El Supremo anula otra convocatoria para acceder a la Policía Nacional

Pese a esa suspensión cautelar, la DGP convocó a mediados del mes pasado otras oposiciones de ingreso a la Escuela Nacional de Policía incluyendo de nuevo ese requisito excluyente, que impide a muchos aspirantes presentarse a estas pruebas sólo por ese detalle. El auto, del que ha sido ponente el magistrado Luis María Díez-Picazo, señala que «no cabe duda» de que la convocatoria de la DGP «contraviene» lo que ya había fijado el propio Tribunal Supremo en septiembre de 2021 sobre este asunto.

El Supremo es más contundente todavía cuando señala que la DGP «provoca confusión y manifiesta falta de transparencia» sobre las condiciones que deben cumplir los aspirantes a la Policía Nacional. Añade el Alto Tribunal que las alegaciones de la Abogacía del Estado en representación de la DGP «no resultan convincentes». Por todo ello no sólo obliga a eliminar ese requisito de la convocatoria, sino que condena en costas a la Administración General del Estado por 500 euros.

Esta es una más de las resoluciones judiciales que sigue encajando la Dirección General de la Policía, cuyo máximo responsable es Francisco Pardo Piqueras y que depende del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. Y es que la Justicia ha emitido un goteo constante de sentencias por distintas irregularidades en casi todas las pruebas de la oposición a la Policía Nacional.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha obligado a readmitir a cientos de opositores que fueron excluidos por supuestos errores de ortografía que en realidad no lo eran. Otros, por las entrevistas personales, en las que los tribunales también han sentenciado que fueron descartados de forma injustificada y arbitraria.

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El problema se repite no sólo en el acceso, sino también en los ascensos en la Policía Nacional, como avanzó recientemente ABC. Y es que más de un centenar de inspectores no pueden ascender de categoría por un problema de convalidación de títulos provocado por la propia DGP y que, pese a las reclamaciones de los afectados, sigue sin resolverse. Este asunto también está ya en los tribunales, después de que el TSJM admitiera a trámite el recurso presentado por el Sindicato Profesional de Policía (SPP) en nombre de uno de los inspectores afectados.