Sánchez situará en el Constitucional al exministro de Justicia que aprobó los indultos del 'procés'

El segundo nombre es menos conocido pero igual de importante en esta operación. Se trata de Laura Díez, que hasta el pasado mes de abril era directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Es decir, en dependencia jerárquica en última instancia de Félix Bolaños.

El Gobierno ya había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. La decisión era inminente y finalmente se ejecutará este martes.

Se da la circunstancia de que hasta hace apenas un mes el Gobierno estaba negociando con el Partido Popular un pacto con modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluida que iba en la línea de poner límites a las puertas giratorias entre la política y el mundo judicial. El compromiso del Ejecutivo con esos planteamientos queda patente que se hacía condicionado por el PP, que demandaba ese pacto global dentro de la negociación para renovar el CGPJ. Tras la ruptura de las negociaciones el Gobierno se ve liberado de esa voluntad de regeneración y mayor independencia de las instituciones.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha justificado la designación para el Tribunal Constitucional del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la antigua directora de Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Laura Díez, por su idoneidad como juristas y por su currículum. Bolaños ha definido a Campo como una persona de prestigio y «muy valorada, tanto en ámbitos de la izquierda como de la derecha. Y lo es porque es una persona dialogante, de consenso, equilibrada, profundo conocedor del Derecho y de la Constitución». Informa Mariano Alonso.

El ministro, además, ha asegurado que le hubiera gustado un nombramiento «simultáneo» con el de los otros dos magistrados que le corresponde nombrar al CGPJ, pero ha culpado del bloqueo que vive ese órgano a los «ocho vocales conservadores». Igualmente ha señalado que «nos hubiera gustado pactar con el PP la renovación del CGPJ», pero eso no fue posible, ha vuelto a decir, porque «su líder recibió presiones y no aguantó».

Preguntado sobre si se debe preservar la apariencia de imparcialidad en nombramientos de este tipo, o en los que se realizan para la Fiscalía General del Estado o el CGPJ, el titular de la Presidencia ha contestado que «poner en duda la imparcialidad, en general, de los magistrados que nombra el Gobierno creo que es demasiado decir. A mí me parece que el Gobierno nombra a personas, como es el caso, absolutamente idóneas para el puesto, con unas trayectorias profesionales que les hacen merecedores de ser magistrados del TC y, sinceramente, creo que tienen exactamente la misma imparcialidad que tenían Pedro González Trevijano y Enrique López hace nueve años, cuando fueron nombrados por el anterior Gobierno«. Se da la circunstancia de que esos nombramientos (López es ahora consejero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid) fueron criticados por el PSOE en la oposición.

Fuentes del Gobierno aseguran que el TC no podrá detener la designación de estos dos nuevos magistrados, aunque sí paralizarla temporalmente hasta que el CGPJ en funciones nombre a los otros dos magistrados que le corresponden dentro del tercio de miembros del Alto Tribunal que toca ahora renovar.