Los jueces, sobre los nombres de Sánchez para el TC: «Es más desprestigio y desconfianza»

La presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, considera que «no parece razonable que quienes han formado o forman parte del Gobierno sean nombrados por éste para ir al TC y controlar, entre otros, los actos del propio Gobierno». Avisa de que eso «genera desconfianza en las instituciones» porque, «cuando el ciudadano percibe que un órgano de control está politizado, deja de creer en ese órgano y se deslegitiman sus resoluciones».

La magistrada Del Barco recuerda que se trata de un episodio muy similar al de Dolores Delgado, a la que Sánchez puso al frente de la Fiscalía General del Estado también tras dejar el Ministerio de Justicia: «No se trata ya de valorar en concreto la valía de los propuestos, sino de si esto fortalece al TC o incrementa su imagen de politización». Por eso la presidenta de la APM apuesta por que los órganos de control estén integrados por «personas independientes e imparciales» y recuerda que Campo y Díez han formado parte del Gobierno que tiene reformas legales pendientes de ser resueltas por el propio TC para el que han sido nombrados.

El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, califica estos nombramientos como «un paso más en el proceso de destrucción de la confianza en nuestras instituciones». Y advierte de que ese proceso «comenzó hace ya bastantes años», antes incluso del Gobierno de Sánchez, pero apunta que «se ha acelerado de forma dramática en este último periodo».

El portavoz de la segunda asociación de jueces más representativa se cuestiona «hasta dónde van a llegar los partidos políticos en su asalto a las instituciones del Estado». Y plantea otra pregunta retórica: «¿No hay personas capaces sin vinculaciones partidistas en este país que puedan desempeñar las altas magistraturas sin comprometer la imparcialidad de la institución?» Así, Fernández Vaquero lamenta que «todo lo que está sucediendo en torno a las designaciones para los órganos constitucionales es muy triste y responde a una visión muy poco respetuosa con la democracia misma».

En términos similares ha reaccionado Foro Judicial Independiente (FJI). Su presidente, el también magistrado Fernando Portillo, señala que el nombramiento de Campo «no responde a cuestiones de mérito y capacidad, sino a la relación personal y afinidad ideológica con quien lo nombra». En ese sentido, Portillo recuerda que el exministro «no ha tenido relación profesional con el mundo del Derecho desde que pasó a la política», por lo que denuncia que se trata de «una muestra más de cómo funcionan en nuestro país las puertas giratorias».

El presidente de FJI se refiere a que Campo lleva tres décadas sin ejercer como juez, salvo el último año, cuando se incorporó a la Audiencia Nacional tras ser apartado por Sánchez del Ministerio de Justicia. «Parece que estamos abocados de un tiempo a esta parte a una degradación de las instituciones, a las que van los mejor colocados y no los mejor preparados». E incide en la «sospecha de parcialidad» que se arroja sobre el Tribunal de Garantías con nombramientos tan significados e identificados políticamente.

ABC también ha preguntado por este asunto a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que explica que debe debatirlo en sus órganos de representación antes de fijar una postura oficial y pública al respecto.