¿Por qué Suiza es un refugio para el independentismo catalán?

Antes de vivir aquí, asociaba Suiza con el chocolate, la belleza de sus paisajes, la seguridad y limpieza de sus ciudades y, en el peor de los casos, con su plaza financiera, destino tradicional de la corrupción patria. Hasta ese momento, nada sabía ni de sus instituciones, ni de su funcionamiento político. Aún menos, de sus contradicciones.

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Suiza se define desde 1848 como un estado federal que agrupa 26 estados soberanos (los cantones), tres regiones lingüísticas (la mayoría monolingüe) y cuatro lenguas oficiales. Aunque los cantones gozan de gran autonomía, las relaciones exteriores de este estado están en manos de su administración central, y se rigen por el principio de neutralidad. En lo político, la democracia se ejerce en Suiza de forma semidirecta: la voluntad popular no solo se expresa en los parlamentos a través de los representantes elegidos democráticamente, sino que también lo hace a través del derecho de iniciativa o del derecho de referendo. Así, los ciudadanos se pronuncian directamente en las urnas sobre todo tipo de cuestiones, que afectan tanto a su política interior como a la exterior. Y lo hacen muy a menudo; entre 2001 y 2019, el pueblo ha votado en referendo 154 veces. De hecho, esta particular manera de practicar la democracia es motivo de orgullo nacional.

Este pequeño estado, de unos 9 millones de habitantes y una extensión semejante a la de Extremadura, no pertenece a la Unión Europea. El ajustado resultado del referendo de 1992 –50,3% de noes–, que planteaba una adhesión al espacio económico europeo (EEE), sentenció sus relaciones. El pueblo tumbó en 2001, por 76,8% de noes, la siguiente consulta, que planteaba el inicio de negociaciones de adhesión. Desde 2014, el Gobierno federal suizo se encuentra inmerso en la negociación de un acuerdo marco, exigido por la UE para sus acuerdos bilaterales. Los partidarios de un concepto rígido de la neutralidad, que mantenga a gran distancia la posibilidad de una adhesión a la Unión Europea, considerada por ellos una construcción no suficientemente democrática, son muy numerosos e influyentes en este país e incluyen a importantes sectores del mundo económico suizo; también del político. Ya han sacado la artillería pesada, convocando al pueblo en las urnas con el objetivo de blindar su particular concepto de neutralidad y, alejar el nubarrón Unión Europea. Este antieuropeísmo junto a la creencia unánime de la superioridad del sistema político suizo son el caldo de cultivo de la buena acogida que los independentistas catalanes tienen en Suiza.

«Toda nación busca un estado amigo», decía Francesc Homs en 2014 en un debate sobre la autodeterminación en la Universidad de Ginebra. En aquellos años, Diplocat buscaba internacionalizar el 'procés' y Ginebra, sede europea de la ONU y ciudad orgullosa de su vocación humanitaria, era una plataforma ideal. En este debate, junto a Homs participaban Albert Royo, secretario general de Diplocat, Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, independentista, y el profesor de la Universidad de Ginebra, Nicolas Levrat, coordinador del equipo que redactó el informe 'El legítimo derecho de Cataluña a decidir'. Como moderadores, un periodista del periódico 'Le Temps', principal altavoz de las tesis independentistas en Suiza, Elisabet Moragas, de Diplocat, el doctor Frédéric Esposito, del mismo departamento que Levrat y la presidenta de la sección suiza de la ANC. Debate, lo llamaron.

El mensaje expresado al unísono por todos los presentes era el mismo que ya proclamaban conferenciantes de primera línea (Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Santiago Espot, ...) en los casales catalanes, desde hacía un par de años El mismo que repetirá incansablemente Diplocat sin que nadie le contradiga: en un país de la Unión Europea no se están respetando los derechos de una minoría. Este país no es plenamente democrático y no permite que los catalanes voten sobre su futuro. Esto nunca ocurriría en Suiza, ayúdennos; la Cataluña independiente seguirá el modelo suizo cuando se separe de España.

Este mensaje caló en Ginebra. Destacados juristas de la ciudad han colaborado en actos de Diplocat, en la defensa de los condenados por el 1-O y de los fugados y han utilizado la ONU, la Universidad de Ginebra y el Festival Internacional de los Derechos Humanos como altavoz. También caló en el Parlamento federal, donde diputados de todas las familias políticas interpelaron al Gobierno federal, pidiendo su intervención ante lo que consideraban una tara autoritaria del Gobierno español. El periodista Juan Pablo Cardenal lo explica perfectamente en su libro 'La Telaraña'.

El bulo, una especie de leyenda negra 2.0 que nadie contesta, llegó a tener tanta penetración entre la clase política y los medios de comunicación suizos que las poquísimas ocasiones en las que se dio la palabra a personas autorizadas a explicar la situación en España, se hizo de tal manera que solo sirvió para confirmar el relato independentista. Aquí nunca se supo de las palabras de Josep Borrell ni de las de Mario Vargas Llosa en la manifestación de Sociedad Civil Catalana, en Barcelona el 9 de octubre de 2017. No encajaban en el relato. Hubo que esperar hasta octubre de 2019, una vez que la Unión Europea ya había cerrado filas con España, que el Ejecutivo español había cambiado de signo político y, no menos importante, que la dirección del telediario de la noche de la cadena pública suiza había cambiado de manos, para ver en un plató de televisión, en máxima audiencia, a la embajadora española respondiendo a las preguntas del nuevo presentador. Por fin, le escuchamos decir cosas como que no puede haber exiliados españoles en Suiza por la simple razón de que España y Suiza forman parte del mismo espacio jurídico y político. O que la Constitución española es flexible y se puede cambiar, solo se necesita una mayoría social suficiente para hacerlo y que ese caso no se da en España, por el momento.

El papel de la prensa, cómo no, fue fundamental en la difusión del mensaje independentista en Suiza. Una prensa, la de la región francófona de Suiza, con eternos problemas económicos, de ordinario ocupada en temas anodinos y, además, sometida al yugo que le impone la ley sobre el secreto bancario, que prevé penas de hasta tres años de prisión a quien publique datos protegidos por esta norma; norma ratificada por el Parlamento federal en 2023, pese a las críticas de la ONU. No sin razón, Suiza sigue siendo un paraíso 'offshore'.

Algunos ciudadanos españoles residentes en Suiza, entre los que me incluyo, denunciamos los deslices de la prensa ante el órgano regulador, el llamado Consejo de la Prensa. Aunque, decían, muchos de los gazapos procedían de la Agencia de Prensa, algunos medios los corrigieron; otros no. Entre los primeros, la radiotelevisión pública. Entre los segundos, el periódico 'Le Temps'. Todavía hoy podemos leer en su página web textos como el del 19 de julio de 2022: 'Anna Gabriel s'est présentée devant la justice espagnole' en cuya entradilla se afirma que la diputada catalana, acusada de desobediencia y rebelión, se juega (en España) hasta 30 años de cárcel.

De aquellos polvos, estos lodos. Aunque Diplocat no ha conseguido (todavía) la mediación del Gobierno suizo en la «crisis catalana», ha establecido en Suiza una red de apoyos con contactos al más alto nivel: dos de los ministros del Gobierno actual han tenido relaciones con Diplocat, importantes juristas ginebrinos se implican en una defensa jurídica de altos vuelos y la prensa regional se vuelca con los fugados, permitiéndoles disfrutar de una red de contactos que les da acceso a buenos puestos de trabajo. Además, lo ha conseguido sin réplica de la opinión pública, que se traga que sus trabajadores se vean representados por un sindicato dirigido por una persona que no ha trabajado ni una hora en el país como Anna Gabriel, y sirviendo de apoyo a las tesis antieuropeístas, en un momento de debate interno.

Todavía habrá más consecuencias. La consulta que el Departamento Federal de Justicia (OFJ) envió al juez García-Castellón, en respuesta a su petición de asistencia judicial, y que se filtró a la prensa española, atestigua el estado de la opinión pública suiza; la sospecha de que el proceso judicial contra los implicados en el 1-O y sus secuelas es un proceso político está ahí.

Para terminar, creo que es muy importante recordar la interpretación que del concepto de neutralidad hace este país en los momentos cruciales. Recordemos su actuación en las dos guerras mundiales, en los años de la Guerra Fría y ahora mismo, en la invasión de Ucrania. Y, desde España, no nos olvidemos de que el mismo país que concedía asilo político a Josep Tarradellas, permitió, bajo manto de neutralidad, que sus bancos prestaran una importante cantidad de dinero al ejército franquista en el 38. Unos meses después, se apresuró a reconocer el régimen de Franco (lo hizo el 14 de febrero de 1939, seis semanas antes del fin de los combates) obteniendo jugosos beneficios para sus empresas. Fue la segunda democracia europea en hacerlo, justo después de la católica Irlanda. Suiza es neutral.