Suiza cuestiona el caso Tsunami Democràtic y pide al juez información sobre la amnistía
Rechaza aportar los datos bancarios que ya negó en 2020 a García Castellón y elude dar la localización de Marta Rovira, como él solicitaba
Un jefe de grupo de antidisturbios se ofrece a declarar sobre lo sucedido en El Prat y Urquinaona
El juez de Tsunami se reafirma y Puigdemont seguirá investigado por terrorismo
Marta Rovira, en una imagen reciente
La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha contestado a la petición de cooperación jurídica que libró el pasado mes de noviembre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidiendo información de unas cuentas bancarias y la localización del domicilio de Marta Rovira ... , y lo ha hecho con un escrito que en apenas dos folios, cuestiona el caso Tsunami Democràtic, pide aclaraciones sobre la relación de la dirigente de ERC con las protestas y solicita información sobre el impacto de la ley de amnistía sobre ella.
En el escrito, al que tuvo acceso ABC, la Oficina Federal de Justicia helvética explica que antes de seguir adelante con la petición del juzgado debe «comprobar primero si tiene un carácter político» que impida a sus autoridades «conceder asistencia mutua». Pide por ello «información adicional».
Y en este sentido, recoge que tienen conocimiento por la prensa de que en España se está fraguando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes. «Agradeceríamos que su Ministerio (en relación a Justicia, que es quien recibe y envía los escritos de cooperación jurídica) o el Juzgado Central de Instrucción número 6 nos pudieran informar más sobre este tema», plantea.
Considera en concreto que «sería oportuno» que se le proporcionasen explicaciones sobre las «posibles consecuencias» de esa ley en los investigados por el caso de Tsunami Democràtic y sobre Rovira, porque no ven claro su nivel de implicación.
«En primer lugar, no entendemos por qué la localización de la Sra. Rovira requiere la vía de asistencia judicial recíproca, cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante la modalidad simplificada de asistencia mutua policial. Además, tampoco entendemos cuál es el propósito de esta localización«, dice Suiza al juzgado.
«La implicación precisa» de Rovira
Sobre ella, y «siempre desde el ángulo del principio de proporcionalidad», pide al juez que explique «la implicación precisa» que tiene en «las manifestaciones en los dos aeropuertos», El Prat y Barajas, que menciona en la comisión rogatoria, que incluye en el relato de hechos el asalto de la infraestructura en Barcelona y el conato que se produjo en Madrid durante el otoño de 2019.
Quiere que el juez concrete cuáles fueron las acciones de Rovira tanto sobre los funcionarios policiales españoles que constan en las actuaciones como perjudicados porque resultaron heridos en las protestas de Tsunami como en los daños materiales que causaron las mismas.
Por otra parte, en cuanto a «la proporcionalidad de la medida bancaria» que pedía el juzgado, Suiza le recuerda que ya pidió la misma información bancaria y se rechazó la petición. Cuestiona además que quiera movimientos hasta 2020 cuando las protestas lo fueron en otoño de 2019.
«Salvo que nos equivoquemos, su contenido es muy cercano al de la comisión rogatoria de 3 de diciembre de 2019 emanada del Juzgado Central de Instrucción 6, que resultó en una denegación de asistencia mutua por parte de nuestra Oficina», subraya el escrito.
La respuesta llegó al Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre y ha sido este martes cuando ha entrado en el Juzgado Central de Instrucción 6, según informan a ABC en fuentes jurídicas, que expresan su sorpresa por haber conocido en la prensa el resultado de una diligencia acordada por un órgano judicial en ejercicio de sus funciones.
Con la decisión de suspender la petición del juez Manuel García-Castellón, Suiza frustra de nuevo la posibilidad de investigar las cuentas bancarias que aisló la Guardia Civil tras analizar los móviles de varios investigados y desde las que se podría haber financiado Tsunami Democràtic o algunas de sus actividades, específicamente la protesta en el aeropuerto de El Prat.
En cuanto a Rovira, la negativa no tiene excesiva relevancia porque había devenido innecesaria en el momento en que ella se personó en la causa designando abogado y proporcionando un domicilio para las notificaciones, aunque el que diese esté en España y ella resida formalmente en Suiza.
Un policía de las UIP se ofrece a testificar
En paralelo, el juzgado sigue avanzando en apuntalar los indicios que según García-Castellón, lo serían de ilícitos de terrorismo. Hace sólo unos días se recibió escrito del jefe de grupo de una de las Unidades de Intervención Policial desplegadas tanto en El Prat como en la plaza de Urquinaona, donde se vivieron graves disturbios en el otoño de 2019 que dejaron varios agentes heridos de gravedad, como los tres que están personados como víctimas en la causa.
El funcionario de la Policía Nacional se ofrece al juez a declarar como testigo, porque, según razona, nunca ha sido llamado a procedimiento alguno para explicar lo que vivieron él y sus hombres aquellos días de protestas, y ante «las circunstancias actuales, tendentes a conseguir la impunidad de los autores de dichos hechos», según recoge el escrito al que tuvo acceso ABC.