El Síndic de Greuges no tiene competencia para supervisar a la Generalitat «con carácter exclusivo»

El TC anula por completo el inciso del artículo 78.1 del Estatuto de Cataluña que hace referencia a esa exclusividad, ya que con esa condición «se haría imposible la actuación del Defensor del Pueblo respecto de la Administración catalana y se vulneraría el artículo 54 de la Constitución Española (que alude a que el Defensor puede supervisar la actividad de la Administración como garantía de las libertades y derechos fundamentales y dar cuenta a las Cortes), así que lo declara «inconstitucional y nulo ».

Las funciones del Defensor del Pueblo no se limitan a la Administración central «únicamente», según recoge la sentencia, sino que han de volcarse sobre «todo poder público distinto de la legislación y la jurisdicción sin excepción». «Tratándose en los derechos fundamentales, las garantías constitucionales han de serlo frente a todos los poderes públicos, pues a todos ellos, sin excepción, vinculan y someten», dispone. Si la garantía jurisdiccional no admite distingo en su proyección sobre el poder público autonómicio, tampoco la extrajurisdiccional del Defensor del Pueblo, dice la sentencia.