La clave española del narcotúnel que unía Ceuta con Marruecos

Así lo aseguró el investigado -que responde a las iniciales H.T- en su comparecencia ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, al frente de las pesquisas, sobre las que se acaba de levantar el secreto. H.T. aseguraba estar «arrepentido», pues -según relató- había decidido «apartarse de la organización» y por eso iba a colaborar con la investigación y contar cómo funcionaba el entramado. Fue una semana antes de que se hallara el narcotúnel.

Señaló al guardia civil Rubén Galindo, ya en prisión provisional y anteriormente destinado en el Puerto de Ceuta -en concreto en la sección encargada de inspeccionar los vehículos- como la persona que «llevaba las riendas» entre los agentes que «les ayudaba a pasar la droga oculta siempre en camiones». Lo hacían, según su versión, con vehículos «antiguos» y avisaban previamente a los agentes para que no hicieran los controles pertinentes. «Daban un día, llegaba el camionero, se paraba, abrían la puerta de atrás, se asomaban y decían que pasaran, sin ninguna otra revisión», explicó en los juzgados centrales.

Según declaró, desde diciembre no se había podido meter droga por la frontera ni por el túnel. Y en cuanto al dinero, aseguró que cada día lo recogía alguien distinto. «Te daban un número de teléfono y llamabas para recogerlo». «Lo que no llegaba a destino no se pagaba», añadió.

No obstante, el 'arrepentido' era «enlace entre los escalones superiores de la organización y la rama logística del entramado», encargado de coordinar sus actividades, «participando en la toma de decisiones, gestionando problemáticas y supervisando diversas labores necesarias para culminar con éxito los envíos de sustancias estupefacientes», según recoge el auto por el que Tardón ratificó su ingreso en prisión provisional. Se le habían incautado 214.000 euros en en billetes de distinto valor en su domicilio y la instructora apreciaba en su caso riesgo de fuga y reiteración delictiva. Sólo declaró en sede judicial una vez que ya estaba en la cárcel.

Fue el pasado 19 de febrero cuando agentes del SAI, de la Unidad Central Operativa (UCO), del Grupo de Acción Rápida (GAR) y la Unidad de Subsuelo explotaron la tercera fase de la operación Hades y hallaron, en los bajos de una nave del Polígono Industrial Alborán del Tarajal (Ceuta), una trampilla metálica que daba acceso a una cavidad de unos 12 metros de profundidad. Esta contaba con un sistema de iluminación y achique de agua compuesto de tubos amarillos de drenaje.

Tras varios intentos frustrados de localizar al responsable del inmueble, los agentes requirieron la presencia de dos policías locales para que fueran testigos de la entrada y registro. Y según el sumario, al que ha tenido acceso ABC, su paradero continúa siendo desconocido.

Se trata de un hombre de 40 años y nacionalidad española, Rafael Jiménez, a quien le constan antecedentes por dos delitos de lesiones en 2005 y 2023, por un delito contra la salud pública en 2011 y un delito de malos tratos en el ámbito familiar en 2019. En un despacho ubicado en la planta inferior de la nave se encontraron varias facturas y documentos a su nombre.

Era el arrendatario del inmueble desde el 9 de junio de 2022 «hasta el día que se localizó el túnel clandestino», explican los investigadores en otro de sus informes. La dueña del local aportó fotografías tomadas en septiembre de 2022 en las que «no se observan indicios de la existencia de la desembocadura del túnel, siendo esta la última fecha en la que se puede acreditar que aún no se había realizado esta infraestructura», plasmaron los agentes.

Por ello, la juez considera a Rafael Jiménez presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), cometido en el seno de una organización criminal, y ha dictado una orden de busca y captura, pues estaría relacionado «con la construcción, custodia y uso del túnel». «De igual forma existen indicios sólidos de que esta infraestructura ha sido utilizada como vía de acceso clandestino de mercancía ilícita desde Marruecos a la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo posiblemente este uno de los medios utilizados por la organización criminal responsable de los envíos frustrados el pasado 27 de junio de 2023 y 18 de diciembre de 2023 que resultaron con la aprehensión de 5.114 kilogramos de hachís», apuntan los investigadores.

A raíz de las investigaciones, pudo constatarse la existencia de indicios que revelaban «entramados delictivos que contarían con un alto grado de impunidad en el desarrollo de sus supuestas actividades delictivas gracias a la connivencia de una 'estructura de seguridad', compuesta principalmente por miembros de la Guardia Civil destinados en el Puerto de Ceuta que perfectamente coordinados, mediante una serie de actos, por acción u omisión, favorecerían la realización del ilícito tráfico a cambio de obtener un beneficio, generalmente económico».

Esta connivencia se infirió, por primera vez, con la aprehensión del dÍa 27 de junio de 2023 de 1.977 kilos de hachís, que fueron transportados desde Ceuta hasta la península ocultos en un doble fondo habilitado en un semirremolque utilizado al efecto por la estructura delincuencial investigada.

El 18 de diciembre de 2023, esta misma organización criminal volvió a realizar un nuevo envío de sustancias estupefacientes, pero en esta ocasión utilizando la 'cobertura' de un transporte de animales muertos para esconder 3.137 kilos de hachís que fueron intervenidos en el puerto de Algeciras (Cádiz) en el interior del semirremolque.

A la espera de que Marruecos conteste a la comisión rogatoria librada por la Audiencia Nacional para poder inspeccionar su parte del túnel, la Guardia Civil ha colocado cámaras de seguridad y tapiado el acceso al pasadizo subterráneo.

Entre los detenidos en la primera fase de la operación Hades, explotada por la Guardia Civil a finales de enero, se encuentra el diputado en la Asamblea de Ceuta por MDyC, Mohamed Alí Duas. Para él la juez Tardón también acordó el ingreso en prisión provisional.

El político, según los investigadores, habría llevado a cabo las «labores logísticas necesarias» para el transporte ilegal de droga. Las pesquisas también habrían revelado que pagó «ciertas cantidades» a los guardias civiles que trabajaban para la red. En concreto, 5.000 euros a un miembro del Instituto Armado por hacer la vista gorda en diciembre de 2024, según las conversaciones captadas e incorporadas al sumario. En su casa guardaba un arma y 1.000 euros en efectivo.