Tensión entre los socios: el Gobierno vasco se opone al nuevo decreto de universidades de Sánchez contra la privada

Según un análisis realizado por ABC, varias universidades vascas se podrían ver afectadas por los nuevos 'vetos' que impondrá el Gobierno, como el mínimo de 4.500 alumnos en cinco años, la oferta de Grados, Másteres y Doctorados en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento, así como la exigencia de disponer de un 10% de plazas de alojamiento. En concreto, según las condiciones analizadas por este diario, la Mondragón Universitatea, en Guipúzcoa, o la de Euneiz, en Álava, no pasarían la 'criba' de calidad. Además, las universidades de nueva creación tendrán que someterse a un informe de calidad de la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) para poder abrir.

Ayer mismo, en la víspera de la Conferencia General de Política Universitaria, varias universidades privadas se volvieron a revolver al conocer que había una nueva actualización en el texto del real decreto, aún por aprobar. El Ministerio que dirige Diana Morant había dicho que aquellas universidades que ya tenían todo en regla para su apertura quedaban 'exentas' de este nuevo informe vinculante de la Aneca. Sin embargo, el Ministerio cambió ayer de opinión, pues estas diez universidades que ya habían iniciado sus trámites de apertura están ahora 'bloqueadas', pues deben aprobar el informe vinculante de la Aneca, que incorpora la nueva ley. Según ha podido saber ABC, fuentes del sector temen la «inseguridad jurídica» que pueda provocar este giro de timón.

Volviendo al hecho de que uno de los socios de Sánchez se oponga al decreto, el Ejecutivo vasco considera que la propuesta altera de forma sustancial el régimen jurídico universitario. En este sentido, aseguran que el proyecto plantea modificar buena parte del articulado vigente, sin que se haya concedido a las comunidades autónomas el preceptivo trámite de audiencia.

Entre los motivos del rechazo se señalan, en primer lugar, aspectos formales, como la tramitación del proyecto de reforma por la vía de urgencia sin justificar debidamente tal procedimiento en un asunto de gran calado. En segundo lugar, critica aspectos competenciales, ya que el proyecto invade atribuciones que corresponden a las comunidades autónomas, dado que contraviene el reparto constitucional de competencias y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y, finalmente, cuestiona la oportunidad del proyecto, por generar un entorno normativo restrictivo que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema, afectando de forma negativa a la diversidad y calidad del panorama universitario.

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En lo relativo al contenido del proyecto de reforma de Real Decreto, el Gobierno Vasco rechaza, entre otras, las siguientes modificaciones propuestas: atribuye al Estado las competencias relativas a las universidades on-line, lo que, dicen, «constituye una centralización contraria a las competencias autonómicas». Además, creen que convierte en vinculantes los informes de las agencias de calidad, lo que «hurta a los parlamentos autonómicos la capacidad legislativa en este ámbito». También señalan que «eleva de dos a tres los programas de doctorado que han de ofrecer las universidades, lo que dificulta la especialización de las mismas». El Gobierno también cuestiona el mínimo de 4.500 alumnos, argumentando que «algunas de las mejores universidades del mundo tienen números inferiores».

Por último, concluyen que limita –en contra de la LOSU— la facultad de recabar la solicitud de verificación de nuevas titulaciones oficiales o de su modificación sustancial, que las universidades quieran llevar a cabo. Por vía reglamentaria, se limita así de forma inconstitucional el ejercicio de un derecho fundamental.