¿A quién beneficia más la sentencia del «Estatut»?

La purga del «Estatut» ha obligado a los partidos a elaborar un guión de respuesta que no mine el ánimo de los electores ni cambie su trayectoria de voto.

Tras la primera oleada de reacciones, el ambiente en el tripartito y CiU sigue caldeado. Y aunque estos cuatro partidos revistan su indignación de sensibilidad nacionalista, lo cierto es que los motivos son estrictamente electorales.

Ninguno quería una sentencia previa a las elecciones catalanas previstas para este otoño, pues son conscientes del agotamiento estatutario que tiene la ciudadanía. Los nacionalistas, que en ocasiones han coqueteado con los referendos de autodeterminación, saben que no pueden abandonar radicalmente el espacio centrista -ya lo hicieron en anteriores autonómicas con resultados adversos-, que ahora podrá patrimonializar el PP, la única formación dispuesta a abrazar sin matices la causa constitucional.

En cuanto al PSC, la formación de Montilla puede mantener el pulso reivindicativo junto a CiU hasta cierto punto, pues el choque con el PSOE ya le costó la Presidencia a Pasqual Maragall, al tiempo que una parte del electorado socialista catalán, por no decir el mayoritario -el que vota en el cinturón rojo metropolitano- no comulga con el soberanismo. Tarde o temprano, los equilibrios dentro del tripartito se harán insostenibles, aunque los socios del Gobierno catalán intentarán mantener la imagen de unidad hasta agotar la legislatura.

Ya han pedido al jefe del Ejecutivo regional un adelanto electoral. Montilla, lejos de convocar elecciones, ha solicitado una reunión con José Luis Rodríguez Zapatero para «rehacer el pacto político en 2006 posibilitó el "Estatut"». El líder del PSC se mantiene firme, no da la carrera por finalizada y sigue manteniendo una actitud de confianza para que Cataluña mantenga «todo su potencial de autogobierno».

ERC es el único partido que sale beneficiado con el fallo del TC. Las tesis separatistas de Puigcercós cobran fuerza con la sentencia y la independencia es ahora «un objetivo posible y más que realista». «Hoy constatamos que se cierra un proceso, porque las instituciones españolas no quieren que los ciudadanos de Cataluña tengan más libertades y, frente a esto, no podemos aceptar los recortes del TC. Sólo acatamos la voluntad del pueblo de Cataluña». Los republicanos, hundidos en los sondeos de intención de voto , han resurgido de sus cenizas gracias al discurso catastrofista que genera la purga del texto catalán. La fuga de votos hacia el partido de Puigcercós es, ciertamente, la cura que ERC necesita.

Volverán a ser víctimas del «cordón sanitario» del mundo nacionalista. Albert Rivera, presidente de Ciutadans, pide a Montilla que «asuma que es parte del Estado y si no está contento convoque elecciones». Por su parte, Sánchez-Camacho, sigue la línea trazada por la dirección general del partido, intentando minimizar el golpe y remarcando que «los catalanes sí tienen ahora una norma constitucional». Ambos partidos, claramente perjudicados en los sondeos, intentarán que su discurso cale también en el electorado más indeciso en favor de su beneficio.

Es muy probable que esa unidad «cuatripartita» entre PSC, ERC, ICV y CiU en defensa del Estatuto no vaya más allá de la manifestación convocada por Òmnium Cultural -la entidad soberanista más subvencionada por el Gobierno de José Montilla- para el próximo 10 de julio bajo el lema «Somos una nación».

Dentro de CiU, de hecho, ya hay disensiones, pues el presidente de UDC, Josep Duran Lleida, ha declarado que sólo un adelanto electoral es la vía adecuada para que la ciudadanía se pronuncie sobre el recorte estatutario, propuesta que Montilla se ha encargado ya de declinar.

De momento, esa sociovergencia anti-sentencia, buscada y necesitada por el PSC para reducir la fuga de votos, se ha traducido en una reunión con la finalidad de analizar la resolución judicial, que sigue generando declaraciones incendiarias. Como las del presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, quien habla de «crisis de estado». Según Benach, «el pueblo exige respeto a su voluntad de autogobierno y a su condición de nación».

No en vano, finalizada la aparente unión de los partidos -salvo PP y Ciutadans- tras la manifestación del próximo 10 de julio, es posible que los líderes cambien su guión unitario y los partidos velen armas ante la lucha electoral.