El Gobierno no esclarece cómo acogerá a los mil menores de Canarias que le exige el Supremo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este lunes en relación a la medida cautelar que «los ministerios competentes lo están analizando jurídicamente de cara a su cumplimiento», la misma respuesta que ya ofrecieron la semana pasada distintos miembros del Gobierno que también pertenecen a la comisión interministerial de inmigración. La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó que en ese mismo plazo de diez días se le informe de las medidas que se adopten en virtud del requerimiento, pero aún no se conocen.

Sobre las posibles soluciones que tantea el Gobierno para derivar a ese millar de menores al sistema de protección internacional, y consecuentemente destensar los centros de Canarias -que tutela en solitario a casi seis mil niños desde hace más de un año-, la titular de Migraciones emplaza la acogida de esos menores al futuro reparto aprobado en el Consejo de Ministros pactado hace dos semanas con Junts, incluyendo así a estos solicitantes de asilo dentro de los 4.400 que serán repartidos por todo el territorio español, un plazo que no se corresponde con el dispuesto por el Alto Tribunal.

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Preguntada directamente si eso implicará no asumir la tutela inmediata de los más de mil menores -mil quinientos según el presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria- Saiz incidió en la importancia de que la ciudadanía «conozca que el sistema de acogida y de protección internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparado para adultos», no para menores no acompañados. Algo similar deslizó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la semana pasada cuando aseguró que la tutela de esos menores está «absolutamente contemplada dentro del plan de la acogida digna (el decreto ley aprobado) que se pretende dar al conjunto de niños y niñas, con la especificidad de los solicitantes de asilo en este caso. Forman parte de esos casi 4.400, en principio, que están entre Ceuta y Canarias».

Desde el Gobierno insisten en que la condición de menor de edad prima por encima de la de solicitante de asilo y por ello la infancia migrante se aloja en centros de tutela autonómica. Pese a ello y tras analizar las atribuciones de ambas administraciones, el Supremo determinó que la competencia en materia de derecho de asilo es exclusiva del Estado. Sin embargo, los menores no acompañados que han solicitado la protección internacional no están accediendo a los sistemas de acogida estatales y siguen en centros de Canarias, que se encuentra «supliendo indebidamente al sistema de acogida del Estado» indicó el Supremo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, celebró el auto al poco de hacerse público afirmando que «Canarias tenía razón». «Tras año y medio de lucha, empezamos a recoger los frutos de las demandas justas y legítimas de las islas», aseguró. Clavijo insistió en que ahora el Ejecutivo debe ponerse en contacto con la consejería de Bienestar Social para comenzar a derivar a los menores, algo que también señala el Supremo, que pedía que ambas instituciones se coordinasen sobre el terreno. A cuatro días de que termine el plazo, fuentes del Ejecutivo canario aseguran que aún no han tenido noticias del Gobierno.