La reforma secreta del Estatuto vasco pretende sortear la acción de la Justicia

Justificándolo en la intención de llegar a un acuerdo amplio, dado el peso que adquirió EH Bildu tras los comicios del 21 de abril, el partido de Arnaldo Otegi se incorporó a las negociaciones. Desde entonces, pese a reconocer que los contactos se suceden, nadie explica en público su alcance, con diferentes posturas sobre los avances. Mientras el PNV, cuya dirección ha cambiado de caras en medio del proceso, rebaja las expectativas y apunta al medio plazo, Bildu presiona y hace ver que la cosa va más rápida de lo que podría parecer. Nadie concreta los tiempos y cuando se pregunta a las partes, la respuesta es la misma: discreción. La intención es llegar a un punto de partida común, antes de tramitar un texto en sede parlamentaria, para que el proyecto no quede en nada como ocurrió con el último intento de reforma iniciado en 2016.

En base a lo expuesto sobre el papel, el acuerdo entre el PNV y el PSE establecía tres temas a tratar en el diálogo emprendido por las formaciones: «El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad». Respecto al primero de los asuntos, presumiblemente, sólo se prevé un cambio en el articulado de corte simbólico. El actual texto, aprobado en 1979, ya afirma que «el Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma dentro del Estado español». Así, si bien Bildu y el PNV han impulsado mociones en las tres diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa instando a incluir el denominado como «derecho a decidir» en el nuevo Estatuto, el PSE, liderado por Eneko Andueza, ha fijado su posición en el rechazo a este eufemismo para hablar de la autodeterminación.

En cuanto a los otros dos puntos, se refieren al blindaje ante la Justicia de las competencias transferidas al País Vasco, en el caso de que se produzca un conflicto entre administraciones. El nacionalismo vasco defiende que el margen de autogobierno adquirido se habría ido laminando con el tiempo mediante sentencias judiciales. Por ejemplo, con el caso en la reciente legislatura del traspaso de la homologación de títulos expedidos en el extranjero.

Una transferencia efectuada mediante real decreto que el Tribunal Supremo anuló, al tratarse de una competencia de ámbito estatal, después de lo cual el Gobierno vasco ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

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Y es que, con la vía unilateral apartada tras las consecuencias del 'procés' en Cataluña, la cuestión competencial ocupa gran parte del discurso nacionalista en su oposición al Estado (usado como referencia a España, pues tratan de evitar el nombre del país en todas sus intervenciones). En esa línea se enmarcan, por ejemplo, las palabras del lendakari, Imanol Pradales, durante el último Aberri Eguna (día de la patria vasca) en contra del centralismo, calificando como «jacobino» al Estado español.

Es en este punto, la búsqueda de un mecanismo para asegurar los traspasos, donde las posiciones del PSE y el PNV parecen más cercanas. Ayer mismo ambos votaron juntos en el Parlamento vasco (también con Bildu y Sumar) para defender el traspaso de las homologaciones de títulos extranjeros. «El fallo del Supremo evidencia que tenemos un autogobierno mutilado, menospreciado, que sigue aún sin todas las competencias y que con cada transferencia está continuamente en riesgo de sufrir una nueva agresión», exponía retóricamente la diputada autonómica de Bildu Oihana Etxebarrieta en Vitoria.

Además, tal y como informó este diario a principios del mes de abril, el Gobierno central ya estaría trabajando en alguna solución para sortear la sentencia del Alto Tribunal. Sin embargo, la posición de los socialistas sobre dichos conflictos no es la misma en todas las circunstancias, variando dependiendo de cuáles son los intereses del PSOE a nivel nacional. Este mismo jueves el Gobierno vasco rechazó, alegando una invasión competencial, el decreto presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el que buscaba limitar la creación de universidades privadas. Una decisión que el secretario general del PSE, Eneko Andueza, tachó de «unilateral» y sobre la que pedirá explicaciones.