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Sánchez 'sentencia' que no hay delitos de terrorismo relacionados con el 'procés'

El presidente trata de insuflar optimismo sobre el futuro de la legislatura y evita confrontar con Junts

Junts marca el paso a ERC con la ley de amnistía y la fuga de Wagensberg

Órdago de Puigdemont a Sánchez: amnistía total o Gobierno en minoría

Pedro Sánchez durante la rueda de prensa en Bruselas por el Consejo Europeo extraordinario EFE
Mariano Alonso

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Pedro Sánchez se pronunció hoy por primera vez sobre el frenazo a la ley de amnistía del pasado martes, cuando los siete diputados de Junts per Catalunya impidieron con su ‘no’ que la norma saliese adelante en el Congreso de los Diputados. Lo hizo en la rueda de prensa a la conclusión del Consejo Europeo extraordinario, donde sentenció que, «como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es». Un aserto que pasa por alto o pretende invalidar las causas abiertas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el caso de Tsunami Democràtic -que incluye a Carles Puigdemont y a la también prófuga secretaria general de ERC, Marta Rovira- o las acusaciones de la Fiscalía contra los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

El jefe del Ejecutivo, incluso, se anticipó a eventuales decisiones judiciales al respecto, cuando aseguró que «yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados. Porque no son terroristas», remarcó.

Sánchez, que concedió tres turnos de palabra a los corresponsales y periodistas españoles, evitó en todo momento confrontar con Junts o reprocharle directamente, siquiera, su frenazo a la ley que sustenta la legislatura y que condiciona también la negociación en ciernes de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados de momento dado el calendario electoral del año pasado, que forzó al Gobierno a permanecer en funciones hasta noviembre, cuando se sustanció la investidura del líder del PSOE.

Con un tono por tanto muy distinto al empleado el martes tras la votación de marras por el biministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños -quien tachó de «incomprensible» el rechazo de los de Puigdemont a la ley de amnistía que su propio grupo había enmendado para incluir los delitos de terrorismo-, Sánchez salió en defensa de la norma que concedería el olvido legal para quienes violentaron la Constitución y el Estatuto en 2017. Y lo hizo enumerado las tres cualidades que a su juicio posee. Es una ley, explicó, «valiente», «reparadora» y «constitucional» y por ello, argumentó, «el objetivo fundamental es que del Congreso salga así. Igual de valiente, sin duda reparadora y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aprobada». Sus palabras siguen la línea discursiva con la que el Ejecutivo trata de plantarse ante las nuevas exigencias para blindar aún más la amnistía, por ejemplo a los posibles delitos de traición relacionados con la injerencia de Rusia en actores del ‘procés’, como algunos colaboradores de Puigdemont.

En el mismo tono conciliador con sus socios, Sánchez aseguró que «todos hemos cedido» en la negociación de la amnistía. Y puso especial énfasis, en advertencia velada a Junts, en subrayar que la norma «ha sido un proyecto de ley muy laborioso, que hemos trabajado en el Parlamento, que se ha acordado con seis formaciones políticas distintas y con dos diputados del Grupo Mixto». Al tiempo que puso en valor la necesidad de «mantener la templanza, y también la contención, para llegar a un acuerdo».

El líder de la oposición le respondió: «Lamento tener que recordar que el presidente del Gobierno ni pone ni quita etiquetas de terroristas. Eso le corresponde a la Justicia. En todo caso, si no existe ese delito, no se explica para qué quieren amnistiarlo», ironizó Feijóo en sus redes sociales. Transcurridos dos meses desde su investidura, el inquilino de La Moncloa ha experimentado apuros más que evidentes para poner en marcha su nuevo mandato, como quedó de manifiesto con los dos decretos aprobados tras un acuerdo ‘in extremis’ con Junts el pasado 10 de enero, cuando además los diputados de Podemos tumbaron un tercer decreto en materia de Empleo. Aunque Sánchez trató ayer de insuflar optimismo en sus filas, admitió la «complejidad» de su nueva etapa al frente del Gobierno y presumió de no haberla negado nunca. Si bien quiso dejar claro que tampoco la pasada legislatura, que se inauguró con la coalición hasta entonces inédita con Unidas Podemos, fue fácil, dado que hubo que enfrentar «una pandemia, una guerra y un choque inflacionista».

Sánchez, por último, presumió de que el PSOE es el adecuado para encarar esa difícil aritmética parlamentaria, en una situación en la que por primera vez en la historia democrática -salvo el breve periodo posterior a la moción de censura de 2018- gobierna el partido que quedó segundo en las elecciones. «Los únicos capaces de gobernar y gestionar esa complejidad somos nosotros», sintetizó. Y es que, desde su óptica, la oposición no tiene alternativa o, si la tiene, «es para echarse a temblar», exclamó, aludiendo a «la ilegalización de partidos políticos, el encarcelamiento... un 155 permanente. Es decir: volver a 2017». El líder socialista calculaba llegar a la campaña gallega, que comenzó anoche, con la amnistía resuelta. Pero finalmente no será así.

Primer paso para reconducir la situación y que se pueda aprobar la ley de amnistía con las exigencias de Junts, que incluyen todos los actos de terrorismo. Así interpreta la dirección de la formación que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica las palabras de Pedro Sánchez. «Valoramos positivamente las declaraciones del presidente del Gobierno español», señaló Jordi Turull, secretario general de Junts, respecto a lo manifestado por el socialista en Bruselas.

«Coincidimos en que no ha habido en ningún caso terrorismo dentro del independentismo y que todos los independentistas han de ser amnistiados. Justamente por esto, ahora que estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer ahora es blindar la ley y no dejarlo en las manos de la arbitrariedad de algunos jueces que quieren marcar la agenda política», dijo desde Matadepera (Barcelona), defendiendo también el ‘no’ de Junts en la votación del martes.

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