La red del exjefe de UDEF llevaba bolsas con dinero a un abogado clave en el blanqueo

Según las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional, hasta su despacho, situado en Madrid, los miembros de la presunta organización criminal llevaban bolsas de dinero en efectivo procedente del narcotráfico. Se sospecha que él les ayudaba después a introducir las ingentes cantidades en el circuito legal. Y por ello está imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Pestaña es uno de los tres detenidos esta semana por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que pasaron a disposición judicial. El juez Francisco de Jorge acordó su ingreso en prisión si bien, en su caso, eludible bajo fianza de 20.000 euros. Y, tras reunir el dinero –según ha podido saber ABC– quedó en libertad provisional.

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La Fiscalía Antidroga valora ahora recurrir la decisión por riesgo de fuga, dada la gran capacidad económica del abogado. Mientras, otras fuentes inciden, además, en que Pestaña Sartorius, con sofisticados conocimientos fiscales y financieros, podría dificultar futuras operaciones, destruir pruebas o sacar dinero aún sin localizar fuera de España.

Los otros dos investigados que igualmente fueron enviados a prisión el pasado miércoles sí permanecen entre rejas. A ambos se les atribuye también un delito de blanqueo de capitales y trabajaban en el mismo lugar, Kunga, una empresa dedicada a la compraventa de criptomonedas instalada en Barcelona. Uno de ellos responde a las iniciales J.A.P. y se cree que, junto a su compañero, se encargaba de controlar las inversiones de la red de Sánchez Gil en moneda virtual.

En Kunga se presentaron agentes de Asuntos Internos el pasado lunes con orden del juez para volcar el contenido de sus ordenadores, sus cuentas de correo electrónico y sus dispositivos móviles, pues se pudo constatar que existía una comunicación constante entre ellos y miembros de la presunta organización para coordinar distintas operaciones sospechosas de blanqueo.

De Jorge también ordenó la incautación de monedas virtuales y cualquier otro criptoactivo que se hallaran en los monederos virtuales vinculados al inspector jefe o cualquier otro colaborador. Se intervinieron, según las fuentes consultadas, unos 300.000 euros. Y por orden judicial, además, se procedió al bloqueo de hasta 300 cuentas de empresas vinculadas a la trama, esparcidas en media docena de países, que ahora se analizarán para determinar el alcance del presunto blanqueo. El rastreo no será fácil.

En esta segunda fase de la operación policial, Asuntos Internos detuvo también a otro individuo en Madrid y, la semana pasada, la Udyco arrestó a otros dos, éstos vinculados a Abadix Fruits, la empresa importadora de fruta que escondió en un contenedor, entre plátanos, 13 toneladas de cocaína (el mayor alijo intervenido en la historia del narcotráfico en España) y que fue interceptado en Algeciras a mediados de octubre. Los tres quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Policía.

La causa, que sigue bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, suma en total 17 personas en prisión provisional, entre los que se encuentran el inspector jefe Óscar Sánchez, su mujer, igualmente policía y destinada en la Comisaría de Alcalá de Henares, y su cuñada, que acumulaba en su domicilio decenas de licencias de VTC también para blanquear sus ganancias a través de testaferros. La Policía llegó a intervenir más de 80 coches de la flota.

Los investigadores calculan que entre el dinero hallado en efectivo en sus dos viviendas y su despacho de la Jefatura de Madrid, las propiedades y las inversiones en criptomonedas el patrimonio acumulado por el exjefe de la UDEF de Madrid Óscar Sánchez Gil ascendería sin dificultad a los 40 millones. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por ABC elevan esta cifra hasta los casi 60 millones de euros. Dan por cierta la información que se maneja desde antes incluso de detener al expolicía y el resto de la organización basada en las intervenciones telefónicas y seguimientos según la cual Sánchez Gil tiene otra propiedad inmobiliaria en la Comunidad de Madrid, que no está a su nombre, y que habría destinado a vivienda de seguridad para guardar más dinero en efectivo.

La información sobre esa vivienda, adelantada por 'El Confidencial', cifra en 27 millones los que aún no habrían aflorado. Según este medio, la Policía propuso a Sánchez Gil dejar en libertad a su mujer –se habría ofrecido a mediar ante Fiscalía Antidroga y el juez–, a cambio de que les ayudara a localizar esa casa.

No obstante, las fuentes consultadas por ABC niegan tal pacto. «Su mujer pasa de él. Está con su hermana en la cárcel de Ávila y no parece que quiera saber mucho de su marido», señalan. Otras fuentes sospechan que ese aparente distanciamiento entre la pareja (ella también es policía) obedece a una táctica de defensa.

En cualquier caso, el análisis de los dispositivos electrónicos incautados hace ya un mes, cuando estalló la operación Augur, será determinante, además de para seguir el rastro del dinero, para concretar el papel de cada uno dentro de la organización. Quizá también para cuantificar las operaciones contra el narcotráfico que Gil Sánchez logró frustrar; o el número de contenedores que, se sospecha, dejó pasar con cocaína en su interior, a través del método del gancho ciego.

Para ello –explican las fuentes consultadas–, el policía decía tener un confidente, Ignacio T. (realmente era su socio) que le alertaba cuando llegaba a puertos españoles un contenedor con cocaína. La trampa estaba en que sólo dejaban a la vista una mochila con una cantidad pequeña de droga, de entre 10 o 20 kilos. De esta manera, una vez detectada e intervenida la sustancia, el contenedor no volvía a someterse a ningún otro control, no pasaba por el escáner ni ningún otro filtro de Vigilancia Aduanera o Guardia Civil. Cuando en su interior, en el fondo, oculta, había mucha más cocaína.