El Corte Inglés y once empresas, imputadas en una trama de amaños de la Guardia Civil

Los investigadores sospechan que la empresa, en connivencia con mandos vinculados al servicio de contratación del Instituto Armado, habría obtenido información privilegiada de adjudicaciones de suministros de prendas y uniformes a cambio de dádivas que, en este caso, tendrían forma de tarjetas regalo de El Corte Inglés.

En la causa ya figuran como investigados el coronel Juan Antonio Maroto Gil y el teniente coronel Alberto José Martín Altube junto a otros cuatro mandos ya apartados de sus funciones en el Instituto Armado. Constan asimismo una decena de empresas contratistas y empleados de las mismas que también se habrían beneficiado del sistema. Entre ellos dos exdirectivos de El Corte Inglés, Fernando Fernández y Eduardo Vélez, entonces director comercial del Área de Suministros y responsable de Uniformidad de la división de empresas de la compañía, respectivamente. Ahora, la juez Ana María Iguacel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, da un paso más en la causa para que las propias mercantiles den sus explicaciones.

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Según se desprende de un informe del Servicio de Asuntos Internos incorporado al sumario, «en el particular de El Corte Inglés la aparente obtención previa de información privilegiada, la participación en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas (PPT) o incluso su plena confección, ha sido un clásico durante la investigación». Destacan como ejemplo el expediente A/0030/A/18/2 por valor de 7.494.850 euros -sin impuestos-, para el que el teniente coronel Altube habría mediado en favor de El Corte Inglés en febrero de 2018 a fin de «proporcionarle, con casi tres meses de antelación a la publicación del anuncio previo, los PPT del concurso público». El Corte Inglés después «resultaría adjudicataria de uno de sus lotes por valor de 5.540.000 euros», destacan.

Desde la compañía insisten en que los dos directivos investigados en la causa fueron apartados tan pronto se supo de su posible implicación. «Al tiempo de los hechos, El Corte Inglés contaba ya con un sistema de prevención de delitos sólido y eficaz, pese a no ser legalmente exigible en ese momento», subrayan. Explican además que el programa de prevención de delitos de la compañía ha sido actualizado y mejorado de forma periódica desde entonces. Será lo que trasladen a la juez.

Las pesquisas se remontan a febrero de 2019, cuando el juzgado solicitó la intervención de Asuntos Internos de la Guardia Civil -investiga las conductas contrarias a la ética profesional en el personal del Cuerpo- ante la sospecha de posibles amaños de contratos dentro del Instituto Armado, como una derivada de la operación Grapa, que en 2017 afloró otro caso de presunto amaño de contratos en la Policía Nacional y la Dirección General de Tráfico.

En el foco, seis agentes del servicio de abastecimiento de la Guardia Civil que se habrían concertado con empresas para hacerlas adjudicatarias de contratos públicos a cambio de contraprestaciones. Los investigadores señalan que «pactaron condiciones ventajosas» a favor de esas mercantiles «incumpliendo los requisitos formales o vulnerando los principios generales del procedimiento de contratación». «El estudio de los contratos anexados pone de relieve que la posición de superioridad de los funcionarios investigados, proporcionada por el ejercicio de su función pública, habría sido utilizada para imponer de forma arbitraria un injustificado abuso de poder, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano y/o los intereses generales de la Administración», expone uno de los informes de la causa a los que tuvo acceso ABC.

Para Asuntos Internos, el estudio y análisis de los expedientes de contratación «ha permitido poner en evidencia cómo las conductas desarrolladas por las personas vinculadas a la empresa licitadora igualmente obedecían a un proceder estándar, constituido a lo largo de los años».

En ese sentido, destacan las dádivas que los mandos de la Guardia Civil habrían recibido a cambio de las adjudicaciones. «Tal era el caso de El Corte Inglés, cuya forma de contraprestar el favor a los mandos policiales adoptaba el formato de Tarjeta Regalo. Gratificación que tales sujetos podían gastar adquiriendo productos de cualquier tipo disponibles en dichos comercios o bien en la contratación de viajes», exponen en el escrito.

En el registro del domicilio del entonces director comercial del Área de Suministros de El Corte Inglés, Fernando Fernández, los agentes encontraron documentos que reflejaban las tareas que debía seguir Vélez, su subordinado. En uno de ellos consta el mandato de «conocer nuevos concursos» y «conseguir pliegos administrativos técnicos».

Y en casa de Vélez lo que encontraron fueron «once packs de tarjetas de distintos importes» por valor total de casi 12.000 euros. «No solo obtenía información privilegiada relativa a concursos aún por anunciar, sino que obtuvo también de manera anticipada borradores de los pliegos de prescripciones técnicas de las prendas objeto de licitación y posterior suministro e incluso tramitó con los funcionarios los pliegos elaborados por la propia empresa El Corte Inglés», dicen los informes policiales.

Además, hay otras once empresas que están siendo investigadas -desde fabricantes de calzado hasta mascarillas- y podrán igualmente prestar declaración. En los informes se detallan los pactos previos a los que habrían llegado los agentes de la Guardia Civil investigados y los distintos empresarios para «manipular» igualmente los expedientes y adaptar las cláusulas de los concursos. De este modo, y aparentando «visos de legalidad», se acababan adjudicando contratos de manera «arbitraria» sorteando los principios de transparencia e imparcialidad, eludiendo los controles y condicionando el «devenir» del procedimiento de contratación, dice Asuntos Internos, que habla de «múltiples injerencias de forma torticera a favor de los investigados y en detrimento de la Administración».