Las relaciones en la derecha: el complejo equilibrio entre necesidad y disputa

La situación es comparable a la que vivieron hace años el PSOE y Podemos, cuando los dos partidos se necesitaban para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, pero se disputaban un electorado común. Para el PP, afrontar el trato a Vox no es fácil, y desde que los de Santiago Abascal irrumpieron en el panorama nacional, en Génova ha supuesto un quebradero de cabeza. Vox no deja de ser una escisión de los populares, pero sus posiciones, mucho más escoradas a la derecha en cuestiones como la inmigración o la violencia de género, generan incomodidad en su partido 'de origen'.

Ya con Pablo Casado se visibilizaron las contradicciones que rápido empezó a exhibir el PP hacia Vox. El expresidente de los populares pasó de asumir la posible presencia de ministros de la formación derechista en su hipotético gobierno, que nunca se materializó, a referirse a ella como «extrema derecha» tras las elecciones del 28 de abril del 2019, en las que el PP, con 66 escaños, estuvo cerca de ser superado por los 57 de Ciudadanos.

Después, Casado protagonizó varios vaivenes hasta romper definitivamente con Vox en la primera moción de censura contra Pedro Sánchez, encabezada por Abascal, a quien su otrora amigo popular espetó que no quería ser como él. «Hasta aquí hemos llegado», zanjó, en un antes y un después. Ha pasado mucho de aquello, pero la realidad terminó imponiéndose y, por más que el PP haya repetido hasta la saciedad su voluntad de gobernar en solitario, las coaliciones se propagan.

La primera se concretó en Castilla y León, ya con Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido, pero desde Génova se asumió como una excepción heredada de Casado. Alfonso Fernández Mañueco se lanzó a un adelanto electoral que le permitiese absorber a Ciudadanos como había hecho en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. No obstante, allí la estrategia no funcionó y Fernández Mañueco se vio obligado, simplemente, a cambiar a liberales por derechistas como socios.

El verdadero mapa de las alianzas entre el PP y Vox se empezó a construir tras las elecciones autonómicas del 28M. En seis comunidades, Aragón, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares, los votos de Vox podían ser decisivos para la investidura de candidatos populares. Y de fondo, en el horizonte, se asomaban los comicios generales, en los que Núñez Feijóo aspiraba a una «mayoría suficiente» que le permitiese un Consejo de Ministros monocolor.

En Cantabria, el PP se decantó por un pacto con el PRC para dejar fuera de la ecuación a Vox. El primer gobierno de coalición entre ambos que nació tras el 28M fue el de la Comunidad Valenciana, donde Génova había situado como línea roja la presencia en el Ejecutivo autonómico de Carlos Flores, candidato de Vox condenado a principios de siglo por violencia psíquica hacia su exmujer, que fue enviado al Congreso para facilitar el pacto.

Después se resolvió la situación en Extremadura, donde María Guardiola (PP) había causado malestar por prometer que nunca iba a gobernar con Vox con críticas muy duras. Tras una fuerte presión interna y externa, cedió, presentó la bandera blanca y dijo que su palabra no era tan importante como los extremeños. Otro gobierno. En Baleares ambos pactaron un acuerdo de investidura y en Aragón una coalición, aunque ya después del 23J. En la Región de Murcia, no obstante, siguen perdidos en un laberinto que amenaza con volver a las urnas.