La Comisión de Justicia da luz verde al nuevo dictamen de la ley de amnistía que se aprobará en el Pleno del día 14

La ley del perdón legal a los investigados por el 'procés' se debatirá en el próximo Pleno del Congreso del 14 de marzo, el jueves que viene, en una sesión plenaria monográfica. Luego, será remitida al Senado donde el PP se servirá de su mayoría absoluta para retrasar el máximo posible su aprobación definitiva. No obstante, no podrá hacerlo más de dos meses, así que la entrada en vigor de la amnistía está prevista para finales de mayo.

El debate en la Comisión de Justicia ha empezado con el ambiente crispado. Partido Popular y Vox han pedido suspender sin éxito la sesión. La número dos del PP, Cuca Gamarra, ha tildado las transaccionales de «pactos extraparlamentarios» y solicitado a la Mesa del órgano calificarlas y paralizar el debate para tener tiempo de analizarlas.

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El presidente de la Mesa de la Comisión de Justicia, el socialista Francisco Lucas, ha hecho un receso de media hora para estudiar la solicitud del PP, sin embargo, se ha decidido continuar por tres votos a favor y dos en contra. Lucas también ha rechazado la petición de paralización del portavoz de Vox en el órgano, Javier Ortega Smith, que insiste en que la norma decayó en el Pleno del 30 de enero porque la votación en su conjunto de la ley de amnistía superó la mayoría absoluta en contra y que, por tanto, asegura la oposición, no debería volver a la comisión. Tanto Gamarra como Ortega Smith han esgrimido que no existe precedente de una proposición de ley que haya decaído en el Pleno y vuelva a su correspondiente comisión.

«No hay estándar democrático ni español ni europeo que valide esta tropelía, que lo que representa es un absoluto ejercicio de corrupción política porque vienen a amnistiar los delitos que una democracia y un gobierno deberían estar protegiendo», ha denunciado Gamarra en su intervención. La popular asegura que con esta ley «no se cierra nada, como dice el PSOE», sino que, por el contrario, «será el punto de partida» para que los independentistas vuelvan a poner en jaque la unidad del país.

Ortega Smith se ha expresado en el mismo sentido, aunque en un tono más duro: «Esto es una repugnante compra de votos; primero, para lograr la investidura, y ahora, para lograr aprobar los Presupuestos de Sánchez. Es la mayor corrupción que se puede hacer en democracia y además es una descarada declaración de impunidad». Y ha continuado: «No es un punto final, es un punto de inicio, volverán a dar un golpe de Estado y desgraciadamente ahora con la colaboración del Gobierno de España».

De hecho, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, así lo ha planteado en su intervención: «Esta ley nos permitirá volver a un punto de partida para avanzar todos juntos hasta este horizonte de libertad para nuestro pueblo, que es lo que queremos, y eso hay que hacerlo a través de un referéndum de autodeterminación». La de Esquerra ha insistido en que nunca se cometió ningún delito en Cataluña y ha acusado al Gobierno y a la Justicia de ejercer «una represión salvaje» contra los partidos independentistas.

En ataques a los jueces y a la derecha tampoco se ha quedado corto el portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, reprochando una supuesta guerra sucia a los tribunales e intentos de la magistratura de intentar influir en la vida política. Al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Pisarello le ha acusado de «carecer de valentía» para apartarse de las posiciones «incendiarias» de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de Vox. Y el de Sumar también ha cargado contra el PP por ser «un separador de los pueblos en nombre del nacionalismo más mezquino, autoritario e hipócrita».

Josep Maria Cervera, de Junts, ha celebrado que el acuerdo alcanzado con el PSOE supone una «amnistía total y de aplicación inmediata que no va a dejar a nadie fuera». Desde Junts explican que el informe de la Comisión de Venecia les ha servido para poder ajustar el redactado legislativo a los dictámenes europeos. Lo ha dicho como burla al PP, al que acusa de haber querido «instrumentalizar» al organismo europeo para frenar la amnistía. No obstante, el informe de la Comisión de Venecia sugiere que se necesita una reforma constitucional y critica el procedimiento de urgencia elegido por el Gobierno, así como que no debe cubrir a individuos específicos.

Francisco Aranda, del PSOE, ha insistido en que el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista tienen un «compromiso firme y político con la desjudicialización» del 'procés' y en que la amnistía es «valiente» y «democrática» para avanzar en «una solución pacífica y en la convivencia en Cataluña». Mikel Legarda, del PNV, ha considerado que «es un paso político en la buena dirección» y que «no pone en riesgo el Estado de derecho ni la separación de poderes».

Jon Iñarritu, de Bildu, lo celebra también porque «se desjudicializa lo que nunca debió de ser judicializado» y «se resuelve por la vía del diálogo». Además, Iñarritu ha criticado al PP por negociar con Junts y estudiar la posibilidad de la amnistía y los indultos durante las conversaciones para la investidura fallida de Feijóo, a pesar de que ahora critican el texto. Martina Velarde, de Podemos, también ha manifestado su apoyo a la amnistía, así como criticado a los populares. Pero ha lamentado «la falta de cortesía parlamentaria» del PSOE por no contar con Podemos para desarrollar las enmiendas.