el diputado Duas y su hermano no fue la única beneficiada por los agentes. «La investigación realizada ha conseguido identificar a los miembros de esta 'estructura de seguridad', quienes no solo trabajarían en connivencia con una organización criminal en concreto, sino que proporcionarían un plus de seguridad a las operativas de tráfico de drogas de todos aquellos grupos delictivos que cumplieran una serie de requisitos y condiciones exigidos por los propios agentes corruptos», advierten los investigadores en uno de sus informes.

Ya a principios de 2023, el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain) alertó sobre la posible existencia de un entramado formado por presuntos agentes corruptos que, con ánimo de lucro, harían la vista gorda en los controles. Así, el 27 de junio de ese año, el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en un punto de la AP-7 sentido Málaga, cuyo resultado fue la intervención de 1.977 kilos de hachís, valorado en cuatro millones de euros, también escondidos en un camión caleteado.

Ese día, Galindo y el guardia ahora en libertad con cautelares, eran los agentes que se encontraban en el filtro de control en el Puerto de Ceuta, de donde salió el semirremolque con la droga. Ni el primero, encargado del reconocimiento de vehículos, ni el segundo, guía canino especializado en detectar sustancias estupefacientes, inspeccionaron el camión.

Tras este golpe, la organización cambió su 'modus operandi' y optó por esconder el hachís entre residuos de animales muertos. «Este tipo de carga aportaba un plus de seguridad al transporte al tratarse de una mercancía peligrosa por riesgo biológico. Circunstancia esta que implicaba que dicho semirremolque no pudiera ser abierto ante un control policial rutinario a su paso por el filtro de seguridad del puerto de Ceuta», apunta el SAI en su informe.

Así, el 18 de diciembre de 2023 se intervinieron 3.137 kilos de hachís valorados aproximadamente en 6,3 millones de euros, intervenidos en su siguiente parada, el Puerto de Algeciras, donde fue examinado por la Unidad Local de Análisis de Riesgos (ULAR).

En esta ocasión, aunque la organización criminal no necesitaba una seguridad inmediata en el filtro por tratarse de un semirremolque precintado que transportaba mercancía legal con restos de animales –se explica en los oficios policiales– «parece ser que fue el propio Rubén Galindo [uno de los Mecánicos] el que pudiera haber notificado a los miembros de la organización esta aprehensión sufrida en el momento en el que sus compañeros de la Unidad de Análisis e Investigación de Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del puerto llevaron a cabo la inspección del semirremolque». Se sospecha que el agente no solo favorecía el paso de droga sino que también facilitaba información confidencial a la que tenía acceso como miembro del Cuerpo.

Consta además un último envío, cuyo éxito los investigadores también atribuyen a Galindo: el 11 de julio de 2024, 89 kilos de hachís, valorados en algo más de 170.000 euros, escondidos en un vehículo Opel Corsa. El coche pasó el control en Ceuta, pero no los del Puerto de Algeciras. En este caso, los agentes habrían dado cobertura a una presunta organización criminal dedicada a introducir hachís en turismos particulares, cruzando habitualmente con entre ochenta y cien kilos ocultos en su interior, según los informes.

De esta manera, la Guardia Civil concluye que estos agentes actuaban en el seno de una organización criminal «cuya finalidad última» era «obtener un lucro económico a través de su cooperación con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas que les subcontratan». «Esta estructura corrupta, de forma perfectamente coordinada y concertada entre sus integrantes, favorece el paso de mercancías ilícitas por los controles fiscales del puerto de Ceuta, sirviéndose para ello de la posición privilegiada que les confieren los cometidos y funciones que cada uno de ellos lleva a cabo en su labor profesional como guardias civiles destinados en el puerto».

En la segunda fase de la operación Hades, explotada el pasado febrero, la logística de los grupos distribuidores se vio debilitada. En total el SAI detuvo a catorce personas, entre las que se encontraba un investigado que, 'arrepentido', les puso sobre la pista de la existencia de un supuesto narcotúnel, como informó este diario. El 19 de febrero de este año se halló un conducto de cincuenta metros de largo que conectaba Ceuta con Marruecos, convirtiendo el rumor (que sonaba por la ciudad autónoma) en una realidad. Estaba oculto en el interior de una nave industrial –una antigua marmolería– y se sospecha que habría sido utilizado para introducir el hachís que luego distribuían otros grupos a la península.

La Audiencia Nacional sigue a la espera de que Marruecos conteste a la comisión rogatoria librada para que la Guardia Civil pueda inspeccionar también la parte del conducto que está en su territorio. Mientras, el arrendatario de la nave, un español de 40 años y con antecedentes, sigue en paradero desconocido y pesa sobre él una orden de busca y captura. Fuentes próximas a las pesquisas también señalan Marruecos como su posible escondite.