Suiza, un país no tan neutral para hacer política nacional

Lluís Companys, idealizado por el independentismo catalán, impidió la compra de las armas con dinero público, pero la investigación no descarta que Josep Dencàs, ya entonces considerado uno de los líderes del fascismo catalán, consiguiera desviar dinero de la Generalitat para adquirir parte de los 30.000 fusiles deseados.

Esta trama, entre dramática y patética, que tiene como campo de juego la Confederación Suiza por considerarse neutral, aspecto que se ha convertido en un gran negocio, es un ejemplo de la fascinación (precisamente por ello) que el separatismo le profesa a un Estado que no es tan imparcial a la hora de afrontar la tensión nacionalista en Cataluña.

El PSOE de Pedro Sánchez, en el Gobierno y para mantenerlo, ha aceptado negociar con Junts y ERC en Suiza la redacción de leyes polémicas y de calado como la ley de amnistía, ya en trámite y escrita en Ginebra, así como explorar aspectos que no caben en la Constitución, como la realización de un referéndum de independencia y valorar ampliar privilegios como el concierto económico para la Generalitat. Por ello, este país se convertirá en 2024 en una extensión de la política nacional. Nunca nadie como Sánchez hizo tanto por la internacionalización de las demandas separatistas.

Pero, al margen de aspectos morales y formales, ¿es Suiza un escenario imparcial para una negociación con los independentistas? Hay indicios que apuntan a que las instituciones helvéticas –que promocionan y privilegian en sus normas la industria de la negociación internacional– están lejos de ser neutrales. Y, en el mejor de los casos para su reputación, el país es ambiguo y contradictorio desde antes del inicio del 'procés' catalán.

Durante años existió el intergrupo parlamentario Suiza-Cataluña (otros similares se formaron al menos en Reino Unido, Estonia y Finlandia), que estuvo liderado por el diputado socialista al que se trabajó Diplocat, Mathias Reynard. Este foro fue una caja de resonancia para la propaganda independentista y cogió el relevo de una propuesta, presentada por cinco parlamentarios en septiembre de 2015, en la que se exigía al Gobierno suizo que hiciera de mediador entre España y Cataluña. El Consejo Federal (Gobierno) no se opuso a intermediar, pero sí fijó una condición: que «todas las partes» lo manifestaran «expresamente». En todo esto jugaron un papel determinante Diplocat y el delegado de la Generalitat en Francia y Suiza entre 2014 y 2017, el periodista de TV3 Martí Anglada, que dejó la 'embajada' tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña y recuperó el salario en 2019 cuando Quim Torra lo contrató como asesor.

El papel del Partido Socialista suizo (SPS) es significativo y no solo por la buena sintonía de una parte del mismo con los independentistas. La 'fórmula mágica' de reparto del poder ejecutivo en Suiza le asegura dos ministros de siete. Su influencia es máxima. El giro del PSOE, situando como hombre de Estado a un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont, sumado a la situación de Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP), que se instalaron en Suiza en 2017 tras comprobar que el independentismo no conseguiría romper España, supone la derrota de la versión moderada de los dirigentes socialistas suizos. Rebecca Ruiz y Nuria Gorrite hicieron de intermediarias con los socialistas españoles para desactivar la propaganda nacionalista, incluso entre las filas progresistas.

Así, se impusieron las tesis de la socialista Simonetta Sommaruga, en el Consejo Federal entre 2010 y 2022 y responsable de Justicia cuando se pudo poner en marcha la petición de extradición contra Rovira, que finalmente no se activó ante la advertencia suiza de que no la concedería por considerar que sus delitos eran «políticos». Situándose así a favor de las tesis de los secesionistas catalanes, que defienden que los hechos del 'procés' son un ejemplo de represión ideológica y contra las libertades políticas básicas. Es decir, equiparando a España con un Estado autoritario.

La red con apariencia de arbitraje pero que cojea ostensiblemente no solo se centra en los políticos socialistas. Ignazio Cassis, liberal, responsable de Exteriores desde 2017 y presidente del Consejo Federal en 2022, figuró en el punto álgido del 'procés' –según la prensa local– como posible 'mediador' en el conflicto independentista. Pero Cassis tenía un pequeño inconveniente de neutralidad: era miembro del intergrupo parlamentario Suiza-Cataluña, simpatizante de las tesis separatistas.

Desde el 1 de enero, la ministra de Defensa, Viola Amherd (derecha), también es la presidenta del Consejo Federal. Amherd formó parte de este intergrupo parlamentario y de la delegación que se desplazó en abril de 2017 a Barcelona para analizar el 'procés'. Las personalidades que participaban de las actividades de Diplocat mostraron una indudable afinidad hacia los independentistas.

Amherd se reunió con Puigdemont y la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell. No se conoce crítica alguna de Amherd –no la realizó durante ni después del viaje– por los incumplimientos de los independentistas con, por ejemplo, las resoluciones del Tribunal Constitucional, que advertían de que no se podía llevar a cabo una secesión unilateral en España, siempre según el ordenamiento legal y constitucional.

A la conexión oficiosa del Consejo Federal (exteriores y defensa, así como la presidencia en varios periodos) con el movimiento independentista hay que sumar la simpatía que la extrema derecha suiza, o como mínimo sus dirigentes, ha mostrado con Puigdemont. En 2019, siendo este ya un fugado de la Justicia, fue recibido en Lugano por, entre otros, Marco Chiesa, por aquellas fechas miembro de la Cámara Baja suiza y poco después líder del partido de extrema derecha SVP-UDC. Actualmente, el SVP tiene dos ministros en el Consejo Federal.

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Pero Suiza no es tan distinta a España. No, al menos, en lo que se refiere al cumplimiento de las leyes. Lo que ocurrió en España no podría pasar en Suiza. Es decir, en el país supuestamente más democrático de Europa y de estructura teóricamente confederal, tampoco existe la secesión unilateral: los cantones no son soberanos y los referéndums tienen límites.

Los helvéticos han construido una industria de la mediación internacional con cierto impudor hasta el punto, por ejemplo, de activar la investigación contra Juan Carlos I, a petición de las autoridades judiciales españolas, pero advertir a estas de que no lo harían contra Rovira. La diferencia entre uno y otro caso podría radicar, desde el punto de vista de la industria negociadora, en el margen de beneficio.

Este es un asunto que el titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, trata de reactivar con el caso Tsunami Democràtic, cuya investigación se centra en Suiza como escenario desde donde se fijaron las líneas de actuación de la organización investigada por terrorismo por tratar de subvertir el orden constitucional y desestabilizar «económica y políticamente» España.

El artículo 299.2 del Código Penal suizo es muy explícito: «Cualquiera que, desde territorio suizo, intente causar disturbios mediante la violencia el orden político de un Estado extranjero será castigado con la pena privativa de libertad de hasta tres años o de una sanción pecuniaria». Pero choca con la estrategia que se fomenta desde las instituciones creando un perfecto ecosistema: se negocia en Suiza lo que no se puede hacer en Suiza.

El proyecto de estrategia de su política exterior (2024-2027) es un ejemplo de la simbiosis entre las instituciones y las organizaciones no gubernamentales. El país fomenta «los buenos oficios» para las negociaciones, «aprovecha su margen de maniobra» y «se basa en la Ginebra internacional como plataforma global para la cooperación y el diálogo». También lo reconoce la Oficina de Información Diplomática española. Sin embargo, con lo expuesto y la influencia del independentismo catalán en las instituciones del país alpino, la pregunta a hacerse es si Suiza es un lugar neutral para afrontar la negociación que el PSOE lleva a cabo con Junts y ERC.