Rebajan la pena cinco años al violador de una mujer con parálisis cerebral

El fallo del Supremo 656/2023 recoge unos hechos probados que afectan a una mujer de especial vulnerabilidad, pues padece una parálisis cerebral que le supone una minusvalía del 88%.

La sentencia refleja que la mujer se encontró con su agresor en una parada de autobús de una localidad del noroeste de Madrid. Inicialmente ambos se besaron y él le propuso llevarla a su casa, a lo que la chica se opuso. Sí accedió a ir a «un lugar que el procesado conocía». La llevó bajo un puente «la echó sobre un tubo de grandes dimensiones existente en el túnel, y contra su voluntad, le bajó los pantalones y los pañales que ella llevaba en ese momento, y le introdujo el pene en el ano, a pesar de que mientras lo hacía Sofía (nombre ficticio) se oponía a ello y le decía que no quería hacer eso, al tiempo que intentaba subirse los pantalones para evitar que el acusado continuase penetrándola, lo que no logró».

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Finalmente, la acompañó hasta su casa «diciéndole que lo que había pasado era un secreto». La tetraparesia de la víctima, «que limita su capacidad de movimiento de manera muy notable (…), era conocida por el acusado y se aprovechó de la misma para facilitar sus propósitos», según probó la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia de marzo de 2011 que adquirió firmeza.

Tras la entrada en vigor de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el tribunal solicitó de oficio la revisión de la sentencia para la reducción de las penas. El violador había sido condenado por los hechos más graves, agresión sexual con penetración a una víctima especialmente vulnerable, que estaban penados con entre 12 y 15 años de prisión. Como su sentencia fue a 12 años y ahora el arco penal de la 'ley Montero' va en la agresión sexual de 7 a 15 años, el reo tiene derecho a que se le imponga la pena mínima, lo que le ahorra cinco años de cárcel.

La Fiscalía recurrió al Supremo para oponerse, pero este tribunal ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial.

En otra sentencia del pasado 21 de septiembre el Tribunal Supremo rebaja la pena de un violador de 8 años de cárcel a 6 y 8 meses.

Se trata de un hombre que llamó por teléfono a un club de la isla de Mallorca para contactar con una mujer con la que en el pasado había mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en un hostal. En esta ocasión la citó en su domicilio. Cuando la mujer llegó, el acusado la llevó a un trastero ubicado en el garaje de la finca, cerró la puerta por dentro y le puso un cuchillo en la garganta: «Cállate y haz lo que yo te diga que acabo de salir de la cárcel», le espetó mientras ella suplicaba que la dejara marchar.

El violador obligó a la mujer a que se arrodillara y le hiciera una felación. Seguido la penetró sin preservativo y la forzó a practicarle una segunda felación, tras la que volvió a violarla vaginalmente. Cuando el agresor abrió la puerta del trastero la víctima, atemorizada, «aprovechó para escapar escondiéndose debajo de un coche aproximadamente durante dos horas» hasta que una vecina abrió la puerta del garaje y pudo escapar.

De vuelta a Madrid otro agresor sexual ha obtenido exactamente el mismo beneficio, de 8 años de cárcel a 6 y 8 meses. Los hechos sucedieron en un bar de copas en 2013, cuando una mujer accedió al baño. El violador la siguió, la agarró del cuello y le dijo: «No digas nada o te estrangulo, no me mires o te estrangulo», según reflejan los hechos probados.

La obligó a sentarse en el inodoro y a hacerle una felación. No conforme con eso, «el procesado la colocó contra la pared y la intentó penetrar vaginalmente». La víctima sufrió distintas lesiones, como «erosiones en la fosa clavicular izquierda, excoriación en el codo derecho, (...) que precisaron de una asistencia facultativa y de veinte días para obtener la sanidad».

Tras la entrada en vigor de la ley impulsada por Irene Montero, la Audiencia Provincial de Madrid tuvo que revisar la causa y rebajar la sentencia, decisión que el Tribunal Supremo acaba de confirmar.

También en la Comunidad de Madrid se ha visto beneficiado un doble agresor sexual. Se trata de un condenado por violar a su expareja en 2008 y 2009 tras allanar su domicilio.

La primera agresión sexual la consumó tras acceder a casa de la mujer «sin su consentimiento y aprovechando que conservaba una copia de la llave del domicilio». La sentencia de primera instancia narra cómo el violador le quitó la ropa «la empujó sobre la cama y la penetró vaginalmente, eyaculando en su interior, resultando como consecuencia de este hecho embarazada, habiendo decidido interrumpir el embarazo la denunciante».

La segunda agresión ocurrió en febrero de 2009, cuando el violador accedió a la residencia de la víctima a través de la ventana del salón, que estaba abierta. Fue a la habitación de la mujer, quien le pidió que se marchara, «haciendo el procesado caso omiso a su requerimiento, y sin su consentimiento comenzó a quitarle la ropa». La mujer intentó huir, pero el agresor se lo impidió. La arrojó sobra la cama, la agarró «fuertemente por las muñecas, la penetró vaginalmente, sin preservativo, eyaculando en su interior». El calvario se prolongó durante una hora y media, hasta que el violador fue al baño y la víctima pudo escapar.

Al margen de los delitos de allanamiento y detención ilegal, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a dos delitos de agresión sexual de 6 años cada uno. Tras la ley del 'sólo sí es sí', la Audiencia procedió a revisar de oficio la sentencia y rebajó las dos agresiones sexuales a cuatro años cada una. La Fiscalía recurrió y el Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia, por lo que este violador se ha ahorrado un total de cuatro años de cárcel.

Por último, la quinta sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 21 de septiembre confirma la rebaja de una condena de 9 años de cárcel a 7.

Se trata de un hombre que entró en la casa que compartía con su esposa y sus dos hijos en una localidad de Huelva. Pidió a la mujer que mantuviera relaciones sexuales con él. Ella se opuso y el agresor decidió hacerlo por la fuerza, según los hechos probado: «La mujer se negó pero él la agarró y tiró sobre la cama y, pese a la oposición que mostraba, le separó bruscamente las piernas e introdujo sus dedos en la vagina, causándole abrasión puntiforme con signos inflamatorios».

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Además, «en fecha no precisada, entre los días veintiuno y veintitrés del dos mil siete, también en la vivienda familiar, se produjo un incidente entre ambos cónyuges» cuando la esposa se negó a mantener sexo. El agresor, «para vencer la resistencia de la mujer, le abrió bruscamente los muslos, causándole heridas abrasivas superficiales y paralelas en la cara interna del muslo izquierdo».

La Audiencia Provincial de Huelva lo condenó en mayo de 2011 por delito consumado de agresión sexual agravado por penetración a 9 años de prisión; por un delito intentado de agresión sexual –el cometido posteriormente– a nueve meses de prisión y dos delitos de lesiones con el agravante de parentesco, a un año de prisión por cada uno de ellos.

En este caso la Audiencia de Huelva rechazó la rebaja, pero el Tribunal Supremo la ha concedido para el delito más grave, la violación, que pasa de 9 a 7 años.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el pasado 1 de septiembre un total de 1.205 agresores habían visto reducidas sus penas por los efectos del proyecto estrella del Ministerio de Igualdad, de los que 121 lograron la excarcelación.

Así lo reflejan los datos sobre los perniciosos efectos de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual recabados por el CGPJ en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Estas resoluciones han supuesto al menos 121 excarcelaciones.

Las cinco nuevas sentencias que desvela hoy ABC engrosarán en los próximos días las estadísticas periódicas del Consejo General del Poder Judicial que, no obstante, no incluyen las revisiones de pena que puedan haber tramitado los juzgados de lo Penal, que son los competentes «para enjuiciar delitos contra la libertad sexual penados con hasta cinco años de prisión, ante la dificultad de recabar esta información de los órganos unipersonales». Es decir, que puede haber muchos más abusadores beneficiados por la ley del 'sólo sí es sí', aquellos que se enfrentaban a penas menores y, por lo tanto, no fueron juzgados en las audiencias provinciales sino en los correspondientes juzgados de lo Penal.