Ley de amnistía: las claves y los cambios del acuerdo de PSOE, Junts y ERC

Este jueves, la Comisión de Justicia ha aprobado un nuevo dictamen de la ley de amnistía. Inicialmente estaba previsto que la norma se aprobase en el Congreso el 30 de enero, pero Junts se posicionó en contra en la votación de conjunto y provocó su regreso a la comisión, que tenía un plazo de un mes para emitir otro texto. El Pleno deberá ahora pronunciarse de forma definitiva, pero el acuerdo entre PSOE, ERC y Junts garantiza que esta vez sea aprobada. Después, se remitirá al Senado.

Aunque Vox está planteando la posibilidad de que el PP se niegue a tramitar la ley de amnistía y eleve un conflicto institucional al Tribunal Constitucional, en principio la Cámara Alta no tiene la capacidad de paralizar la norma ni de evitar su aprobación. Los populares ya hicieron un cambio en el Reglamento del Senado para que, a pesar de haberse tramitado por el procedimiento de urgencia en el Congreso, se pueda discutir sin atenerse a ese ritmo. Una vez pase al Senado, habrá dos meses hasta su devolución al Congreso. La Cámara Alta podría aprobarla directamente, pero el PP se valdrá de su mayoría absoluta para modificarla por completo. Después, la Cámara Baja deberá votar las enmiendas del Senado, que con toda seguridad serán rechazadas por Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios.

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Mariano Alonso

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La ley busca que la amnistía tenga un efecto inmediato y que sea de aplicación el olvido legal del 'procés' en cuanto entre en vigor, pero los partidos de la oposición la recurrirán al Tribunal Constitucional y los jueces plantearán cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas sobre la constitucionalidad de la norma. El propio PSOE decía antes de las elecciones del 23J que era «claramente inconstitucional». La jurisprudencia dice que la aplicación de una norma se detiene cuando se eleva una cuestión prejudicial a Europa, pero fuentes de Junts garantizan que con los cambios introducidos en la redacción —ya la primera vez que se discutió en la Comisión de Justicia— para explicitar que esas preguntas no afecten a la «aplicación inmediata». Los jueces tendrán la última palabra.

Junts votó en contra de la ley de amnistía el 30 de enero, provocando su regreso a la Comisión de Justicia al no alcanzar la mayoría absoluta exigida para una norma de carácter orgánico, precisamente por no estar de acuerdo con incluir el terrorismo entre los delitos excluidos de la amnistía. Aun así, de facto, la norma socialista ya blindaba en origen el terrorismo del 'procés' porque solo excluía los casos en los que hubiese «sentencia firme».

El avance del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en las pesquisas sobre el caso de Tsunami Democràtic, en el que están investigados los prófugos Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC), provocó nerviosismo en el independentismo e hizo que ya se modificase la redacción de ese artículo, a pesar de que el PSOE dijo que no se iba a hacer. En vez de excluirse solo los casos con sentencia firme del olvido legal, pasaron a dejarse fuera únicamente aquellos en los que de manera directa se hubiese buscado matar o torturar a alguien. Tras ello, el juez García-Castellón dictó un auto en el que se abría la puerta a que esos supuestos se hubiesen dado en el 'procés' y Junts creyó que no había suficientes garantías.

Los neoconvergentes querían suprimir directamente la alusión al terrorismo en la amnistía, para que quedasen cubiertos todos los supuestos por este ilícito, pero el PSOE se negaba a ello por considerar que esto podía provocar que la norma no superase el examen del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La redacción final solo suprime las alusiones al Código Penal, algo que según Junts cree que deja a los jueces sin margen para «interpretaciones imaginativas».

El nuevo texto dice lo siguiente: «Los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». Esos dos artículos recogen básicamente el derecho a la vida y la prohibición de las torturas y ya estaban en la anterior redacción. Ahora se eliminan las referencias a la legislación española.

En el texto anterior se excluía la traición que amenazase la independencia de España de los hechos amnistiables, pero ahora se profundiza en este punto y se añade expresamente esta coletilla: «Siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza». Esto responde a la necesidad de blindar a Puigdemont ante el supuesto de que algún juez pudiese imputarle este delito por las conexiones rusas del 'procés', que abrirían la puerta a la colaboración con una potencia extranjera para desestabilizar el país.

La ley de amnistía, hasta ahora, impedía la devolución de las multas ya abonadas como consecuencia de los delitos cometidos durante el 'procés', a pesar del olvido legal de las causas que las acarrearon. Ahora se añade una salvedad: las sanciones al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', a excepción de las impuestas «por sanciones muy graves».

El PSOE ha aceptado incluir en una de las enmiendas transaccionadas, en el punto en el que se excluyen los delitos de torturas, una salvedad: «A excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una discriminación de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física». Junts interpreta que esto sirve para dejar fuera de la amnistía a los policías que se ensañasen a propósito contra los manifestantes, buscando ocasionarles un daño físico.

Inicialmente, se amnistiaban todos los delitos relacionados con el 'procés' entre el 1 de enero del 2012 y el 13 de noviembre del 2023. Esto buscaba incluir también las causas por la consulta ilegal del 2014, previa al referéndum y la declaración unilateral de independencia del 2017, pero fuentes de Junts aclaran que con la nueva fecha de inicio, el 1 de noviembre del 2011, se incluyen también causas abiertas en el Tribunal de Cuentas por gastos de la Consejería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña.

Las enmiendas transaccionales pactadas entre PSOE, ERC y Junts establecen unos cambios también en lo tocante a la malversación, con el fin de garantizar que toda la que se produjo en el 'procés' quede incluida en la amnistía. Así, se añade que se olvidará este delito «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento». Se añade un nuevo apartado para dejarlo aún más claro: «No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a y b cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». En otras palabras, se incluye en la amnistía la malversación del 'procés' porque el dinero público desviado se utilizó para pagar el intento de secesión de Cataluña y no para un enriquecimiento personal de los responsables políticos.

En la exposición de motivos, que no tiene vinculación legal, pero también es modificada ampliamente vía enmienda transaccional, se llega a citar las recomendaciones de la Comisión de Venecia en lo relativo a la malversación, haciendo una distinción entre la que se dio en el 'procés', amnistiable, y otros actos que sí podrían ser catalogados de «corrupción» y «a los que no es aplicable tal medida».