La rebaja de pena mínima obliga a los jueces a favorecer al reo

La norma impulsada por la ministra Irene Montero bajó dos años las penas mínimas de cada tipo delictivo para evitar un problema de proporcionalidad al eliminar el delito de abuso y convertir todo acto sexual no consentido en agresión. La Sala de lo Penal se refiere a su propia doctrina, establecida en un fallo de junio de este año sobre una violación múltiple, para explicar el motivo de las rebajas. La clave es el principio de retroactividad de la ley más favorable para el reo, recogido en el artículo 2.2 del Código Penal. Según éste, si hay un cambio legal que favorece al condenado, como es el caso de las rebajas de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, éste debe aplicársele. Unido a éste también está el principio constitucional de irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales, al que las defensas de los recurrentes apelan

«Naturalmente, la superación de ese límite mínimo sí podría aparecer justificada en atención a la intensidad de la violencia que se desplegó en el caso concreto, como también resultaba posible en la legislación anterior -se lee en los fundamentos de derecho de la sentencia sobre el hombre que violó a su esposa en el domicilio familiar-. Sin embargo, el juicio de individualización ya resultó efectuado en la sentencia firme dictada en el presente procedimiento, sin que resulte dable ahora (...) efectuar una nueva valoración al respecto a partir, no de ninguna modificación relativa a la gravedad del hecho o de las circunstancias del culpable, sino como exclusiva consecuencia de la más favorable regulación legal de dichas conductas», explican los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Javier Hernández y Leopoldo Puente, en la sentencia con ponencia de este último.

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L. García López

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En noviembre de 2022, el fiscal general Álvaro García emitió un decreto (y posteriormente una circular) en la que dirigió «concretas pautas» a la carrera fiscal para posicionarse en los recursos sobre revisión de sentencias en aplicación de la ley del sí es sí. Por un lado, recomendó que en los casos en los que haya reducción de la pena se pida aplicar a los condenados la pena de libertad vigilada e inhabilitación especial para trabajos con menores de edad, algo que el Supremo ha estimado en las últimas sentencias dictadas el pasado 21 de septiembre que ahora desvela ABC.

Por otro lado, el Ministerio Público intentó evitar rebajas pidiendo a los tribunales que tuviera en cuenta la disposición transitoria quinta del Código Penal, que establece que «en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código».

En la sentencia de junio de 2023 con la que estableció doctrina, el Tribunal Supremo descartó la aplicación de dicha circular e insiste en que «ha de partirse, como regla, del principio de que las leyes penales favorables tendrán efecto retroactivo, sin perjuicio de que, al entrar aquéllas en vigor, hubiera ya recaído sentencia firme y el sujeto estuviere cumpliendo condena».

Habrá quien se pregunte cómo es posible que continúe el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales a pesar de que el PSOE impulsó una nueva reforma del Código Penal para anular los efectos de la ley del 'sí es sí'. Una ley que, en su momento, fue respaldada por todo el Gobierno, tanto por los ministros del PSOE como por los de Podemos.

La contrarreforma de la norma permitió volver a las horquillas anteriores a la ley Montero elevando las penas de cada uno de los tipos delictivos si hay violencia o intimidación. Sin embargo, el Código Penal resultante de esta última reforma sólo es aplicable a los delitos que se cometan a partir de su entrada en vigor. Es decir, a partir de abril de 2023.

Todos los hechos cometidos antes de esa fecha son susceptibles de ser juzgados, sentenciados y revisados con el marco de los beneficios de la ley del 'sí es sí'. Por eso, durante años continuarán emitiéndose sentencias que impliquen rebajas o excarcelaciones de condenados.