Laura Díez, de la cocina de Moncloa, el Estatuto y la inmersión lingüística al Tribunal Constitucional

Díez Bueso (Barcelona, 1969) es doctora y catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB). Antes de trabajar para el Gobierno fue directora del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la UB (2016-2018) y vinculada a la docencia universitaria, principalmente en la UB, desde el año 1992.

Tiene, por tanto, una trayectoria académica y jurídica que la dibujan en un primer momento un perfil más técnico que político. Pero esa realidad es un espejismo, porque su vínculo con los socialistas en innegable y de largo recorrido. Sobre todo, porque forma parte de este Gobierno desde los primeros compases de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. De 2018 a 2020 fue la directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Su superior inmediato era José Antonio Montilla, una de las principales referencias del equipo de Carmen Calvo como vicepresidenta primera del Gobierno.

Después pasó al último puesto que ocupó en La Moncloa, hasta el pasado mes de abril, como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Un puesto desde el que, en dependencia en última instancia del ministro Félix Bolaños, vivió en la sala de máquinas de un departamento que revisa y coordina toda la acción legislativa del Ejecutivo desde el punto de vista del detalle jurídico.

Pero antes de trabajar en la cocina del Gobierno de Sánchez, Díez Bueso ya tenía acreditado un vínculo innegable con los socialistas. Entre 2002 y 2004 trabajó como asesora para el Govern de la Generalitat de Cataluña para la reforma del Estatuto de Autonomía (que trató de 'independizar' un hipotético poder judicial catalán). Un asunto que tuvo conocidos conflictos de constitucionalidad y que puede volver en el futuro dado que una nueva reforma del Estatuto está en la hoja de ruta de los socialistas a medio y largo plazo. Tras esta tarea fue nombrada adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña, el defensor del pueblo autonómico.

Pero su perfil político no termina aquí. Se ha mostrado a favor de la inmersión lingüística obligatoria en catalán y de que las regiones tengan más autonomía de la que ya disponen. Un puesto que Díez Bueso dejará en breve para incorporarse al Constitucional es el de la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña (CGE) -el órgano no vinculante de la Generalitat para la aprobación de leyes-. Está en el cargo desde mayo de 2022, tras salir de La Moncloa, gracias a los votos del PSC, ERC y Junts en el Parlamento de Cataluña.

Ha sido durante su breve paso por el CGE cuando se ha posicionado claramente a favor de mantener el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán. Díez Bueso solo ha tenido la oportunidad de votar dos dictámenes en el órgano consultivo de la Generalitat, los dos relativos al decreto-ley y la ley de lenguas oficiales, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera inconstitucionales, posicionándose -como el resto de miembros del CGE- a favor de su legalidad.

Esta circunstancia hará, en principio, que Díez Bueso no pueda deliberar sobre la constitucionalidad de las dos normas -por incompatibilidad- que están ya en la mesa de los magistrados del Constitucional, pues no solo se ha manifestado a favor de ellas sino que los dictámenes del CGE (del 7 y el 20 de junio de este año) figuran como argumentos de las partes en el proceso que debe determinar si el decreto-ley y la ley aprobados por el Govern y el Parlament (que mantienen la inmersión obligatoria) son constitucionales.

En los últimos años, la ahora candidata del Gobierno de Sánchez a magistrada del Constitucional se ha ido especializando en estudiar los límites de la libertad de expresión en las redes sociales de internet, ha formado parte del grupo de expertos para la elaboración de la Carta de derechos digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020-2021 y ha opinado sobre los derechos constitucionales de los inmigrantes en España.

Entre sus líneas de investigación, sin embargo, una destaca por encima del resto: profundizar en los Estados descentralizados. Así, formó parte del equipo de dirección del anuario 'Informe Comunidades Autónomas' (2013-2018), que aboga por mayor competencia para las regiones en España. En esta línea, Díaz Bueso es considerado uno de los discípulos de Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy cercano al PSC y fallecido este verano a los 76 años de edad.

Con Aja y con el que entre 2018 y 2020 fue su jefe en Moncloa, José Antonio Montilla, publicó un breve documento sobre la reforma de la Constitución. Básicamente, la Carta Magna debía retocarse para que las autonomías tuvieran más competencias, una financiación autonómica en clave confederal (es decir, lo más parecido al concierto vasco y navarro), más participación de los gobiernos autonómicos en Europa y el reconocimiento de los derechos diferenciales de las regiones; así como el abordaje de una reforma del Senado al estilo de la cámara alemana Bundesrat.

En este contexto, cabe destacar la intervención que llevó a cabo en 2013 en un foro de la Fundación Rafael Campalans, vinculada orgánicamente al PSC, en la que puso de manifiesto lo sucedido en Canadá, respecto a los reclamos de independencia del Québec, y en el Reino Unido, en relación a la convocatoria del referéndum de secesión en Escocia. El título de la charla no deja muchas dudas de la intención: '¿Qué podemos aprender de Canadá y Escocia?'.

Entre tanto ha ejercido cargos académicos en la UB, además de los ya citados: directora del Diploma de Posgrado en Derecho Público (2015-2017); directora del Máster en Estudios Jurídicos Avanzados (2014-2015); y delegada del rector para la ordenación normativa (2011-2013).

En su currículum oficial también figura ser experta en derechos humanos del Crisis Bureau's Deployment Mechanism-United Nations Development Programme, roster del que forma parte desde 2016; International Expert in Human Rights, nombrada por la ONU en convocatorias de los años 2013 y 2015 (Turkmenistán); 'short term expert' del Proyecto Euralius de la Comisión Europea en 2012 y 2013 (Albania); 'short term expert' de dos Twinning Projects financiados por la UE en los años 2009 y 2013 (Serbia y Turquía), y experta en Gobernanza Democrática de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-OSCE, nombrada en el año 2008 (Serbia).