Sánchez esquiva el colapso, pero sigue sin presupuestos a la vista

Mientras, el Ejecutivo de PSOE y Sumar sobrevive sin presupuestos generales del Estado (PGE). Y la famosa frase que le dedicó el general Sabino Fernández-Campo a su homólogo José Juste el 23-F, «ni está ni se le espera», se empieza a aplicar con normalidad a las cuentas públicas. Antes, la convocatoria electoral era una regla no escrita, al menos en el ámbito nacional, en el caso de no lograr sacar adelante los PGE. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolvió las Cortes en 2019 y adelantó los comicios cuando ERC provocó el naufragio de su proyecto presupuestario. La perspectiva electoral, entonces, era otra.

Sánchez consiguió ser investido en 2023, a pesar de perder las elecciones frente al PP de Alberto Núñez Feijóo, gracias a saltarse su principal promesa electoral: que no iba a conceder al independentismo catalán la ley de amnistía que reclamaba por el 'procés', porque, decía entonces, era «claramente inconstitucional». En esta legislatura se han sucedido las cesiones al separatismo casi al mismo ritmo que los escándalos judiciales que golpean al Gobierno, con el exministro José Luis Ábalos, la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su único hermano, David Sánchez, defendiéndose en los tribunales por sendas imputaciones en distintos casos de corrupción.

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El jefe del Ejecutivo justificó en su día la amnistía como un mal menor para obtener una estabilidad a cuatro años vista. Una contrapartida que no ha recibido el Palacio de la Moncloa en ningún momento, con una continua sucesión de derrotas parlamentarias, algunas en leyes importantes como la del suelo, extranjería o el intento del PSOE de perseguir el proxenetismo. «Antes contábamos las derrotas del Gobierno, pero acabamos perdiendo la cuenta», bromeaba esta semana un diputado del PP.

Los presupuestos no aparecen en el horizonte y aun así el Gobierno respira aliviado estos días, con la sensación de haber salvado un 'match ball' al haber reconducido su relación con el prófugo Carles Puigdemont, actor 'sine qua non' de la legislatura. El lunes, PSOE y Junts cerraron por fin, más de un año después, el acuerdo para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Habrá que ver si la ley que registraron llega a buen puerto, porque Podemos no parece por la labor y en Sumar ha abierto grietas, pero tampoco esto último parece que acerque los presupuestos.

«He leído que si se cerraba la carpeta de la inmigración, se desbloqueaban los presupuestos. No. Desvinculamos al doscientos por ciento una cosa de la otra», trasladan fuentes de Junts, que dicen que las cuentas estatales ni se han puesto sobre la mesa. En el Gobierno ya no se tiene el optimismo de hace unos meses, o no se traslada ni en privado, y se evita afirmar, como se hacía antes, que los PGE terminarán aprobándose. Seguir hasta 2027 sin ellos es una opción que se contempla y se normaliza sin pudor.

El peor momento de la legislatura, vivido a finales de enero, se considera superado. Entonces Junts provocó la derogación de dos reales decretos leyes, el energético -que era una derrota casi pactada en la que los aliados de derechas del Gobierno se impusieron a los de izquierdas- y el ómnibus que contenía, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones. Una semana después, comenzó la remontada: se aceptaba tramitar la iniciativa de Junts que pedía a Sánchez una cuestión de confianza -que el partido terminó retirando- a cambio de su apoyo a un ómnibus reducido. En las dos últimas semanas, promesa a ERC para la quita de deuda de más de 17.000 millones de euros a Cataluña y a Junts para delegar competencias de inmigración. Oxígeno para un Ejecutivo sin presupuestos.