Las tramas de los uniformes de la Policía y la Guardia Civil, al borde del banquillo

La trama corrupta -hay un centenar de personas físicas y jurídicas contra las que se mantiene la acusación- se enfrenta a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. Ahora las defensas podrán presentar recurso contra el auto y la Fiscalía y el resto de partes presentar escrito de acusación.

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El auto, de 163 páginas y al que tuvo acceso ABC, detalla cada uno de los concursos públicos que fueron amañados, los beneficios que obtuvieron las empresas por cada uno de ellos y lo que se llevaron los funcionarios por cometer esas irregularidades. El foco supuestamente corrupto estaba, en el caso de la Guardia Civil, en el Servicio de Abastecimiento; en la DGT, el el negociado del mismo nombre, y en la Policía Nacional el Área de Medios Materiales. Pues bien, la juez cree que en esos departamentos «de forma organizada y sistemática» se han hecho contrataciones de suministros «favoreciendo a las empresas investigadas a fin de que éstas obtuvieran la adjudicación de contratos a cambio de dádivas o recompensas que se hacían a los funcionarios».

«Los funcionarios investigados -añade el auto- se ponían de acuerdo con las empresas para que estas lograran la adjudicación de contratos a los que concurrían con información privilegiada previa a la licitación, que se preparaba con los documentos elaborados por las propias empresas concurrentes, las cuales celebraban pactos entre ellas para repartirse los contratos impidiendo de esa forma la concurrencia de empresas ajenas a la organización y con perjuicio para la Administración pública que ha realizado las adjudicaciones de las compras de suministros y equipamientos a un precio fijado sin la concurrencia libre de empresas».

Una vez preparados los pliegos técnicos, el proceso de contratación seguía su curso normal, de modo que los integrantes de las mesas de contratación no sabían que se habían perpetrado esas irregularidades para que solo las empresas implicadas pudieran ser las adjudicatarias. Los funcionarios, por su parte, recibían regalos, invitaciones, dinero en forma de tarjetas regalo de centros comerciales y también dinero en efectivo, de modo que tuvieron un notable aumento patrimonial no justificado con sus ingresos.

Los investigados se valieron de diferentes medios: «En la fase previa a la licitación del contrato, los funcionarios investigados comunicaban a las empresas las futuras contrataciones en función de la necesidad de obtener determinado equipamiento o determinados suministros o servicios, informándoles de las características precisas que les interesaban o las soluciones preferidas, de forma que las empresas tenían una posición ventajosa para realizar sus propuestas ajustadas a los requerimientos expresados por los funcionarios», relata el juez.

«En esta fase previa -continúa la instructora-, se comunicaba lo que iba a ser adquirido y se trasladaban a las empresas elegidas de antemano los pliegos técnicos para que estas procediesen a redactar las especificaciones técnicas en función de las características propias de los productos de sus propias empresas». Además, los funcionarios daban a las empresas información privilegiada sobre las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les daba opción a mejorarlas.

«Para eludir los procesos de contratación mediante el procedimiento negociado, se acudía al procedimiento de contratación directa mediante el fraccionamiento de los contratos. En estos contratos, los funcionarios investigados elegían a la empresa adjudicataria y, para otorgar una apariencia de legalidad, se aportaban al proceso tres ofertas de tres empresas distintas actuando todas ellas en connivencia distribuyéndose los contratos públicos adjudicados», sostiene la magistrada. Y en otras ocasiones, y con la connivencia de los funcionarios, se constituían Uniones Temporales de Empresas (UTEs) entre competidores para obtener el mayor número de contratos.

Por tanto, a lo largo de los años había una concurrencia ficticia de empresas al estar previamente concertadas entre ellas. Es decir, las empresas se elegían de antemano previo concierto entre ellas y los funcionarios implicados. Con ello se manipulaban los precios y la calidad era peor, al no haber una competencia real.

La juez especifica qué tipo de conductas se producían para conseguir los objetivos: fijación de precios, presentación de ofertas encubiertas; diseño de un mecanismo de cobros de comisiones, por el cual el beneficio era distribuido luego entre los miembros del pacto, y una rotación acordada del ganador, con la utilización de ofertas encubiertas.

En el ámbito de la Guardia Civil, los principales implicados son el coronel jefe del Servicio de Abastecimientos (Sabas), Juan Antonio Maroto Gil; Alberto José Martín Altube, teniente coronel jefe de de la Sección Técnica del Sabas, y los capitanes Eloy Vicente Cotrina y Antonio Serrano, que ocuparon puestos de responsabilidad en ese departamento. En cuanto a la DGT, aparece implicada Luisa Cinta Alonso, de la Subdirección Adjunta de la Administración Económica, y Manuel Guillén, inspector jefe que en 1991 pasó a Tráfico. Y en la Policía Nacional el facultativo Juan Vicente Jiménez, jefe del Área de Medios Materiales; Faustino Herráiz, jefe del Servicio de Contratación de Servicios y el, inspector jefe Fernando de la Peña, que estuvo al frente del Servicio de Suministros.

En cuanto a las empresas implicadas, las más relevantes son Manufacturas Áurea, El Corte Inglés, Grupo Iturri y Calzados Robusta, al estar implicadas tanto en la trama de la Guardia Civil como en la de la Policía. La juez, además, sobresee la causa respecto a 30 personas físicas y jurídicas, y hay que señalar que es de suponer que el número final de personas que se sienten en el banquillo sea bastante menor al centenar -se eliminarían a los más periféricos, como algunos familiares y empleados de empresas- sobre las que aún se mantiene la acusación, ya que en caso contrario se trataría de un macrojuicio difícil de manejar.