Sira Rego critica la «opacidad» de los datos de acogida de menas aportados por Madrid

Lo que en teoría debería significar un nuevo paso adelante en un proceso que se ha dilatado más de un año, se ha convertido en un nuevo motivo de discusión entre el Gobierno y las autonomías presididas por el Partido Popular. En esta ocasión, la Comunidad de Madrid y Aragón.

La titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegura que su ministerio ha estado recibiendo los datos requeridos a las comunidades hasta la medianoche de este lunes, día en que terminaba el plazo. «La mayoría de comunidades autónomas nos han enviado los datos bien, pero ha habido asimetría a la hora de facilitar las cifras», ha asegurado la ministra haciendo referencia al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

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Según Rego, Madrid ha aportado unos datos generales que no se ajustan al requerimiento que hizo el ministerio. Si el Gobierno había solicitado número de plazas de menores ocupadas en este momento, la Comunidad de Madrid habría ofrecido el número total de infancia asistida en 2024.

Extrapolando esta situación al sistema hospitalario para ilustrar lo que quería decir, Rego ha explicado que el ministerio ha pedido un dato de camas ocupadas. «Lo que ha dado la Comunidad de Madrid no es eso, sino todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas asignadas».

Ante esta ofensiva de la ministra, fuentes de la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid sostienen que los datos aportados certifican la sobreocupación del 132% que vienen denunciando desde hace tiempo.

Preguntada directamente si «retorcer los datos» podría esconder una intencionalidad política, Rego ha respondido que de tratarse de un movimiento calculado, esto lo único que denota son cuestiones ideológicas «profundamente ligadas a planteamientos racistas».

Esa última coletilla iba dirigida en mayor parte al Gobierno de Aragón cuyo presidente, Jorge Azcón, anunció el pasado viernes que recurriría el requerimiento de datos del ministerio de Rego ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La titular de Juventud e Infancia ya ha adelantado en su comparecencia que no han recibido los datos de Aragón y que, más allá de la valoración política, esta decisión «dificultará la propuesta de reparto». En algunos casos, ha ahondado la ministra, «parece que sigan gobernando con Vox».

Rego no ha querido concretar qué otras comunidades no han aportado los datos con la exactitud del requerimiento que mandaron la semana pasada, solo le ha dedicado el dardo al Gobierno de Ayuso. Lo que sí ha dejado claro es que con datos inexactos no se puede llevar a cabo una tabla que se ajuste «a la realidad».

La dirección general de Juventud e Infancia ha abierto ahora un plazo para revisar, acreditar y esclarecer esos datos de cara a fijar cuántas plazas estructurales, o «capacidad ordinaria» como recoge el decreto, debe tener cada región. De no poder acreditar datos fidedignos de una comunidad autónoma, como en el caso de Aragón que no los ha presentado, la ministra aseguró que echará mano de los últimos datos oficiales de acogida de los que dispone el Gobierno, los de diciembre de 2023, lo que provocará que las tablas finales del reparto se hagan según datos desactualizados.