Sánchez blinda a Puigdemont y abandona a los policías con la ley de amnistía

El precio para obtener ese horizonte de estabilidad era conocido, y el jefe del Ejecutivo lo ha pagado sin apenas regateos a quien se lo suministra. La enmienda transaccional pactada entre el PSOE, Junts per Catalunya y ERC (en un papel secundario en toda la negociación) ahonda en blindar más a Carles Puigdemont,-en relajar los supuestos para ser amnistiado y en ampliar el plazo temporal de los delitos y faltas que se perdonan, hasta abarcar muchas de las causas «contables» –como las definió ayer mismo el biministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños– relacionadas tanto con el proceso independentista de 2017 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año como, también, con la anterior consulta ilegal, la del 9 de noviembre de 2014.

Todo atado, y bien atado, para los dirigentes independentistas que violentaron la Constitución y el Estatuto autonómico hace siete años para proclamar unilateralmente una independencia que ningún país del mundo reconoció. Pero no así, por ejemplo, para los policías que, cumpliendo órdenes, actuaron el 1 de octubre en algunos centros de votación. En la enmienda transaccional del artículo 2 b), que detalla las exclusiones que afectan a la amnistía del artículo 1, se añaden unas líneas que desprotegen a los policías que con el anterior redactado sí podían acogerse a la norma. Así, antes quedaban excluidos «los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes», tal y como señala el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que dejaba fuera prácticamente a todos los policías encausados actualmente.

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Pero en la enmienda se incorpora un añadido: «A excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física». Es decir, aunque no sean delitos de torturas pero sí superen «un umbral mínimo de gravedad» (que es algo subjetivo) quedarán fuera de la ley.

Naturalmente, hay otra parte del precio político pagado por Sánchez al independentismo, que es la de jalonar aún más su hemeroteca de afirmaciones que se compadecen bastante mal con la realidad actual, si bien esto último parece ya bastante descontado desde que el jefe del Ejecutivo acuñó la doctrina de los «cambios de opinión» para justificar cualquier giro discursivo.

Hace menos de un año que el presidente negaba que la amnistía fuese posible e incluso deseable, mucho menos desde que fuentes de su Gobierno limitasen enormemente su alcance –descartando por ejemplo que estuviesen entre los amnistiados los miembros de los Comités de Defensa de la República, los CDR,– y apenas meses o semanas desde que los portavoces socialistas parecían plantarse en el redactado de la norma que se votó el pasado 30 de enero, y que Junts devolvió con su voto negativo a la comisión de Justicia. Incluso este mismo lunes la portavoz socialista, Esther Peña, afirmaba sin atisbo de duda en su rueda de prensa semanal que no habría cambios en la ley, lo que reiteraba ante varias preguntas.

El propio Sánchez dijo el pasado 5 de febrero en La Sexta que «no es nuestra intención tocar el texto», en una entrevista donde incluso puso en circulación la propuesta, hoy ya casi olvidada, de compensar a Puigdemont con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar la acción de los jueces de instrucción, siempre en la diana del independentismo. Ni siquiera eso sirvió. Puigdemont siguió apretando las tuercas de Moncloa hasta lograr una amnistía a su medida, como ayer quedó certificado.

La amplia enmienda transaccional negociada por el gurú jurídico del expresidente catalán, Gonzalo Boye, hace abierto desprecio del Código Penal español y guiños constantes a la normativa europea. Singularmente en lo que se refiere al terrorismo, la cuestión en la que ya en enero los independentistas lograron que el Gobierno aceptase amnistiar todos los delitos de ese tipo vinculados con el 'procés', tanto los de los CDR como los de las algaradas violentas de Tsunami Democràtic en otoño de 2019, después de la sentencia del Tribunal Supremo (TS).

También se relaja lo referente a la malversación, pues también podrá haber amnistiados por ese delito, siempre que no hayan incurrido en lucro personal o, más afinado aún, incremento patrimonial. Otro de los aspectos que han ocupado buena parte de la negociación es lo referente a los delitos de traición, y que tienen que ver con las injerencias de Rusia en el 'procés', también objeto de causas judiciales abiertas que afectan a Puigdemont y su entorno. Sobre este particular se añade de nuevo otro punto por entero nuevo a la norma, el F, y de nuevo con la intención de rebajar la causa que quedaría fuera de la amnistía, ante la evolución de la causa judicial.